Arellano insta al Estado a reflexionar sobre la pertinencia de extender la bonificación de matrícula

El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha manifestado que, a su juicio, el Gobierno central debe "reflexionar" sobre la conveniencia de impulsar y, en última instancia, extender la medida anunciada por el Ejecutivo regional en el ámbito universitario, según la cual los estudiantes de Grado y Máster podrán verse beneficiados de una bonificación de créditos aprobados en primera matrícula y que para el alumno que pase todas las asignaturas podría suponer un bonus de hasta el 99 por ciento de sus estudios.

En el marco de un desayuno informativo de Europa Press y la Fundación Cajasol, en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades, Ramírez de Arellano ha señalado al respecto que la iniciativa ha sido objeto de una "profunda reflexión" en el seno de la administración regional, que ha querido con ello dar continuidad a una línea de trabajo por parte del Gobierno andaluz en los últimos años.

En el resto de países de Europa, sostiene, hay medidas similares que no están ligadas a una administración en sí, pues se trata de naciones con gobiernos "de amplio espectro ideológico". "Es una cuestión de corregir un modelo que de manera improvisada y desafortunada se intentó implementar", ha señalado.

De esta manera, tras darse traslado a los rectores andaluces el pasado mes de febrero de que se estudiaban las consecuencias legales y económicas de la iniciativa, la misma cuenta con una argumentación consolidada y un análisis "fino" que ha motivado, "de inmediato", el interés de otras comunidades autónomas, mientras que el Gobierno ha expresado que no se opone a una actuación que entra en el ámbito de las competencias autonómicas.

Partiendo de la pretensión de considerar la educación superior como un derecho básico equiparable a la básica o a la sanidad, Ramírez de Arellano ha recordado al respecto que el acceso a la misma no puede estar ligado ni condicionado a la renta de las familias, aludiendo a la "confusión" del carácter progresivo que deben tener los ingresos con los servicios públicos y la idea de vincularlos a políticas fiscales inversas, algo que ha tachado de "aberración".

"No es justo convertirlo en un impuesto, ni tampoco aplicar el concepto de renta a jóvenes que están estudiando; aunque pueden tener perspectivas de patrimonio familiar, es injusto decir que tienen el futuro garantizado por sus padres", ha criticado el titular autonómico de Economía y Conocimiento, que apuesta por una iniciativa que supone "cerrar la cuestión y establecer que el futuro de los jóvenes depende de su esfuerzo y nuestro compromiso: el Gobierno de España no puede seguir mirando para otro lado".

Y es que, abunda, la estrategia de ligar cualquier copago en servicio público a la renta "no existe ni se aplica en nada", teniendo ya en cuenta que de 100 euros de coste del servicio público de educación superior, entre 75 y 85 euros los paga la Junta y de 25 a 15 las matrículas".

LA JUNTA PIDE UN "POTENTE" SISTEMA DE BECAS

Ramírez de Arellano también ha calificado de "ridículo" premiar con una matrícula gratuita el rendimiento académico excelente y ha optado por otros incentivos como estancias en verano en universidades internacionales, prácticas en empresas punteras o acciones de transferencia del conocimiento.

Esta medida se toma en un momento en el que las matrículas universitarias en Andalucía "siguen suponiendo un notable esfuerzo económico", de en torno al 7 por ciento de la renta per cápita --el segundo puesto más alto de España, cuarto país europeo con la matrícula más cara--, y después de que en el periodo 2012-2015 se impulsaran por parte del Estado una serie de medidas para las universidades "individuales, dañinas, desconectadas unas de otras" y en sentido contrario a lo que pedía la comunidad universitaria.

Frente a ello, la Junta promovió una serie de medidas para paliar los efectos de la crisis --bajo criterios académicos--, como situar el gasto de tasas en la horquilla más baja, contener el precio en el Grado, una bajada progresiva en el Máster, bonificar a colectivos como las víctimas de violencia de género o subvencionar el 70 por ciento del coste a los que aprueben en la convocatoria de diciembre.

Con dicha iniciativa, cuyo coste para las universidades la Junta calcula en unos 30 millones que serán compensados con transferencias adecuadas en un compromiso ya establecido formalmente con los rectores, Andalucía pretende acercarse a los precios simbólicos de los estudiantes en Francia, Alemania, Austria, Suecia o Finlandia, si bien aquí es competencia del Gobierno de España.

A todo ello se suma la pretensión de la administración andaluza de un "potente" sistema de becas para complementar las ayudas a estudiantes con menos recursos. En definitiva, la Junta pide incorporar las enseñanzas universitarias a los derechos básicos "cuyo disfrute efectivo debe garantizarse".