"Ningún ciudadano puede sufrir efecto negativo alguno por el estricto cumplimiento de la ley". Esa es la razón argumentada por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en la instrucción enviada a las fiscalías de Cataluña para que investiguen cualquier campaña contra alcaldes, funcionarios o particulares que se opongan al referéndum. El fiscal general enmarca esos comportamientos en el delito de odio, castigado con penas de hasta 4 años de cárcel por el Código Penal.
Ese delito persigue a los que fomenten el "odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo" por razón de "su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología". También a quienes fabriquen o distribuyan escritos o cualquier otro tipo de soporte que fomenten ese odio u hostilidad hacia un grupo, parte de él o una persona concreta.
En su instrucción a los fiscales catalanes, Maza recuerda que las campañas contra responsables municipales no independentistas estarían "promoviendo la hostilidad contra determinadas personas, por motivos ideológicos o políticos, responsabilizánolas directamente ante los ciudadanos de impedir su supuesto ejercicio del derecho a la autodeterminación".
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"Todas estas conductas suponen una taque contra la pacífica convivencia en Cataluña y una grave perturbación de los derechos, no solo de las personas directamente destinatarias de esas amenazas, sino de la población en su conjunto”, afirma Maza. Esas actitudes “lanzan un mensaje coactivo general dirigido a todas las autoridades, funcionarios y ciudadanos defensores del Estado de derecho y del ordenamiento constitucional", añade.
Por esa razón, ordena a la Fiscalía Superior de Cataluña y a los fiscales jefes de cada una de las cuatro provincias que investiguen cualquier denuncia de afectados o los casos de los que tengan conocimiento por cualquier otra vía, como los medios de comunicación.
También habilita a los fiscales a solicitar el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Mossos, Guardia Civil o Policía Nacional) "a fin de que elaboren los correspondientes atestados” con los posibles autores y retiren los “carteles o pasquines intimidatorios” y, en general, “los efectos o instrumentos con los que se ejecuten este tipo de conductas".
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