El negocio, si alguna vez lo hubo, se desinfla. Los proyectos para explotar minas de uranio en España se paralizan uno tras otro. La Junta de Extremadura ha suspendido el permiso de exploración de la mina de uranio situada en la finca Cabra Alta, entre los términos de Zahínos y Villanueva del Fresno, en Badajoz. La mina, al aire libre, fue explotada durante el franquismo y la empresa Qbis Resources había solicitado licencia para analizar su potencial. La solicitud había provocado protestas en los municipios próximos a la mina. La decisión del Gobierno extremeño se suma al bloqueo del proyecto minero del grupo Berkeley en Salamanca, pendiente de informes en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que cuenta con la abierta oposición del Gobierno para su desarrollo.
La congelación de la minería del uranio coincide en el tiempo con los planes negociados por el Ejecutivo y las eléctricas para cerrar los siete reactores nucleares en operación entre 2025 y 2035. El apagón nuclear no tendría trascedencia si los proyectos mineros fueran rentables y permitieran extraer mineral sin costes excesivos. Pero no es ese el caso. Las fuentes consultadas en Enusa, la empresa pública que suministra el uranio enriquecido a las eléctricas propietarias de las centrales, explican que el combustible se adquiere en el exterior ante la falta de explotaciones en el país por su nula rentabilidad.
Aunque hay una franja entre Portugal y España donde existe mineral de uranio, los costes de explotación hacen difícil su extracción. Sólo en el caso de que el uranio esté muy próximo a la superficie merece la pena plantear su explotación. El diputado de Equo, Juantxo López de Uralde, asegura que no hay proyectos viables para explotar uranio en España. "No es rentable -asegura-. Por eso proyectos como el de Salamanca están ligados a la especulación financiera y no vinculados a la explotación del mineral".
Proyectos que resucitan
Pese a todo, periódicamente, los proyectos resucitan. El de Qbis en Badajoz no es nuevo. Hace siete años ya hubo una compañía canadiense (Mawson Resources) que se interesó por las minas de uranio de La Haba (población cercana a Don Benito), aunque apuntó a la mina de la finca Cabra Alta como la más prometedora en mineral. El proyecto despertó desde el comienzo la inquietud en los municipios más próximos -Villanueva del Fresno, Zahínos, Oliva de la Frontera, Higuera de Vargas y Jerez de los Caballeros- que anunciaron la interposición de recursos.
Según datos de las empresas (Nuclenor), España cuenta con unas reservas de uranio evaluadas en 4.650 toneladas de U3O8 a costes de explotación inferiores a 80 $/kg U y 12.160 toneladas a costes comprendidos entre 80 y 130 $/kg U. Según datos de las empresas, representa el segundo país europeo en importancia, detrás de Francia. No obstante, las reservas de uranio españolas no son rentables en las condiciones económicas y técnicas actuales.
Las reservas mundiales se sitúan en 2.6 millones de toneladas, que están desigualmente distribuidas desde el punto de vista geográfico. El 27% se encuentran en Australia, el 14% en Kazajstán, el 13% en Canadá y el 7% en Sudáfrica. En Europa, solamente están localizadas el 1,2% de las reservas totales mundiales.
Pese a que empresas y expertos dudan de la rentabilidad de la minería del uranio en España, el grupo Berkeley impulsa desde hace una década el Proyecto Salamanca para abrir una mina y una planta de procesamiento entre las localidades de Retortillo y Villavieja de Yeltes, en Salamanca. Es un proyecto polémico, al que se opusieron en el Congreso la mayoría de los partidos políticos y que no cuenta con el apoyo del Gobierno.
Un plan inviable
La empresa pública Enusa, que mantuvo un acuerdo de colaboración con Berkeley, se desvinculó del proyecto en 2012 porque no se reunían "los requisitos contractualmente pactados en su momento para la potencial explotación de los yacimientos de uranio existentes en el Dominio Minero ubicado en la provincia de Salamanca". El plan, según Enusa, no era viable.
La compañía australiana no opina lo mismo. Según Berkeley, el grupo ha invertido ya más de 70 millones de euros en la provincia de Salamanca en la última década e invertirá otros 250 millones en los próximos años. La inversión creará más de 2.500 empleos directos e indirectos, la mayoría de alta calidad y a largo plazo. Todo si el Gobierno no paraliza sus planes.
De momento, el proyecto está inmerso en una telaraña administrativa. Cuenta desde hace seis años con una declaración favorable de impacto ambiental de la Junta de Castilla y León y desde 2015 dispone, además, de una autorización previa como instalación radioactiva de primera categoría de combustible nuclear. Pero necesita muchos permisos más.
Para la fábrica de procesamiento necesita, además de la autorización previa, autorizaciones de construcción, de explotación y desmantelamiento. Le corresponden al Gobierno previo informe del CSN. Y para la mina en sí no basta con la concesión de explotación. Berkeley tiene que presentar también un Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental preoperacional; un Plan de Gestión de Efluentes Radiactivos, y un Programa de Vigilancia y Control de las Aguas subterráneas.
Con los trámites pendientes, lo más concreto del proyecto sucede en Bolsa. Las acciones de Berkeley cotizan con una gran volatilidad. Desde su estreno en el mercado, en julio de 2018, ha registrado movimientos muy bruscos que continúan. Desde enero las acciones han subido un 142%, aunque pierden un 42% desde la salida a Bolsa.
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