Instan a los funcionarios a pedirlo todo por escrito para 'blindarse' ante el 1-O

Los sindicatos no han tardado en poner en marcha su maquinaria jurídica para dar cobertura legal a los empleados públicos catalanes, singularmente los de la Generalitat de Catalunya, ante el escenario más que probable de que reciban indicaciones de sus superiores para realizar actuaciones en el marco de las leyes de Transitoriedad Jurídica y del Referéndum, aprobadas por el Parlament este miércoles, que pudieran ser consideradas ilegales según la legislación estatal.

Desde ayer los funcionarios catalanes han quedado expuestos a una situación compleja, tanto desde el punto de vista jurídico como personal. La aprobación del paquete legislativo que habilita la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña les implica de forma directa como personal al servicio de la administración autonómica, pero su presunta ilegalidad les expone a cometer irregularidades con transcendencia administrativa y, en el peor de los casos, penal.

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Para evitar que incurran en ese tipo de responsabilidades, los sindicatos han iniciado una campaña informativa en la que, entre otras cosas, aconsejan a los empleados públicos no seguir ninguna indicación relacionada con estas dos leyes si no se recibe por escrito. El manual '¿Qué hago si recibo una orden que puede ser ilegal?', que el sindicato CSIF empezó a distribuir entre los funcionarios catalanes el pasado mes de julio, explica que "de esta manera, dejas constancia de tus dudas, te guardas las espaldas y puedes iniciar las acciones legales oportunas".

CCOO también ha lanzado esta recomendación general a sus representantes sindicales en los diferentes órganos de la Generalitat como medida de prudencia y ha ordenado un análisis jurídico del alcance del paquete legislativo aprobado por el Parlament para ponderar el impacto que éstas pueden tener sobre la situación de los empleados públicos.

Los sindicatos también recomiendan a los funcionarios que manifiesten de forma explícita sus reservas ante indicaciones que les puedan parecer contrarias a la ley y las acrediten documentalmente como 'prueba de defensa' ante la eventualidad de que se les acusara de incurrir en alguna ilegalidad como consecuencia de la atención de una orden de un superior. 

El sindicato CSIF incluso ha elaborado un 'modelo de denuncia' para acreditar este tipo de situaciones y poder ponerlas de manera inmediata en conocimiento de la Inspección de Servicios de su departamento.

Este mismo sindicato recomienda, en su manual, una regla general a la hora de atender o no la orden de un superior en este contexto tan complejo en Cataluña. "Empieza a sospechar cuando haya contradicción entre el criterio del Gobierno central y el de la Generalitat. Y protégete. Cuando la ilegalidad es manifiesta, existe la obligación de incumplir".

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