El Tribunal Supremo ha anulado el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ordenaba suspender el 30% de los vuelos del aeropuerto de Barajas que sobrevuelan la urbanización madrileña de Santo Domingo. La denuncia fue interpuesta por los vecinos de la urbanización Santo Domingo, próxima al aeródromo.El Supremo anula la prohibición de limitar el 30% de los vuelos de Barajas sobre la urbanización Santo Domingo (foto, ver círculos azules) pic.twitter.com/g6z6O62Erq— FelizVuelo ✈✈✈✈✈✈ (@FelizVuelo) 22 de marzo de 2017
Según informó hoy este tribunal, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha considerado que aquel auto, que había sido suspendido provisionalmente y recurrido ante el Supremo, no ejecutaba adecuadamente su sentencia de 2008.El conflicto de la pista 18R/36L de Barajas
Aquella sentencia dictaminó que la pista 18R/36L de Barajas vulnera el derecho a la intimidad domiciliaria de los vecinos por el ruido que provocan los aviones que sobrevuelan la urbanización Ciudad Santo Domingo.
El Supremo señalará en la sentencia las posibilidades existentes para encontrar un equilibrio entre los derechos de los vecinos y el interés general; lo que ha anunciado hoy es solamente el fallo sobre la suspensión de vuelos, pero ahora tendrá que establecer la fórmula de compensación o indemnización del gestor aeroportuario a los vecinos afectados.Vecinos de Santo Domingo siguen luchando contra el ruido de los aviones. Nuestra admiración https://t.co/syeUaxmctV pic.twitter.com/ievYC3MvAB— Vecinos Dehesa Vieja (@avdehesavieja) 29 de junio de 2016
Los argumentos de AENA
Aena alertó de la posible pérdida de decenas de miles de empleos si se suspendía el citado 30% de vuelos. Según un informe oficial de Aena, el cierre de esta pista o la limitación de sus operaciones supondría dejar de crear en la región unos 14.000 puestos de trabajo, que supondrían unos 42.000 en toda España. "No debemos olvidar que este aeropuerto es la primera empresa de la Comunidad de Madrid y el principal centro productivo de España", apunta el informe.
Según el gestor aeroportuario la medida equivalía a suspender más de 6.000 vuelos al año, lo que supondría la pérdida de decenas de miles de empleos y un recorte significativo de la capacidad operativa del aeropuerto madrileño, el primero de España en número de pasajeros, cuando el país vive una fase de crecimiento de la llegada de turistas y de su tráfico aéreo.
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