Ignacio González tiene, presuntamente, fondos en el extranjero, lo que hace patente su riesgo de fuga. Así lo mantiene la sección cuarta de la Audiencia Nacional en el auto por el que deniega la puesta en libertad del expresidente madrileño. Los magistrados reiteran la gravedad de los delitos por los que se investiga -entre ellos la financiación irregular del PP de Madrid- y aseguran que el expresidente madrileño podría destruir pruebas porque la investigación del caso Lezo sigue abierta. El tribunal asegura además que, en caso de ser excarcelado, González podría volver a delinquir por los múltiples negocios que mantiene con su familia, algunos de ellos "utilizando dinero de origen presuntamente ilícito".
El auto, firmado por los magistrados Ángela Murillo (presidente), Juan Francisco Martel y Ana María Rubio, explica que la gravedad de los delitos que se le imputan implican un "riesgo de sustracción a la acción de la justicia". La resolución asegura que González podría instalarse en un país sin colaboración policial y judicial con España "pudiendo mantenerse mientras tanto con los fondos que presuntamente ha desviado al extranjero y que no han sido intervenidos".
Entre los indicios de esos hechos, la Sala señala una conversación grabada entre el responsable de los negocios del Canal en América Latina, Edmundo Rodríguez, y la exdirectora financiera de la empresa de aguas de Madrid, María Fernanda Richmond. En ella, ambos sostienen que el ritmo de vida del expresidente madrileño "no puede justificarse con los ingresos justificados que tiene" y que posee "dinerillo b". González, según el tribunal, "es una persona acostumbrada a viajar y a desenvolverse en el extranjero y con contactos en numerosos países, por lo que trasladarse de un lugar a otro no parece que haya de ser una posibilidad no real para él".
Los magistrados vuelven a enumerar el catálogo de delitos recogido por el juez instructor -organización criminal, cohecho, fraude, prevaricación, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a los funcionarios, contra la Hacienda Pública y malversación- y aprecian también los indicios de "financiación irregular del PP de la Comunidad de Madrid a través de un ente público dependiente de ésta, la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM)", a la que el expresidente habría reclamado un millón de euros para su formación política.
La Sala cree además que, de ser puesto en libertad, el delfín de Esperanza Aguirre podría destruir pruebas, ya que la instrucción sigue en curso y "podrían abrirse más líneas de investigación" que han de asegurarse con su prisión preventiva.
La sección cuarta también deniega la libertad de Richmond, la directora financiera del Canal, a la que se impuso la prisión eludible con fianza de 4 millones de euros. Los magistrados, en este caso recuerdan su especial implicación en la compra de la empresa brasileña Emissao, la operación en la que se habrían desviado 22 millones de euros de dinero público "que pasaban a cuentas de terceros países con opacidad respecto de las titularidades reales (...) enriqueciendo injustamente a determinadas personas".
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