Las Cortes de Aragón han acordado por unanimidad un decreto de emergencia, en el que se especifica que a las familias que no lleguen a un tope salarial no se las podrá negar ni el agua ni la luz ni el gas. La cifra quedaría fijada en 14.910 anuales -1.242,5 al mes- o 18.637 -1.553 al mes- cuando en el hogar habiten un menor de edad no emancipado, una víctima de violencia doméstica o una persona con discapacidad superior al 33%.
En unas semanas ninguna familia tampoco podrá ser desalojada sin que le se haya alojado previamente en otro inmueble. El decreto reza que "se adoptarán medidas para hacer efectivo el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, gas natural y electricidad a las personas y unidades familiares en situación de emergencia, mientras dure dicha situación".
También definen el concepto de 'vulnerabilidad social' y han acordado incluirla en la norma con rango de ley para regular la intervención de la comunidad en materia de vivienda y de pobreza energética para intentar evitar la exclusión de las familias aragonesas. Los miembros de las Cortes alegan que incluir ese término en el decreto facilita su continuidad ante un cambio de Gobierno.
Según el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), el 21% de los aragoneses no llegó a los 14.000 euros al año. Mientras que el 12% no alcanzó los 19.000 al año. Por lo que un tercio de los 538.555 hogares aragoneses estarían protegidos con esta medida. El objetivo es convertir en ley este decreto para evitar que el Gobierno central la tumbe.
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