La investigación judicial contra la antigua cúpula del Popular todavía no ha empezado. Pero el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha decidido que sea la Fiscalía Anticorrupción y no la de la Audiencia Nacional la que se ocupe del caso.
En los próximos días, el Ministerio Público enviará al Juzgado Central de Instrucción 4 un informe en el que explicará si apoya o no y en qué condiciones la querella presentada por la OCU contra su expresidente Ángel Ron, el ex consejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Roberto Higuera y la auditora PwC. La última palabra la tendrá el juez Fernando Andreu.
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El fiscal designado para el caso, el que redactará ese informe e impulsará la investigación del caso si finalmente el juez se declara competente, será Antonio Romeral, el mismo que investiga actualmente el caso de la contabilidad B del PP que supuestamente se refleja en los llamados ‘papeles de Bárcenas’. Romeral fue además candidato a fiscal jefe Anticorrupción en el proceso por el que finalmente resultó elegido Alejandro Luzón.
La designación de Anticorrupción para el caso tiene un precedente próximo, el caso Bankia. En esa ocasión, fue Eduardo Torres Dulce el que ordenó a esa fiscalía especial que investigara el caso. El entonces fiscal general ordenó a esa fiscalía especial que abriera diligencias de investigación sobre el proceso de fusión de cajas que dio lugar a esa entidad así como su posterior salida a Bolsa. Esas diligencias se abrieron días antes de la presentación de las querellas de UPyD y 15MpaRato contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y otros altos ejecutivos y directivos de la entidad. Cuando se admitieron a trámite, Anticorrupción siguió al cargo.
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A la espera de que la fiscalía se pronuncie sobre la admisión de la querella de la OCU, a esta última se están sumando muchos más escritos de otros accionistas que el juzgado ha ordenado acumular. La inicial, redactada por los abogados Eliseo Martínez y Felipe Izquierdo -la acusación popular del caso Abengoa- considera que el engaño a los inversores se produjo en la formulación de las cuentas de 2016, las últimas presentadas por el anterior equipo directivo encabezado por Ron, Larena e Higuera.
La presentación de la querella de la OCU es solo una parte de la estrategia general diseñada para resarcir a los pequeños accionistas similar a la desplegada con Bankia. Con ella se busca que Andreu, en la causa penal, solicite toda la información de la caída de la entidad y su adquisición por el Santander tanto al Banco de España como al Banco Central Europeo y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para averiguar si la información con la que los compradores acudieron a la ampliación de capital de hace solo 14 meses era correcta. Es decir, si las cuentas a las que se refería el folleto de ampliación reflejaban la imagen fiel de la entidad o estaban alteradas.
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El escrito hace referencia al hecho relevante reflejado por el banco el pasado 4 de abril, en el que informaba a la CNMV de algunas deficiencias en sus cuentas de 2016 detectadas por su auditor externo. PwC se encontró entonces con una insuficiencia de provisiones por riesgos y desajustes por 694 millones de euros que afectarían a los resultados de 2016. La querellante cree que esa circunstancia permitiría supuestamente acreditar que los pequeños inversores fueron engañados.
Una vez obtenida toda esa documentación en la causa penal, los inversores que lo deseen podrán reclamarla para otras causas en los tribunales civiles. La OCU cifra en 305.000 los posibles afectados por el supuesto engaño. Eso es lo que ocurrió en el caso Bankia, en el que decenas de juzgados civiles de toda España reclamaron a la Audiencia Nacional el sumario para resolver los casos de los pequeños accionistas que pidieron recobrar su inversión tras conocer que habían sido engañados.
En la querella inicial, la organización de consumidores achaca a la antigua cúpula del Popular los delitos de estafa y falsedad contable. Las penas máximas que afrontan Ron, Larena e Higuera alcanzan los 9 años de cárcel. Pero solo en caso de que el fiscal Romeral y el juez Andreu consideren que existen indicios contra ellos y que es la Audiencia Nacional el tribunal competente para investigarlos y juzgarlos.
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