Una subida en el entorno del 6% en tres años y con posibilidades de ser superior siempre que el comportamiento de la economía sea mejor de lo previsto. Ésta es la oferta que el Ministerio de Hacienda deslizó este jueves a las centrales sindicales en la reunión de la Mesa de Función Pública, de la que el Gobierno pretende arrancar un acuerdo que pacifique la relación con los empleados públicos durante lo que resta de legislatura.
El planteamiento del Gobierno se sitúa muy lejos de la posición sindical que apostaba por recuperar entre el año que viene y 2020 buena parte del poder adquisitivo perdido desde que se iniciara la crisis, que evalúan en el entorno del 15%-20%.
Fuentes sindicales consultadas por lainformacion.com aseguraban tras la reunión que bajo esa premisa sería muy complicado alcanzar un acuerdo de cara a la tramitación del proyecto de Presupuestos del Estado de 2018. Los sindicatos ya han avanzado que se echarán a la calle si el Gobierno no atiende a sus reivindicaciones, que consideran justas tras una década de ajustes y sacrificios.
En realidad, la subida planteada ayer por los negociadores del Ministerio de Hacienda apenas permitiría recuperar poder adquisitivo a los funcionarios, ya que según las previsiones del propio Gobierno el coste de la vida subirá un 5% entre 2018 y 2020, así que con una subida del 6% la ganancia de poder adquisitivo sería mínima.El debate de las 35 horas
Al margen de la negociación salarial, el otro foco de la negociación se fija en las 35 horas. Los sindicatos están indignados con que el Gobierno haya bloqueado la posibilidad de implantar la jornada de 35 horas en comunidades autónomas como Andalucía o Extremadura y exigen una solución para que se puedan reimplantar allí donde se acuerde con el gobierno de turno.
Según fuentes sindicales, Hacienda empezó este jueves a suavizar su posición y abrió la puerta a una posible recuperación de la jornada de 35 horas, si bien apeló a estudiar en profundidad las posibilidades para aprobarlas en departamentos muy determinados y bajo condiciones estrictas.
A lo que sí parece estar dispuesto el Gobierno es a desactivar las penalizaciones en caso de baja que se aplican a la nómina de los funcionarios desde el año 2012 y que hacían que solo cobrarán el 50% de su nómina durante los tres primeros días de baja y un 75% entre el cuarto y el vigésimo.
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