CC.OO y STEG piden un mayor compromiso de la Administración educativa para garantizar la seguridad y salud en el trabajo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

La Federación de Ensino de CC.OO.-Galicia y el Sindicato de Traballadores do Ensino de Galicia (STEG) reclamaron hoy a la Administración educativa gallega un mayor compromiso para garantizar la seguridad laboral de los profesionales de este sector.

En un comunicado de prensa, CC.OO. denunció la "falta de compromiso de la Consellería de Educación que, después de 14 años, sigue sin abordar la problemática en materia de seguridad laboral" de los trabajadores que ejercen sus funciones en los centros educativos.

Así, reveló que ha habido una "nula inversión" en la adecuación de los centros de trabajo y existe un "mal funcionamiento de los comités provinciales y del intercentros de seguridad y salud laboral", debido a "la falta de recursos humanos y económicos", fundamentalmente.

La ausencia de protocolos específicos de vigilancia de salud laboral, la "lentitud" con la que se realizan las evaluaciones en los centros educativos o la "carencia" de un catálogo de enfermedades profesionales derivadas del ejercicio de la función docente son otras de las problemáticas que detectó CC.OO.

MENOS PRECARIEDAD, MÁS SALUD

Por su parte, STEG realizó un manifiesto bajo el lema 'Menos Precariedade. Máis Saúde', en el que expresó que "las personas que trabajan no pueden pagar los efectos de la precariedad creciente que se está produciendo con motivo de la crisis económica".

Así, este sindicato reclamó que se asegure "la calidad del empleo y la seguridad laboral para las personas que trabajan", de forma que exigió el cumplimiento de la ley de seguridad en el trabajo y un "aumento de los niveles de control de la inspección en la administración y en las empresas".

También pide establecer políticas de empleo estables y salarios dignos, evaluar y prevenir los riesgos, adoptar medidas que se opongan a la flexibilización laboral y a la desregularización laboral, potenciar la revisión de las condiciones laborales, seguir la evolución de las enfermedades profesionales, establecer programas específicos para la protección de los colectivos en riesgo de un trabajo precario y fijar colaboraciones entre la administración laboral y la sanitaria, entre otras demandas.