El Congreso rechaza el decreto ley del Gobierno sobre los estibadores

  • "Desgraciadamente el Parlamento que tenemos es el que tenemos”, lamenta Barrachina (PP). Se convierte en el tercero de la Democracia que no logra superar la preceptiva convalidación en la Cámara Baja.

    El decreto ha sido rechazado con  141 síes (más un voto telemático),  174 noes (Más un voto telemático), y 33 abstenciones 

El conflicto de los estibadores ya nos ha costado 163 millones de euros... y lo que queda
El conflicto de los estibadores ya nos ha costado 163 millones de euros... y lo que queda

El real decreto ley del Gobierno para reformar del sector de la estiba portuaria ha sido rechazado este jueves por el Pleno en el Congreso, con lo que se convierte en el tercero de la Democracia que no logra superar la preceptiva convalidación en la Cámara Baja.

El decreto ley ha sido derribado dado que recibió 175 votos en contra, los de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra (ERC), la antigua Convergència (PDeCAT), Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias, frente a los 142 votos a favor que han sumado el PP, sus socios electorales de UPN y Foro Asturias, y el PNV. Por su parte, Ciudadanos ha optado por la abstención (32 votos más un error en las filas de Unidos Podemos).

Nada más certificarse la derrota del Gobierno, los representantes de los estibadores que seguían el debate desde la tribuna de invitados se han puesto en pie a aplaudir y lo mismo han hecho los diputados de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, que han exhibido camisetas reivindicativas. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha tenido que llamarles al orden.

El texto legal, en vigor desde su publicación en el BOE y que ahora queda derogado, tenía como objetivo liberalizar el sector de la estiba, el de los trabajadores que se encargan de cargar y descargar los barcos en los puertos, con el fin de que cumpla con la normativa europea a la que actualmente contraviene y evitar que el Tribunal de Justicia de la UE imponga por ello una sanción a España.

No obstante, el decreto ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de febrero, ha llegado a su debate en el Congreso sin que se lograra alcanzar un acuerdo en el ámbito laboral de la reforma con la patronal y los sindicatos del gremio.

Dado que la mayor parte de los grupos parlamentarios vincularon su respaldo a la reforma a que tuviera el respaldo del consenso del sector, el texto legal finalmente ha recibido más votos en contra que a favor y, por lo tanto, no ha superado el preceptivo proceso de su convalidación en el Congreso.Rechazo mayoritario

Pese al rechazo mayoritario, el único grupo que usó el turno en contra fue Podemos, cuyo portavoz, Félix Alonso, pidió al Ejecutivo que asuma “responsabilidades políticas”, ya sea a través de la destitución del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, o del secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar.

Además, acusó al Gobierno de “dejarse caer” en la mesa de negociación para buscar solo “la foto” para que sus potenciales socios respaldaran el decreto y le reprochó incluso haber recurrido a “tretas de taberna” incluyendo la votación un día en el que varias diputadas estaban en un viaje oficial al que sus socios no habían acudido y contando con “enfermedades y urgencias familiares” de algunos parlamentarios.

Por su parte, en nombre del PSOE, César Ramos, acusó al ministro de tratar de “hacer responsables” a la oposición de “una multa que no es nuestra, ya que empezó a contar en diciembre de 2014”, cuando el PP tenía mayoría absoluta.

Sobre las críticas del ministro de que algunos grupos han dado fuerza a los sindicatos en esta negociación, admitió que “es cierto porque creemos que en una negociación de este tipo hay que estar al lado del más débil”.

Jordi Salvador, de ERC, avanzó su “no rotundo” porque el decreto guarda “poca relación” con la sentencia europea y esconde el intento de “extinguir” a un colectivo de trabajadores que se ganan la vida dignamente, lo cual debería ser la norma y no la excepción.

Con la nueva norma, dijo, el trabajo en los puertos se lo llevará la empresa de cada puerto que contrate más barato, y someterla a votación sabiendo que se perderá es “ponerse de parte” de la patronal para presionar a los trabajadores.

También Coalición Canaria y Nueva Canarias confirmaron su voto en contra, como también EH Bildu, Comprimís y PDECat, cuyo portavoz, Ferran Bel, denunció que si el Gobierno hubiera querido realmente un acuerdo podría haberlo logrado desde hace meses.

En cuanto a la abstención de Ciudadanos, Fernando Navarro explicó que se debe a la ausencia de acuerdo entre patronal y sindicatos y criticó la decisión del Gobierno de no agotar el plazo para convalidar el decreto retrasando una semana más el debate a pesar de los últimos avances.

Por parte del PP, Miguel Barrachina, acusó a los grupos de rechazar el decreto para “rebañar alguno de los votos de la estiba” desacatando una condena del tribunal de Justicia de la Unión europea.

“Desgraciadamente el Parlamento que tenemos es el que tenemos”, lamentó Barrachina, quien denunció que la multa “la van a pagar todos los españoles y no los causantes con su salario”.

Además, advirtió de que este rechazo “conduce a un callejón sin salida porque el Gobierno ha llegado al máximo que la Comisión Europea permite”. “La alternativa a este texto es este mismo texto”, sentenció.

Por último, Iñigo Barandiaran, de PNV, aseguró que nadie de los implicados ha actuado con la debida diligencia, pero dado que el Gobierno ha llegado a compromisos adicionales no contenidos inicialmente en el decreto, se declaró “satisfecho” y confirmó su respaldo a la convalidación.

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