Acabar con la corrupción es posible: Jueces, fiscales y expertos plantean sus medidas

Instrucciones eternas que se enredan en un bucle de sentencias y recursos, casos de gran impacto mediático que terminan en archivo, estafadores públicos que se van "de rositas" y sin devolver el dinero defraudado, comisiones rogatorias sin respuesta, dinero a buen recaudo en paraísos fiscales... Es el desolador panorama de la lucha contra la corrupción en nuestro país, que late convulsionado por los repetidos escándalos.

Una radiografía, quizás simplicada, pero que permite a la vez deducir cuáles serían las medidas urgentes para ponerles coto, pese a que las distintas administraciones han demostrado, hasta el momento, una escasa voluntad política para llevarlas a término.

Los expertos consultados por este periódico concretan esas medidas en varias esenciales: mayor dotación presupuestaria de la Justicia, que permitiría agilizar los procedimientos, mayor exigencia de la "ética pública" de nuestros políticos, una modificación amplia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de hace más de 130 años, y más recursos y autonomía para los organismos fiscalizadores.

Empezando por lo primero. La dotación de recursos es una de las reclamaciones insistentes desde antaño en el estamento judicial. Más personal y más medios, advierten jueces y fiscales, es medida esencial para luchar contra la corrupción.

Por poner un ejemplo. España tiene una ratio de jueces por habitante inferior a la media europea. 11 jueces por cada 100.000 ciudadanos, frente a los 19 del cómputo general en los países de nuestro entorno. Otro dato. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), principal referente en la investigación de este tipo de casos, apenas cuenta con 300 agentes para un trabajo sofisticado que exige horas de minucioso análisis y en el que un solo paso en falso puede dar al traste con meses de investigación.

El ministerio de Justicia cuenta para el año próximo con una dotación presupuestaria de 1.501'75 millones de euros. Es un 1% más que en el ejercicio anterior, pero de ellos, el grueso se lo lleva la partida destinada al gasto de personal, que suma 1.226'66 millones de euros.

Otras, consideradas esenciales para agilizar los procesos, como la implantación de nuevas tecnologías, recibe apenas 59'3 millones de euros para los juzgados de todo el país. Las cuentas del Ministerio de Hacienda apenas contemplan un 5% de incremento en la dotación para lucha contra el fraude: 996'64 millones de euros.

El año pasado, los jueces decanos de toda España solicitaron que, junto con una mayor dotación de personal en los juzgados, se crease también un cuerpo nacional de peritos contables, a disposición de estas investigaciones.

"Dos medidas: luz y transparencia por un lado, y por otro, administración del castigo penal rápida y ejemplar", resume Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra, que considera que los procedimientos penales son "demasiado lentos" por dos causas: "la administración de justicia está infradotada, el número de jueces es inferior a la media de Europa y los procedimientos judiciales son excesivamente garantistas, todo se puede recurrir ante el juez, lo que los dilata en exceso", afirma este experto.

La corrupción ocupa el segundo lugar en las preocupaciones de los españoles por detrás del desempleo, según el último barómetro del CIS y la sensación de impunidad es pensamiento generalizado, por el escaso número de imputados que llegan a pisar la cárcel pero también por esa lentitud con la que se acometen los casos. El 90% se encuentran en fase de instrucción.

Hace cinco años que empezó a instruirse la Gürtel, en la actualidad con un centenar de imputados; el caso Noos arrancó en 2010 y acaba de terminar la fase de instrucción, el Palma Arena, iniciado en 2008, tiene 26 piezas abiertas y sólo se han juzgado dos. La sentencia del caso Malaya llegó en octubre del año pasado, después de ocho años de investigación.Transparencia, antes que independencia

"Parece que todo se soluciona dando independencia, pero hay que pensar que el único funcionario que la tiene garantizada incluso por rango constitucional es un juez, ¿y están libres de sospecha?", pregunta Betancor, "Aquí no se necesita independencia, se necesita transparencia, y a quien se pille, un castigo rápido y ejemplar", sentencia.

Transparencia en todos los procesos de contratación, en los datos fiscales de todos los cargos públicos. Recientemente, los partidos políticos han empezado a asumir la exigencia pública de poner sus cuentas a disposición de los ciudadanos, a través de su página web. Un ejercicio de transparencia que se extiende también, por ejemplo, a las declaraciones de bienes y rentas de los diputados. Pero no es suficiente, opinan los expertos.

"Las reformas más urgentes aquí son éticas", afirma, sin quitar peso a las legales, Marcos Vaquer, catedrático de Derecho Administrativo de laUniversidad Carlos III de Madrid, "ahora empezamos a ver expulsiones de los partidos políticos, algo que antes no ocurría, pero creo que además es necesaria la dimisión de todas las personas implicadas y que tengan responsabilidad política. Que se vea que existe una auténtica voluntad de responsabilidad ética"

¿Y si no sale motu propio de los políticos? "Deben exigirla los votantes, aunque está claro que no existe ninguna reforma legal que pueda imponer eso. Lo que nos diferencia de otros países, como Alemania, los Países Nórdicos o Japón no es un peor marco legal, sino una peor ética pública", afirma Vaquer, que advierte también de que la mayoría de los casos que han salido ahora a la palestra no son episodios aislados ni recientes.

"Vienen de lejos, son actuaciones continuadas en el tiempo durante años, y que implican a mucha gente en muchas administraciones diferentes y en distintos partidos políticos, y en todos ellos, sobre algunos de los ahora imputados o acusados había ya hace años a noticias que apuntaban a que esto se estaba produciendo".

¿Existe, por tanto, cierta permisividad con los corruptos? "Existe una falta de voluntad y de medios, ambas cosas, pero tampoco lo podemos confiar todo a la justicia penal, mal nos irá si todo lo tienen que arreglar los jueces penales, que por definición son garantistas", opina Vaquer, que apunta a lo que, en su opinión, se encuentra en la raíz de los múltiples escándalos de corrupción que proliferan a lo largo y ancho del país: los fallos en la fiscalización previa del gasto en ayuntamientos o en los Tribunales de Cuentas autonómicos.

Y de nuevo, aquí, la cuestión presupuestaria se perfila como esencial. "Hay que dotar a estos órganos fiscalizadores de medios y autonomía real para que puedan actuar con celeridad y eficacia".

El Tribunal de Cuentas podría iniciar procedimientos sancionadores e imponer castigos si existe acuerdo del pleno. Sin embargo, está más que comprobada la dilación de sus actuaciones.

En septiembre del año pasado, por ejemplo, el organismo presentó el informe de la fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos relativo al ejercicio 2008. Teniendo en cuenta el retraso de cinco años, y que la ley establece un plazo de prescripción de cuatro años para delitos de financiación irregular, la conclusión está clara.

Aquel informe reveló que ninguno de los 32 partidos fiscalizados había presentado un informe relativo a la auditoria interna de sus cuentas. Una vulneración de la ley de financiación de partidos.

"Hay que revisar los controles previos en materia de contratación", reitera este profesor, "insisto mucho en ello, es verdad, pero porque una situación crónica no la pueden arreglar los jueces penales".

¿Por dónde pasan esos controles? "Por una mayor objetividad en las mesas de contratación, por convencernos de que no es posible que los alcaldes sigan decidiendo comprometer gasto o ejecutarlo cuando le ha puesto una objeción el interventor, por órganos de contratación plurales, por mayor transparencia en la contratación, por reducir a lo excepcional los procedimientos sin publicidad, por revisar la legislación del Tribunal de Cuentas... Se pueden mejorar muchas cosas en la legislación"."El delator de corruptos"

Si con Vaquer planteábamos esa relativa "permisividad" hacia la corrupción, preguntamos también a Agustí Cerrillo, catedrático de Derecho Administrativo y de Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya.

Hace unos meses, Betancor, Vaquer y Cerrillo formaron parte de la comisión de expertos nombrada por los distintos grupos parlamentarios para exponer ante el Congreso sus medidas contra la corrupción. Y entre ellas, resultó especialmente llamativa la figura del "delator de corruptos" en la Administración, propuesta por este último.

Personas cercanas a altos cargos que podrían resultar claves para detectar los hilos de los que tirar para descubrir casos de corrupción ocultos o situaciones de conflictos de intereses, similar a lo que a nivel europeo ocurre con la Oficina de Lucha contra el Fraude.

Sin embargo, es aún preciso avanzar en este terreno, sobre todo, porque estos "delatores" se sienten desprotegidos, y en muchos casos, optan todavía por callar por temor a posibles represalias.

Cerrillo plantea que esta medida debe ser complementaria a "otras de mayor importancia, como la transparencia de la vida pública o la garantía de la integridad de los cargos y empleados públicos".

La implicación social para descubrir casos de corrupción resulta, no obstante, fundamental. "Existe una clara dificultad para identificar estos casos porque los propios afectados no los ponen en conocimiento", afirma este catedrático.

Un ejemplo, "un licitador al que no se le adjudica un contrato a pesar de que sabe del pago de sobornos, muchas veces no lo denuncia porque sabe que si lo hace puede que nunca más se le vuelva a conceder ninguno".

"Es evidente que los mecanismos que existen no son suficientemente garantistas con los informantes o quienes denuncian la corrupción", concluye.Una ley de Enjuiciamiento Criminal de hace 130 años

La ley de Enjuiciamiento Criminal data de 1882, recuerda Gilberto Pérez del Blanco, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid. Una ley "parcheada" en numerosas ocasiones- el texto original cuenta con más de sesenta modificaciones parciales en su haber- que, en opinión de los expertos, resulta ya "totalmente obsoleta". La reforma de esta ley es, no obstante, un talón de Aquiles en todos los gobiernos de la democracia. "Ninguno ha tenido lo que hay que tener para cambiarla", afirma Del Blanco.

El intento del PP fue el Código Procesal Penal, como así ha denominado el Gobierno a su reforma de esta ley. Pero esa reforma es también otro de los proyectos del saliente ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que duerme aparcado en el cajón de Moncloa.

El informe encargado en su día por Gallardón a varios expertos establecía un modelo por el cual se otorgaba al fiscal la dirección de las investigaciones, lo que permitiría acortar los tiempos de la instrucción. Este fiscal investigador, que fue ya propuesto por el PSOE, tendría a su servicio a la Policía Judicial y estaría bajo la tutela de un juez de garantías, encargado de velar por los derechos de los ciudadanos. Además, el informe establecía un tiempo límite para las investigaciones de 18 meses, prorrogables a 36 en casos de especial complejidad.

"El juez está para garantizar que se respetan los derechos, por ejemplo, cuando se precisa pinchar un teléfono o acceder a un domicilio, pero no está para leer papeles y papeles", afirma Pérez del Blanco. Para eso, afirma, están las fuerzas de seguridad del Estado.

La reforma daría mayor peso en la instrucción a las fuerzas de seguridad del Estado, en colaboración con la actuación del Ministerio Fiscal, lo que implicaría al mismo tiempo una Fiscalía más independiente. "Aunque es comprensible que el Fiscal no está exento de presiones políticas, porque al fin y al cabo es designado por políticos, esto debería reducirse al máximo", advierte este experto.

La propuesta de un fiscal dotado de mayor protagonismo es defendida también porÁlvaro García, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales. "Por ejemplo, la fiscalía de Baleares es extraordinariamente rápida en la resolución de los asuntos: los llevan a los tribunales cuando es únicamente imprescindible la instrucción judicial y tratan de no complicarse la vida", explica. Ello, pese a que las islas son uno de los lugares señalados en rojo en el mapa de la corrupción en nuestro país.

"Pero también allí es donde los asuntos fluyen con una mayor agilidad", afirma el fiscal, "porque se tiene una visión muy práctica de lo que se puede llevar a juicio y lo que no, y en eso, la figura que tiene capacidad para distinguirlo es el fiscal".
Una solución, opina este experto, para "simplificar, entre comillas, procedimientos que de por sí son muy complicados, y que las defensas se encargan también de complicarlos", apostilla.Un mapa de la corrupción

Interesantes iniciativas partidas de Fiscalía han surgido en los últimos años. Es el caso de la propuesta que desde hace tiempo reclama el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, de un órgano encargado de recibir los planes de prevención de la corrupción a implantar en las distintas administraciones públicas.

Planes que se aplicarían en las instituciones a nivel estatal, autonómico y local, con el objetivo de reducir drásticamente las posibilidades de que puedan producirse prácticas ilícitas. En 2008, Portugal se convirtió en abanderado de esta propuesta al crear un Consejo de Prevención de la Corrupción, un ente vigilante de posibles desviaciones en las distintas administraciones.

"Es una especie de previsión de riesgo de corrupción, identificando aquellos lugares en los que pueda haber mayor riesgo, que será donde se deba poner el ojo a partir de unos protocolos en los que la transparencia es fundamental", aclara Álvaro García.

¿Pero esto es posible en cada una de las administraciones, teniendo en cuenta que únicamente existen ya más de 8.000 ayuntamientos? Este fiscal se muestra convencido de que sí, "es abarcable, hay posibilidades de reutilizar recursos, que quizás sea lo más interesante y utilizar los recursos de manera dirigida a determinados sitios. La idea sería que cada identidad pública identificase su mapa de riesgos de corrupción y detallado ese mapa, es donde posteriormente se intervendría para fiscalizar de alguna manera, pero ya tendríamos un protocolo".

Según un reciente estudio de la Universidad de La Laguna, en España hay 676 municipios salpicados por la corrupción en la primera mitad del siglo XXI. Por comunidades autónomas Andalucía es la que mas casos presenta con 154. Le siguen Valencia con 94 y Galicia con 66. La corrupción no distingue ni de colores ni de ideologías. En el 44% de los ayuntamientos afectados gobernaba el PP, en el 31% el PSOE, en el 22% partidos nacionalistas o locales yen casi un 3% izquierda unida.

Pese a ello, concluye también este estudio, el "castigo social" hacia la corrupción parece muy tibio. La mayor parte de los alcaldes imputados en casos de corrupción salieron reelegidos en las posteriores elecciones. 40 de los 69 candidatos implicados en procesos judiciales salieron elegidos en los comicios de 2011.

García recuerda además la necesidad de que se creen unidades de investigación "dotadas de recursos, estables, a tiempo completo y blindadas a la injerencia del poder político. Si sólo utilizamos a la policía y a los técnicos de Hacienda de vez en cuendo para esto, no van a hacer bien su trabajo. Necesitamos unidades especializadas en toda España".Las penas son suficientes, dicen jueces y fiscales, pero deben cumplirse íntegramente

"No necesitamos más arsenal legal, sino más medios y más jueces", así de contundente se muestra el catedrático Andrés Betancor, resumiendo lo que es sentir generalizado también entre jueces y fiscales.

El Código Penal establece cárcel para delitos de corrupción, es cierto, aunque la mayoría no supere los cinco años. La propia jefa de la Unidad de Delito de la Agencia Tributaria, Caridad Gómez, recordaba hace apenas unos días en el congreso anual de la Organización de Inspectores de Hacienda, celebrado en Bilbao, que lo habitual, además es que esas penas se fijen en la banda baja. Sólo 615 de los 64.000 reclusos de España se encuentran actualmente presos por delito económico, menos del 1% del total.

Según datos del ministerio de Interior, 300 personas cumplen penas de prisión por apropiación indebida, 150 por delito fiscal, 87 por blanqueo de capitales, 12 por fraude en cotizaciones de la Seguridad Social y 4 por delitos societarios.

Sin embargo, pese a que la percepción generalizada es de relativa impunidad, los profesionales de la judicatura son recelosos a un incremento penal. Sí, en cambio, sostienen, los castigos deben cumplirse en su totalidad.

"Una de las medidas más urgentes es el cumplimiento de las penas, y eso exige una revisión del indulto", sostiene Pablo Llarena, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. "No propongo que desaparezcan, pero sí que se establezcan limitaciones".

Según la iniciativa "el indultómetro", promovida por la Fundación Civio, entre las diez categorías de delitos que más indultos reciben se encuentran los cometidos por funcionarios contra las libertades individuales, la prevaricación, la malversación, los delitos societarios y finalmente los de detención ilegal.

En la práctica por tanto, aunque se "ejecute la pena, ésta se vacía de contenido", afirma Llarena, lo que se traduce en regímenes abiertos prácticamente concedidos en el momento de la entrada en la cárcel, terceros grados con excarcelaciones... "Creo que es fundamental que se establezcan penas que determinen la inhabilitación para cargos públicos", afirma.

Álvaro García, de la Unión Progresista de Fiscales, apunta por su parte a la necesidad de que el Código Penal incluya nuevos delitos que a día de hoy no contempla, y que enraizan con muchos procesos de corrupción. "Por ejemplo, el enriquecimiento ilícito no es un delito en este país", lamenta, "el hecho de que tú tengas un patrimonio sin justificar y que no eres capaz de decir de dónde lo has sacado no está tipificado, tampoco la financiación ilegal de partidos políticos, de empresas o de instituciones. Hay pequeños agujeros legislativos y formas de legislar que sí podrían ayudar".

Otro de los asuntos más polémicos es el de la prescripción de los delitos. Socialmente atacado, responde, en cambio, al principio de seguridad jurídica, contemplado constitucionalmente y recogido expresamente en nuestro Código Penal, según el cual, ninguna acción puede ser objeto de persecución policial y judicial eterna.

El artículo 131 del citado Código marca los tiempos que regirán este principio: así, por ejemplo, se establece que si el delito lleva aparejada una pena de entre cinco y diez años de prisión, la prescripción se producirá a los diez años; si la pena es de entre diez y quince años, a los quince, y si es superior, a los veinte. Para los casos de corrupción- delitos de fraude fiscal, cohecho y malversación- que llevan ligada una pena en la mayoría de los casos inferior a los cinco años, la prescripción va desde los cinco a los diez años.

"Quitando en algun país en el mundo anglosajón, en la mayoría de los países europeos existe esa figura", recuerda Marcelino Sexmero, de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. "Creo que eliminarlo estaría justificado en delitos con pena muy grave, como podrían ser los de terrorismo o de lesa humanidad, pero de lo que sería más partidario en los casos de corrupción sería, por ejemplo, en que se ampliase el umbral".

Entre otras medidas, Sexmero considera urgente un pacto de Estado para "frenar el deterioro institucional", y reclama, entre otras medidas, una modificación del sistema de elección del Órgano de Gobierno del Poder Judicial, cerrando de forma absoluta la posibilidad de que, aun de forma indirecta, el poder político pueda elegir el Juez que eventualmente haya de juzgarles, un incremento del presupuesto destinado a Justicia, la dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar las causas penales, la reforma de la Ley del Suelo y de "las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia", la revisión del Código Penal para que se tipifique como delito la financiación ilegal de los partidos políticos, la reducción del número de aforados, "que además deberá limitarse única y exclusivamente a los delitos que puedan cometer en el ejercicio de su cargo"."Insolventes" con dinero en paraísos fiscales

"A un delincuente puede que le "compense" pasar un par de años en la cárcel, si cuando sale puede tener todo su patrimonio, llegó a reconocer el juez Miguel Ángel Torres, instructor del caso Malaya.

En prisión desde marzo de 2006, el principal acusado de esta trama, Juan Antonio Roca, ha abonado hasta el momento únicamente 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil al Consistorio marbellí.

Recientemente, la Audiencia de Málaga le ha autorizado la venta de propiedades por valor de 8'1 millones de euros para abonar sus responsabilidades civiles en el caso Saqueo I, lo que le permitiría la libertad condicional por esta causa. La sentencia del caso Malaya cifra el patrimonio amasado de forma irregular por Roca en unos 100 millones. Marbella sólo ha recuperado tres de los más de 300 millones de euros que se deberían integrar si se ejecutasen todas las sentencias. La trama Gürtel costó al erario público 120 millones de euros.

"Está bien que exista reparación de los delitos, pero el daño ya se ha causado", opina Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, "pero no tenemos que centrarnos sólo en que se devuelva el dinero, lo fundamental debe ser actuar sobre las leyes para que no sea tan fácil cometer el delito", para erradicar la tentación.

En una mínima parte de los casos, los acusados por corrupción llegan a pisar la cárcel. Pero la devolución de la totalidad del dinero defraudado se arroja un imposible para las fuerzas de Seguridad. Aunque pueda dar impresión de lo contrario, la legislación contempla la devolución íntegra del dinero que se ha "esfumado", "La condena lleva aparejada una responsabilidad civil que obliga a volver a reintegrar absolutamente todo lo sustraído", explica Norberto de la Mata, catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco.

Para conseguirlo, se embargan cuentas y bienes y se sacan propiedades a subasta. "A lo largo del proceso, el juez instructor ya ha tenido que ir averiguando los bienes y solicitando fianzas para hacer frente a la responsabilidad civil. Si esa fianza no se ofrece, se embargan los bienes para garantizar que se cumple esa responsabilidad, aunque puede que no encuentren ningún bien", reconoce De la Mata.

Si el condenado no dispone de medios para hacer frente a las indemnizaciones o la devolución del dinero que establece la sentencia, caben pocas opciones para la Justicia.

Lo más frecuente es que se embargue el sueldo una vez que el acusado quede en libertad y se reincorpore al mercado laboral. Una mínima parte de las desorbitadas cantidades que se han escapado del erario público o que se han obtenido por métodos ilegales. Pero la recuperación del dinero se da prácticamente por descartada, porque la mayor parte suele estar oculta en cuentas en paraísos fiscales, y corre por todo el mundo a velocidad del rayo, a través de sociedades opacas y testaferros.

Que los procesados por corrupción se declaren insolventes, después de haberse apropiado en la mayoría de los casos de cientos de millones del erario público no deja de resultar sorprendente. "La insolvencia se declara cuando existe una condena para entregar una indemnización o multa, y cuando se busca, en ocasiones depués de años de búsqueda, el dinero no se encuentra a nombre de esa persona", explica Marcelino Sexmero, de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, "no se puede estar toda la vida buscando", justifica. Nos guste o no.

Las últimas operaciones anticorrupción, no obstante, han reforzado su "cautela" para que los agentes puedan capturar activos en el mismo momento en que se hacen las detenciones. No obstante, ello exige que la actuación se lleve a cabo de forma totalmente sorpresiva para evitar que los activos se volatilicen.

El acuerdo multilateral firmado ayer en Berlín, dentro del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, promovido desde el año pasado por el llamado G-5- Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, por representantes de 48 países y territorios de todo el mundo, entre ellos España, permitirá intercambiar de forma automática datos financieros de los contribuyentes.

Entre esos países, se encuentran 18 de los considerados paraísos fiscales, como Liechtenstein, Luxemburgo, Islas Feroe, Guernesey, la isla de Man, y Jersey, Anguila, Bermuda o Gibraltar. Sin embargo, eso será a partir de 2017 y en esa lista se detectan ausencias notables, como las de Suiza o Andorra, tradicionales destinos de los fondos evadidos por los defraudadores españoles. Así, hasta una veintena de paraísos fiscales en todo el mundo, que seguirán gozando de opacidad.

Las posibilidades de esconder el dinero son casi infinitas y los instrumentos "cómplices" del defraudador se sofistican y permiten una opacidad cada vez más perfecta. La mayor parte de las fortunas que operan en paraísos fiscales están ocultas en la intermediación de sociedades o empresas pantalla, que permiten hacer más opaco el vínculo con la titularidad, y, de esta forma, evadir impuestos y ocultar patrimonio.
Según los datos que maneja el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, 130.000 políticos y empresarios utilizan paraísos para esconder su dinero.

"Me temo que ese dinero no se devuelve nunca", afirma José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA), que no oculta su pesimismo fruto de años de experiencia, "ese dinero seguirá oculto en sociedades en paraísos fiscales que no son descubiertas por la policía".
"Salvo que exista una información previa es imposible seguir la pista porque nunca se sabe a nombre de quién están las cuentas. Necesitas un hilo del que tirar, como hemos visto en el caso Gürtel. Pero si no se tiene esa información es dificilísimo, te diría que imposible, descubrir ese fraude. Porque precisamente los paraísos fiscales se caracterizan por eso".

A lo complejo de llegar a ese "hilo" del que tirar se añaden también las trabas burocráticas que enmarañan aún más la complejidad de las investigaciones. Una vez descubierto dónde está el dinero oculto, aparece una figura clave: las comisiones rogatorias, requerimientos de información que realizan los jueces a otros países para avanzar en sus diligencias, para descubrir cuentas ocultas.

Desde el verano de 2009, cuando la trama de corrupción de la Gürtel comenzó a investigarse en la Audiencia Nacional, las autoridades de Suiza han remitido más de 40.000 folios en respuesta a 41 ampliaciones de comisiones rogatorias.

La colaboración ha permitido sacar a la luz algunos de los movimientos bancarios realizados por miembros de la red, por ejemplo, que Bárcenas llegó a acumular en el Dresdner Bank y el Lombard Odier de Ginebra un capital de más de 48 millones de euros y que seis millones fueron desviados a Argentina, Uruguay y EEUU. Desvelaron también sus viajes a Alaska, sus cenas de lujo y vacaciones en los Alpes. Pero esa colaboración es, en la mayoría de los casos, lenta y compleja, porque esas comisiones son estrictas y proporcionan una información ceñida únicamente a la respuesta que se solicita.

"Los países proporcionan únicamente lo que se pide", explica Mollinedo, "y si existe una mala petición, se recibirá menos. Si les piden el extracto de una cuenta, sólo se da de esa cuenta, aunque a lo mejor el sospechoso tenga tres. No existe colaboración activa. Y eso se produce porque las entidades responden únicamente a lo que se les ha requerido, pero no tienen por qué dar más información".

A eso se suma que muchos países se muestran "opacos" a la hora de suministrarla. Retrasan la entrega de los datos, o directamente los niegan. Es el caso cercano de Gibraltar, que según los técnicos de Hacienda, sólo responde a un tercio de las solicitudes que se cursan. El acuerdo redactado por el Gobierno hace cinco años para que se facilitara información automática a España no se llegó a firmar por los desacuerdos de la soberanía.

¿Cómo resolverlo? "Es necesaria una acción decidida de la OCDE para reducir esa opacidad o directamente suprimirla", opina Mollinedo.
Jueces y fiscales opinan además que la solicitud de las comisiones rogatorias debe partir de ellos, y alejarse en la medida de lo posible de los cauces del Ministerio de Justicia, de los que actualmente depende.