MADRID. EDUCACIÓN DARÁ DOS AÑOS A LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS PARA IMPLANTAR PLANES DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN

La nueva Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (Lemes) que prepara la Consejería de Educación prevé un período transitorio de dos años para que aquellas universidades privadas que no contemplen actividades de investigación, transferencia o innovación solucionen estas lagunas. El plazo de adaptación será de tres años para la inclusión de programas de doctorado (tercer ciclo) en aquellas que no ofrezcan estos estudios.
La nueva norma obligará a las entidades que prestan servicios universitarios, ya sean públicas o privadas, a ofrecer docencia, investigación, transferencia e innovación como “elementos imprescindibles para asegurar la calidad del servicio”.
Por tanto, estos serán requisitos para la creación de nuevas universidades, según apuntan desde la Consejería, por lo que aquellas instituciones ya existentes que no los cumplan, habrán de adaptarse.
No obstante, las mismas fuentes indicaron que un gran número de universidades privadas incorporan ya planes de investigación y transferencia, y que prácticamente todas ofrecen estudios de doctorado.
El departamento que dirige Rafael van Grieken trabaja en el borrador de la ley desde 2016, pero es en estos últimos meses cuando se han incorporado al texto la mayoría de las propuestas realizadas por distintos colectivos (especialmente, las de los rectores de las universidades públicas).
Aún debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno como proyecto de ley y remitirse a la Asamblea, donde la Consejería espera que se apruebe como ley definitiva para el curso 2018-2019.
Entre las novedades introducidas respecto al mes de marzo, figura esta mayor concreción de la definición de servicio público de calidad, que obliga a todas las universidades.
NUEVAS TITULACIONES
Del mismo modo, la nueva norma incide en la concepción de “sistema universitario madrileño”, con el objetivo de mejorar la coordinación entre centros y conseguir un funcionamiento “como un todo, que ayude al conjunto a dar un salto de calidad”.
Desde la Consejería pretenden que esta nueva forma de considerar el conjunto de universidades madrileñas ayude a regular el catálogo de titulaciones, “siempre dentro del respeto a la autonomía universitaria y a la ley nacional”.
Para ello, la ley introduce la necesidad de un informe del Consejo Universitario de Madrid previo a que las universidades inicien el trámite para la aprobación de nuevos títulos.
La novedad radica en que este informe no se apoya en criterios meramente técnicos, sobre los que sí se pronuncian el resto de órganos a los que llega el proyecto de nuevo título, sino que tendrá en cuenta consideraciones más generales como la existencia de estudios similares en universidades cercanas, el número total de alumnos, la pertinencia de los títulos, etc.
De este modo, aunque la propuesta obtenga el apoyo del resto de instituciones que han de valorar su calidad técnica, el Ejecutivo regional “tiene una herramienta más” para intentar oponerse.
El objetivo es evitar que existan tres títulos similares en otras tantas universidades con 15 alumnos cada uno, o que una universidad se dedique a ofertar un grado de 180 créditos que en realidad es igual al que ofrecen sus vecinas por 240. “Se trata de tener una herramienta más, en la que poder apoyarnos para intentar regular el sistema”.