El criterio establecido para la firma ha sido el mismo que ya se utilizó el pasado mes de marzo para firmar las tablas salariales de 2016, trasladando a los salarios lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como históricamente ha sido en la Enseñanza Concertada, según informa Fesp-UGT.
Las tablas salariales para el año 2017 serán operativas en aquellas comunidades autónomas que ya están abonando los conceptos salariales estatales en base al módulo de los PGE. Los territorios afectados por este primer punto son Andalucía, Islas Baleares, Extremadura, La Rioja, Ceuta y Melilla.
Además, según precisa el sindicato, este acuerdo debe facilitar igualmente que el resto de CCAA que, como consecuencia de los recortes, han mantenido sus salarios de manera diferente a lo establecido en los PGE, "puedan confluir lo antes posible" en las tablas salariales vinculadas a los mismos.
Por otro lado, los sindicatos firmantes (FeSP-UGT, FSIE y USO) han reivindicado en la comisión negociadora la inclusión de los logopedas dentro del Grupo 1, como personal docente; la "urgente" inclusión de los ingenieros técnicos que actualmente no perciben el complemento de licenciados cuando imparten docencia en 1º y 2º de ESO, y que se subsanen las diferencias en el complemento de residencia e insularidad de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla entre 1º y 2º de ESO y entre 3º y 4º de ESO.
El secretario general de Escuelas Católicas --una de las patronales firmantes--, José María Alvira, ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado este jueves para que se actualicen los salarios este año.
"Gracias a esta firma las empresas podrán abonar los salarios y los trabajadores recibir sus retribuciones actualizadas dentro del año en curso. Para Escuelas Católicas era fundamental que se llegara a un acuerdo en materia salarial sin mucha dilación por lo que valora muy positivamente la voluntad de todas las partes", ha subrayado Alvira.
Además, ha añadido que la firma de las tablas salariales para 2017 supone "un nuevo paso en la consolidación" del VI Convenio Colectivo de la Enseñanza Concertada, que se firmó en 2013 y cuya vigencia se prologa hasta 2019. Representa, además, a su juicio, "una garantía para la estabilidad del sector y para el buen clima laboral de los centros".
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