El Tribunal de Cuentas exige a Artur Mas 5,25 millones por la consulta del 9-N

El Tribunal de Cuentas ha entregado este lunes a los representantes de Artur Mas y el resto de denunciados por la consulta del 9-N la fianza que tendrán que abonar de su bolsillo. Asciende a 4,8 millones de euros, a los que se suman algo más de 420.000 en concepto de intereses. En total son 5,25 millones de euros que se reparten según la responsabilidad de los denunciados por supuesto desvío de caudales públicos para la consulta del 9N.

Entre los investigados están, además de Mas, los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, todas ellos inhabilitados al igual que Mas, por la consulta del 9 de noviembre de 2014, así como otros siete cargos políticos y técnicos de los departamentos de Presidència y Governació de la Generalitat.

Fuentes del Tribunal han explicado que los afectados disponen de 15 días para depositar la fianza y de no poder ejecutarla se les embargarán bienes, cuentas bancarias y, en definitiva, su patrimonio. La fianza tiene la peculiaridad de ser "solidaria", es decir, que si alguno de los encartados no tiene dinero los demás habrán de responder por él.

A la citación también ha acudido el vocal de la junta directiva de Societat Civil Catalana y abogado de la entidad, Manuel Miró. Estará presente como parte denunciante ya que SCC, junto a Abogados Catalanes por la Constitución, fue quien denunció a los dirigentes catalanes para que devuelvan todos los gastos de la consulta del 9N, por la que fueron inhabilitados.

La lista de la citación la completan siete cargos que también participaron en la autorización de los gastos en el referéndum del 9 de noviembre: Lluís Bertran Saura, Josefina Valls Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo Planas, lgnasi Genovés Avellana, Jordi Serra Catalán y Jordi Vilajoana Rovira.