Los soberanistas montan una ruptura esperpéntica que activa a todo el Estado


  • Los propios servicios jurídicos del Parlament, así como el Consell de Garanties Estatutàries, calificaron de ilegal la ley del referéndum, tanto por el fondo como por la forma.

  • La escalada de tensión de la Cámara ha llegado a tal punto que obligó a reunir 5 veces a la Mesa del Parlament y hasta 4 veces a la junta de portavoces.

  • Te interesa leer: Rajoy mueve ficha y pide al TC que anule la tramitación de la Ley de Referéndum.

Cataluña lanza una ruptura esperpéntica que activa todos los resortes del Estado

Cataluña lanza una ruptura esperpéntica que activa todos los resortes del Estado

Bochornoso, vergonzante, un atropello... Ayer no faltaron palabras para calificar lo vivido en el Parlament de Cataluña con la tramitación irregular de la ley de referéndum y que convirtió la Cámara en un esperpento más propio de una novela de Valle-Inclán que de un órgano democrático.

Con premeditación y alevosía, y a primera hora de la mañana, la Mesa del Parlament admitió a trámite la proposición de ley del referéndum. Para formalizar el procedimiento era imprescindible publicarla en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC).

Es ahí cuando los secesionistas se encontraron con el primer escollo: el secretario general del Parlament, Xavier Muro, dio órdenes a los servicios de la Cámara de no publicarlo. Poco duró el problema, poco antes de las 10 y cuarto de la mañana, el texto aparecía en el Boletín con el aval del JxSí.

Haciendo oídos sordos a la presión de toda la oposición, JxSí y la CUP dieron el segundo paso para consolidar el despropósito que se vivió durante toda la mañana: solicitaron cambiar a la Mesa del Parlament el orden del día para incluir la tramitación de la ley, un debate que ya estaba ganado de antemano, pero que pretendía revestir de una aparente legalidad una medida que no cumplía con las propias normas de la Cámara.

La polémica estaba servida. En un debate que duró hasta la extenuación, los grupos políticos cruzaron acusaciones, a cual más agria, sobre la conveniencia y la legitimidad de proceder a un cambio de orden para votar una ley que sus propios servicios jurídicos, así como el Consell de Garanties Estatutàries, calificaron de ilegal, tanto por el fondo como por la forma. Las discrepancias sobre el reglamento, creado ex profeso para el proceso soberanista, eran tales que obligaron a reunir cinco veces a la Mesa del Parlament y hasta cuatro veces a la junta de portavoces.

Sin tiempo para enmiendas

La indignación de la oposición no acabó ahí. Debían presentar unas enmiendas que, en una situación normal, lleva varios días preparar. La sorpresa de los grupos fue mayúscula cuando, no solo les dieron apenas dos horas, sino que Forcadell pretendió que se hiciera durante la sesión de control al Gobierno, a la que, se mofó, no era "preciso que acudieran todos los miembros del partido".

Tras una tensa discusión, Forcadell, cada vez más desencajada, quiso dejar entrever que daba su brazo a torcer. Consintió en suspender durante una hora, la de comer, el pleno, pero utilizó ese tiempo para maquinar un nuevo golpe a cualquier tipo de retraso en el plan en el que los secesionistas llevan meses trabajando: prohibió las enmiendas a la totalidad. De nada sirvieron los improperios de la ya denostadísima oposición, en un alarde de 'generosidad' concedió 10 minutos a los partidos para convertirlas en enmiendas al articulado.

No sirvió de mucho. Las enmiendas se rechazaron después de una reunión incomprensiblemente larga de casi tres horas de la Mesa. El debate sobre la ley se zanjó pronto: unos minutos, controlados minuciosamente, a cada grupo de la oposición. La pantomima legal finalmente se aprobó con los votos a favor de JxSí y la CUP y después de que PSC, PP y Ciudadanos abandonaran el hemiciclo y se negaran a participar en la votación.

Contundencia del PP y PSOE

La respuesta de los dos principales partidos fue, por una vez, firme y coordinada. Mientras Soraya Saénz de Santamaría daba una rueda de prensa para criticar el bochornoso espectáculo del Parlament y anunciaba que el Gobierno presentaría un incidente de ejecución ante del TC, el PSOE apoyó sin fisuras las primeras medidas que el Gobierno puso en marcha para responder al "atropello" a la democracia y anunció que presentaría un recurso de amparo.

En la misma línea se pronunció Rivera, que lamentó el "espectáculo" catalán y agradeció a la oposición que trataran de impedir este "golpe". La nota discordante fue de Pablo Iglesias que defendió la legitimidad del referéndum ilegal. "El 1 de octubre es una manifestación política legítima. Nosotros no compartimos la hoja de ruta de las fuerzas políticas que gobiernan en Cataluña, pero entendemos que el 1 de octubre es una manifestación legítima, y que las manifestaciones pueden tener muchas expresiones”, fueron sus palabras.

Tampoco la contundencia del Ministerio Fiscal se quedó atrás. La Fiscalía Superior de Cataluña anunció se querellará contra los miembros de la Mesa del Parlament que aprobaron la admisión a trámite del proyecto de ley por los delitos de desobediencia y prevaricación. 

“En este momento por el que nuestra nación atraviesa, el Ministerio Fiscal no abriga duda alguna acerca de sus obligaciones", se pronunció Maza el día anterior. Unas promesa que tendrán que cumplir antes de que el despropósito de las instituciones catalanas termine por convertirse en una realidad de la que ya no sea posible dar marcha atrás.

Finalmente, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su Gobierno firmaron el decreto de convocatoria de la consulta de autodeterminación del 1 de octubre. Lo hicieron por la noche, después del tenso y disparatado pleno del Parlamento, durante el que se silenció cualquier a atisbo de oposición.