Por ello, solicitan paralizar la tramitación de esta normativa para alcanzar un mayor consenso de la comunidad universitaria y emprender otro proceso de diálogo.
Así lo indican en un escrito el presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alcalá de Henares, Carlos de la Rubia, una representante de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid (Rocío Alfaro), la secretaria general de la Delegación de Estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid, Andrea Jiménez, la presidente de la Delegación Central de Estudiantes de la Universidad Complutense, Carmen Romero, el delegado de alumnos de la Universidad Politécnica, Santiago Pascual, y la vicepresidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos, Virginia Huidobro.
En dicho texto, los representantes de las universidades públicas madrileñas critican que la elaboración de este borrador se haya realizado, a su juicio, a "espaldas" del estudiantado y que sus aportaciones "no se han tenido en cuenta".
No obstante, entienden que el proyecto de ley tiene varios aspectos positivos como la implantación del distrito único universitario, algo que facilitará los procesos de admisión.
A su vez, el escrito contiene diversas críticas a esta propuesta de normativa como las referencias al sistema de financiación básica de los centros, al considerar que se genera "gran incertidumbre" respecto a los recursos que se destinarán a las universidades.
Además, subraya que la financiación variable supedita el cumplimiento de contratos programas que "define" la Comunidad de Madrid, lo que supone un "ataque indirecto" a la autonomía universitaria.
Por otro lado, entiende que se produce una "separación entre la docencia y la investigación" marcada por "creación de grupos de investigación de alto rendimiento" y la "racionalización" de la docencia y su oferta. Esto, en opinión de estos representantes de estudiantes, supone un "grave perjuicio" a la "calidad de la enseñanza".
También consideran que el Consejo de Universidades, tal y como está planteado en el proyecto, "no deja de ser un mero órgano consultivo sin apenas competencias". Además, echan en falta "la mención expresa a la dimensión social de los estudiantes".
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