En declaraciones a Europa Press, el director técnico de CNAE, Juan Carlos Álvarez, ha asegurado que la conversación filtrada a los medios de comunicación entre el presidente de la entidad José Miguel Báez, y la subdirectora de Formación Vial, Marta Carrera, --que ha sido cesada del cargo tras el escándalo--, se produjo 15 meses antes de que se publicasen los pliegos del concurso definitivo por lo que "no hay relación causa efecto".
En este sentido, explica que la conversación se produjo en julio de 2013, después de una asamblea en la que CNAE, al hilo de las dificultades que experimentaron sus centros para concurrir a una convocatoria similar en Cataluña, decidió solicitar información a sus autoescuelas y verificarla por una entidad externa a fin de saber con cuántos centros y en qué condiciones contaría cuando se convocase el concurso de la DGT a nivel nacional.
La convocatoria llegó en 2014 pero los pliegos de condiciones fueron impugnados y anulados en el mes de noviembre, así que la DGT volvió a convocar concurso en marzo de 2015. "Cierta negligencia técnica ha habido", indica Álvarez. Concurrieron 7 UTE, entre ellas la que integra CNAE, que lleva impartiendo estos cursos de recuperación de los puntos desde hace diez años por las sucesivas prórrogas en el concurso inicial que ganó en 2006.
Explica que CNAE perdió dos lotes de los cinco a concurso y en los dos casos, reclamó al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) y le dieron la razón. Pons Seguridad Vial y Fundación UNED perdieron así las concesiones que a priori, les había asignado la DGT. "Si tuviéramos un amaño no nos habríamos tenido que meter en ir a un tribunal", afirma Álvarez.
No comparten esta posición en la Plataforma de Afectados por este concurso ni en empresas como Pons Seguridad Vial, que ha reclamado la adjudicación en el Contencioso Administrativo. Piden a la DGT que expulse a la CNAE del concurso y asigne los lotes a las agrupaciones de empresas que más méritos reúnan.
El portavoz de la plataforma, José Luis Iniesta, afirma que el único beneficiario de que el problema se esté dilatando es la CNAE porque sigue impartiendo esos cursos en exclusiva. Álvarez matiza que el centro que Iniesta regenta en Hellín también los imparte porque está adscrito a la Confederación, pero la patronal decidió dejarle fuera en la última convocatoria por lo que al cierre del concurso, dejará de tener esa licencia.
En la actualidad, el concurso no se ha cerrado porque no se han firmado aún las adjudicaciones de esos dos lotes por los que CNAE recurrió, una situación que a según la patronal, también les perjudica. En febrero cumplieron 10 años de renovaciones del primer concurso así que ya no pueden aplicarse más prórrogas voluntarias, pero siguen prestando el servicio con autorización mensual de la DGT, que les impide así planificar cursos de un mes para otro.
"CNAE NO DECIDIÓ QUIÉN IBA A CANCÚN"
Además, incide en el importante perjuicio que las filtraciones sobre la patronal y de las informaciones que se han vertido sobre ellos desde entonces, como la financiación de un viaje a Cancún del marido de la directora general de la Dirección General de Tráfico.
Sobre este asunto, afirma que CNAE financió un proyecto de seguridad vial en la Universidad de Zaragoza y se ofreció a abonar el viaje y el alojamiento del ponente que fuese designado por el Instituto de Investigación para ir a defenderlo al congreso iberoamericano sobre el tema que se celebraría después en México.
"Trabajamos con unas doce universidades", destaca Álvarez, para incidir en que, en cualquier caso, "no fue CNAE quien decidió quién iba a ese congreso".
Recuerda de todos modos, que el concurso no implica transferencia de dinero público porque es cada usuario quien paga su curso de recuperación por puntos e insta a la DGT a resolver cuanto antes la situación y firmar las adjudicaciones atendiendo a las resoluciones al respecto del Tribunal de Asuntos Contractuales.
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