Sólo dos casos de agresiones a profesores en la Comunidad se han considerado atentado a la autoridad pública

MADRID, 25 (EUROPA PRESS) El sindicato ANPE Madrid anunció hoy a través de sus asesores jurídicos que, de momento, de los casos que llevan ellos sobre agresiones a docentes en la Comunidad de Madrid, sólo dos se han considerado 'atentado a la autoridad pública', y por lo tanto, los agresores podrían enfrentarse a penas de entre los 2 y los 4 años de cárcel. Las agresiones e insultos a los profesores aumentan curso tras curso, por lo que este sindicato reclama que la Consejería de Educación acepte e introduzca en la normativa autonómica la consideración de 'autoridad pública' al docente, ya que hasta ahora, sólo tienen esta condición los inspectores de Educación, y porque lo establece la Ley Orgánica de Educación (LOE). De momento, según explicó uno de sus asesores, Enrique Álvarez, por la vía jurisprudencial han conseguido el apoyo del Fiscal General del Estado, que el pasado noviembre instó a todas las fiscalías territoriales a considerar como atentado a la autoridad pública todas las agresiones, empleo de fuerza, intimidaciones o resistencia grave en la que la víctima sea funcionario docente. De momento, en Madrid han conseguido de cinco casos que lleva el sindicato desde que salió esta orden que dos de los procedimientos en marcha se "reconviertan" y pasen de ser casos de juicios por falta a juicios por "delito a la autoridad pública". En concreto, se trata de un caso en Colmenar Viejo, donde se está juzgando a un padre por insultos e injurias a un profesor, y otro en Leganés, donde se está juzgando a otro familiar por agresión al director de un centro. Ambos casos están pendientes de sentencia pero podrían acabar con penas de prisión a diferencia de otros juicios, en los que tratándose también de agresiones e insultos, el castigo final ha sido el pago de 180 euros. "En ambos casos se ha hecho valer la orden del Fiscal", subrayó el asesor, quien señaló que se está trabajando con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para alcanzar un convenio con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), similar al que tienen los médicos a través de su Colegio Oficial para que se agilicen los trámites con las agresiones, y cuando los profesores denuncien en la Administración, el Fiscal lo sepa inmediatamente.