Afectados de las VPO de Lepe abordarán la próxima semana el derribo tras ratificar el TSJA la ruina

LEPE (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

Los afectados por las viviendas de protección oficial (VPO) de la calle Peral de Lepe (Huelva) abordarán la próxima semana con el Ayuntamiento del municipio el derribo del inmueble tras ratificar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la ruina del mismo.

El portavoz de los afectados, Joaquín Serra, explicó a Europa Press que el TSJA ha decretado "la ruina total y el derribo inmediato", confirmando así la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, que decretó su ruina en diciembre de 2007.

Así, Serra apuntó que aún no hay fecha para el derribo, pero consideró que "el Ayuntamiento está muy interesado porque por esa calle pasan a diario 400 jóvenes camino del instituto", por lo que insistió en que "tiene que ser inmediato para que no haya nada que lamentar".

"La justicia tarda, es lenta pero demoledora", afirmó este portavoz, que se mostró "contento porque, al final, más de diez años después, se ha conseguido" y concretó que la próxima semana se pondrá en contacto con el Ayuntamiento para acordar los pasos a seguir.

Por otro lado, informó de que el próximo 22 de mayo comparecerán los dos constructores cuyas declaraciones estaban pendientes en el Juzgado de Ayamonte, con motivo de la causa abierta por la vía civil para establecer las indemnizaciones que deben fijarse para cada uno de los propietarios, que solicitarán el gasto de las obras de construcción o de rehabilitación de las viviendas, los enseres dañados con el derrumbe y, además, daños morales.

Éstos ya fueron cifrados en 18.000 euros en el juicio por la vía penal celebrado en 2004, en el cual los imputados --administradores, arquitectos, técnicos y albañiles que intervinieron en las obras-- resultaron absueltos y el caso remitido a la vía civil.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva decretó en diciembre de 2007 la ruina de las 13 VPO de la calle Peral de Lepe (Huelva) que se derrumbaron en 1998, al determinar "prioritario" proteger la seguridad de las personas a los intereses de la promotora, que pidió la suspensión del derribo implícito en el decreto de ruina ya realizado por el Ayuntamiento lepero para proceder a la rehabilitación.

De la misma forma, el juez también se amparó en la determinación de los arquitectos, que argumentaron en el juicio que la "evolución de la ruina de las viviendas continuaba, no ofreciendo seguridad ni incluso en las obras de rehabilitación que pudieran llevarse a cabo".