Cataluña tira de chequera y se gasta 120 millones más en rentas mínimas

La Generalitat de Cataluña ha alcanzado un preacuerdo con los impulsores de la ILP para sacar adelante una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). Se trata de un nuevo derecho subjetivo que sustituirá la prestación de la Renta Mínima de Inserción (RMI), en el marco de un "cambio de paradigma", según el Govern, que ha calculado en 288 millones de euros la partida para la RGC este año 2017. 

Las negociaciones, que llevan varias semanas teniendo lugar, habían encallado por un punto: un compromiso explícito de universalización de la renta garantizada a todos los trabajadores a tiempo parcial con salarios menores al Índice de Suficiencia a partir de 2020. Este miércoles, las negociaciones desencallaron al aceptar la Generalitat extender ese derecho, aunque de momento, tan solo a las familias monoparentales. El objetivo de los impulsores de la ILP es extenderlo a todos los que no lleguen al Índice de Renta de Suficiencia (IRSC) situado en la actualidad en 664 euros mensuales. 

Hasta ahora el Govern argumentaba que no podía comprometerse a este pago de forma universal a trabajadores a tiempo parcial no vulnerables alegando criterios de "responsabilidad". Este principio de acuerdo ha sido valorado por el Tercer Sector como "la noticia de ámbito social más importante de los últimos años". 

La federación, que agrupa a 3.000 entidades sociales, ha valorado que la RGC dotará a Cataluña de un instrumento válido para luchar contra la pobreza: "Seguro que este instrumento puede ser mejor y garantizará unos mínimos ingresos a los más vulnerables".

También ha valorado positivamente la posibilidad de hacer un seguimiento puntual de la medida gracias al trabajo de entidades sociales que permitirá la correcta aplicación de la prestación, y ha reiterado la importancia de la unidad de todos los agentes para llegar a este acuerdo.CC.OO. de Cataluña ha celebrado "el principio de acuerdo" y ha pedido que convierta"urgentemente" en una propuesta del articulado de la Ley de la RGC, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria, y ha avisado de que si esto no se hace con celeridad, la renta no podrá entrar en vigor el 15 de septiembre, como se ha previsto.El sindicato ha destacado el valor de la RGC "como herramienta esencial para luchar contra la pobreza y la exclusión social", aunque ha lamentado que el texto tiene limitaciones para afrontar la pobreza vinculada a las rentas de trabajo insuficientes.Diferencia entre IMR y la RGC

La RGC sustituye a la IMR. A partir de septiembre, los beneficiarios de la nueva Renta Garantizada serán los mismos que actualmente reciben la IMR más los trabajadores a tiempo parcial que sean familias monoparentales y que no lleguen al IRSC. En total 29.000 beneficiarios.

En declaraciones a la informacion.com desde el Tercer Sector aseguran que dos son los cambios principales respecto a al IMR: "El principal cambio es económico ya que las ayudas aumentan de forma considerable". A partir de septiembre se pasará automáticamente de cobrar 424 euros (IMR) a 564 euros (El 85% de la IRSC). 

La idea de la Generalitat es ir ampliando hasta llegar al 100% en 2020 del Índice de Renta de Suficiencia (604 euros en 2018, 644 euros en 2019 y 664 euros en 2020).  El segundo miembro de la unidad familiar percibirá el 50% y cada hijo, hasta un máximo de tres, 75 euros en el 2017 hasta llegar a 100 euros en el 2020. El máximo sería de 1.208 euros. Se espera que para dentro de tres años la RGC pueda ayudar a 69.000 familias. 

El segundo cambio principal, destacan desde el tercer sector, así como desde la Generalitat es que se trata de un derecho subjetivo. Es decir, se trata de un derecho que no depende de la situación económica ni de la situación laboral. "Nadie te lo puede quitar", explican.  

De esa cantidad, una cuarta parte estará vinculada a la inserción laboral. De la cantidad percibida, 150 euros estarán condicionados a la participación en un programa de inserción social o laboral. Fuentes de la Generalitat aseguran que el derecho se revisará cada año. 

¿Quién puede acceder a esta ayuda? Tener al menos 23 años, dos años de residencia en Cataluña, carecer de propiedades, excepto la primera vivienda, haber agotado todas las prestaciones posibles y llevar seis meses sin ingresos ni prestaciones. Con respecto al IMR baja en dos años la edad mínima, de 25 a 23 años. 

Ampliación de 120 millones de euros 

La pregunta es si estas medidas son viables. Para empezar se ha acordado un aumento en el presupuesto para otorgar esa Renta Garantizada de Ciudadanía a partir de septiembre. Los últimos datos públicos del Ministerio de Sanidad por Comunidades señalan que Cataluña gastó en 2014 más de 162 millones de euros en la Renta Mínima de inserción.

La nueva RGC ha disparado el presupuesto hasta los 288 millones, lo que equivale algo más de 120 millones de euros por solo tres meses de la nueva ayuda. El presupuesto del 2017 parece atado, pero ahora es necesario saber cómo se va a pagar a partir del 2018 o para el 2020 cuando se espera que este derecho sea universal.  

Si la introducción de está RGC supone 120 millones más en cuatro meses, podemos suponer que la partida presupuestaria se disparará a más de 600 millones a partir del año que viene. 

En la Generalitat lo tienen claro. El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, ha considerado que la partida presupuestaria necesaria para hacer frente a la RGC sería "perfectamente asumible" por el Ejecutivo. "Habría dinero suficiente para cubrir esta paga social porque el déficit ha disminuido, se ha controlado el gasto presupuestario y el paro se reducirá de manera significativa"."La gente que habrá decidido acogerse a este tipo de prestación se reducirá de forma sustancial, por lo que la cantidad que definitivamente necesitaremos en los próximos ejercicios para hacer frente a este derecho, que esperamos poder aprobar en el Parlament en los próximos meses, es una cifra que podrá ser perfectamente asumible", ha detallado."Socialmente suena de maravilla"

Carmen Jover, profesora en el Máster en Dirección Financiera y Contable de la Empresa de la UPF Barcelona School of Management, asegura que si se ha aprobado es porque "habrán hecho bien los números", aunque no lo tiene tan claro porque conociendo las situación económica de la Generalitat y su déficit, lo que no sobra es dinero. Solo en 2016 este fue de 2.000 millones.

Como medida, eso sí, es intachable. "Hay mucha gente que lo pasa mal y los 424 euros de la actualidad no dan para nada". Además esta medida puede incentivar el consumo y la recaudación. 

Jover tiene claro que para llevar a cabo estas medidas hay que reducir otros costes y alerta contra una nueva posible subida de impuestos: "En Cataluña ya tenemos récord de impuestos salvo en sucesiones. No hay margen para subirlos más", aclara.

Las dudas sobre una Renta Básica Universal vuelven a estar ahí. Un informe del BBVA cifró en 187.870 millones su coste, un 17,4% del PIB. La teoría sobre la renta básica universal -dirigida a todos los ciudadanos por lo que desaparecerían otro tipo de prestaciones o ayudas públicas- tiene una serie de ventajas, pero también unos costes muy elevados, lo que implica un dilema entre la generosidad y aumento de la presión fiscal.

Por lo tanto, en este escenario que se plantea, si todo el esfuerzo de este aumento de gasto público recayera sobre IRPF, habría que recaudar cuatro veces más como mínimo, según los defensores de la propuesta. 

Los expertos del BBVA alertan de que se deben considerar también los costes y distorsiones que genera una presión fiscal más alta sobre la oferta y demanda de trabajo, la inversión y el crecimiento económico, y sobre los incentivos a eludir impuestos.Gastos inútiles desde 2012 por el procés

El gasto en la Renta Garantizada de Ciudadanía contrasta con otros gastos más estériles realizados por la Generalitat en el último lustro. En menos de tres años ha habido dos elecciones (y gracias a la CUP no hubo otras hace unos meses) y una consulta, la del 9-N. Desde que Artur Mas impulsara el procés solo el gasto electoral se ha 'comido' casi 65 millones de euros. El Govern se habría gastado 25,4 millones en las elecciones de 2012, 26,1 en las elecciones de 2015 y entre medias, se calcula que unos 13 millones en la consulta del 9-N.

Pero esto no es todo. El 'Procés' cuesta dinero. Precisamente una de las condiciones de la CUP para dar el 'sí' a los presupuestos de Puigdemont era que estos fueran unas cuentas "sociales y soberanas". 

Uno de los pilares para el proceso de desconexión es TV3, la televisión autonómica catalana. Recibe 149 millones de euros desde 2011, y desde entonces da pérdidas año tras año. En el 2012 se registraron 7,4 millones de euros en pérdidas, que subió al año siguiente a 13 millones, y a los 25 millones en el 2014, que se 'suavizaron' a los 8,5 millones de déficit en 2015.

La difusión exterior del proyecto secesionista de Puigdemont ha costado este 2017 a los catalanes 6,5 millones de euros. El Govern duplicó a principios de año el presupuesto destinado a financiar el funcionamiento de las "embajadas" catalanas en el extranjero que hasta entonces generaban unos 3 millones de euros. 

El enorme crecimiento de la red de embajadas catalanas explica el aumento de la partida presupuestaria destinada a financiarlas. En 2016, la Generalitat anunció que en el plazo de un año pasaría de tener de siete a 17 delegaciones en el extranjero al incorporar las de Lisboa, Roma, Copenhague, Varsovia, Ginebra, Zagreb, Rabat, Seúl, Buenos Aires y Ciudad de México. 

La acción exterior del Departamento dirigido por Raúl Romeva aumentará un 107%, al pasar de los 17 millones de euros a los 35.