Principado, UGT y Usipa acuerdan reducir la muestra y la extensión de los cuestionarios del Plan de Evaluación Docente

Migoya condiciona crear la mesa sectorial de enseñanza a que los sindicatos de la general lo aprueben el lunes por unanimidad

OVIEDO, 24 (EUROPA PRESS)

El Gobierno autonómico llegó hoy a un acuerdo de enseñanza con UGT y Usipa, para reducir la extensión y la muestra de los cuestionarios del plan de evaluación docente, uno de los motivos por el que Suatea, CC.OO, ANPE y CSI-CSIF mantienen convocada una huelga para el próximo 28 de abril, en protesta por los inconvenientes de compaginar este trabajo con su labor de enseñanza.

Fue el compromiso que la portavoz del Gobierno y consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, expresó hoy en rueda de prensa convocada para anunciar el acuerdo. Junto con ella, comparecieron el consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, además de Luis Ángel Ardura (responsable de la Federación de Administraciones Públicas de UGT), José Luis González Rodríguez (representante de Usipa) y Daniel Rodríguez, (responsable de la Federación de Enseñanza de UGT).

El pacto se alcanzó con estas centrales en una comisión técnica formada a tal efecto dentro de la Mesa General, y en la que Comisiones Obreras no ha querido participar por desacuerdos con el Ejecutivo.

El principal punto del pacto es la reducción del plan de evaluación. El consejero aclaró que el proceso "no se retira", como piden los sindicatos, pero sí se reduce, tanto la muestra de profesores a incluir como el número de preguntas de los cuestionarios.

En primer lugar, ya no será necesario encuestar al 50% de la plantilla, sino que "bastará con una muestra representativa", explicó el consejero. Actualmente, han sido sometidos al proceso 377 docentes. El Principado todavía no ha calcula si con esta cifra se dará por satisfecho, o si ampliará la población entrevistada.

En segundo lugar, se eliminarán partes de los cuestionarios, dentro de los apartados referentes a la competencia en tareas y la capacidad de organización. "Se trata de una reducción y una clarificación muy importante de los cuestionarios, que serán más objetivos, más simples y más adaptados al trabajo docente del aula", matizó Riopedre.

MESA SECTORIAL

Por otra parte, la creación de la mesa sectorial de educación, la otra demanda de los cuatro sindicatos convocantes de la huelga, dependerá de que las organizaciones sindicales representadas en la Mesa General de la Función Pública (UGT, CC.OO, Usipa y Cemsatse) apoyen esta propuesta por unanimidad, situación que hasta el momento no se ha dado por la postura contraria de UGT y la abstención de Comisiones.

El próximo lunes tendrá lugar la reunión de dicho foro, en cuyo primer punto del orden del día, a petición de Usipa, se incluirá la creación de mesas sectoriales de Justicia, Sanidad y Administraciones Públicas, además de la de Educación.

Preguntada por los periodistas, Migoya fue clara: "el Gobierno apoyará la mesa sectorial si hay unanimidad sindical, si todos los sindicatos van en una dirección, porque no se va apoyar la constitución de algo en lo que no hay acuerdo".

Sin embargo, al término de la rueda de prensa, Luis Ángel Ardura ya señaló que UGT "no cree que en la mesa general se usurpe ninguna negociación de temas particulares ni se cercene ningún derecho sindical".

Además, el representante de Usipa recordó que en la última sesión en la que se votó este asunto, Comisiones Obreras se abstuvo. "El próximo lunes seremos los cuatro sindicatos los que decidamos si va haber o no va haber sectoriales", explicó.

Su previsión es que su sindicato y USAE voten a favor y UGT en contra, por lo que "todo dependerá de Comisiones Obreras", añadió. El representante de enseñanza de esta organización aseguró esta semana que la dirección de la misma no pondrá objeciones en la general. No obstante, la consejera incidió hoy en que el Ejecutivo exigirá "unanimidad".

En la Mesa General de la Función Pública están representados los sindicatos y la Administración al 50 por ciento.

CARRERA PROFESIONAL

Por otra parte, el Gobierno acordó abrir de nuevo el plazo para la adhesión de funcionarios al primer tramo de la carrera profesional, para aquellos trabajadores que cuando en su día se inició la inscripción (2007) no lo hicieron.

La consejera recordó que en aquel momento hubo una parte de la plantilla funcionaria (docentes en su mayoría) que no firmaron su adhesión "por diferentes motivos". En unos casos no reunían los cinco años de experiencia necesaria, y en otros siguieron el llamamiento de tres sindicatos (Suatea, CC.OO y CSI-CSIF) de no firmar por supuesta falta de claridad en el modelo de carrera profesional, quedándose fuera del cobro de los complementos fijados.

Además, el Gobierno se ha comprometido a buscar una fórmula que dé "seguridad jurídica", según Migoya, a la creación de la carrera profesional en Asturias, en aplicación de la Ley de la Función Pública. Es otra de las grandes demandas de sindicatos de la Administración, dado que denuncian que la carrera profesional, especialmente la de enseñanza, se está desarrollando actualmente sin sustento normativo.

Migoya se mostró satisfecha con el acuerdo alcanzando hoy. "Demuestra que hay un Gobierno que escucha, que negocia y que es flexible, cayendo por tierra los argumentos de que no queremos negociar", explicó. Reconoció además que se han admitido propuestas que "mejoran el procedimiento de la evaluación y consiguen que éste encaje con la tarea profesional docente".

Por su parte, los sindicatos agradecieron el "esfuerzo" del gobierno por llegar a estos acuerdos y destacaron la importancia de los tres puntos: la reducción de la evaluación, la apertura del plazo de la carrera profesional, y el desarrollo normativo de la misma.