Aragón defiende la central térmica de Mequinenza, que pueblos leridanos cuestionan

LLEIDA, 13 (EUROPA PRESS)

El director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), Carlos Ontañón, defendió hoy en Lleida las garantías medioambientales de la central térmica que promueve una empresa privada en Mequinenza (Zaragoza), a la que se oponen vecinos de pueblos leridanos de la zona.

El proyecto, al que en las últimas semanas han presentado alegaciones la Diputación de Lleida, ERC, CiU y PP, tiene concedidos los permisos ambientales de la comunidad autónoma aragonesa desde 2008, por lo que los promotores sólo tienen pendientes algunos trámites en materia de industria para iniciar las obras.

Ontañón participó hoy en la Delegación de la Generalitat en Lleida en la constitución de la comisión informativa y de seguimiento del proyecto de la central que el gobierno catalán propuso crear a los municipios leridanos más próximos a Mequinenza. En la reunión, convocada por el delegado de la Generalitat, Miquel Pueyo, participaron representantes de los gobiernos catalán y aragonés, alcaldes, el Consejo Comarcal del Segrià y representantes de la comarca oscense del Bajo Cinca, la empresa promotora de la planta y la plataforma Almatret.net.

En el encuentro, el director quiso transmitir un mensaje tranquilizador a los municipios vecinos y dijo que la autorización administrativa que el Gobierno de Aragón está llevando a cabo de manera reglada "es altamente garantista, tanto con respecto a la participación de las partes implicadas como en relación al cumplimiento de las exigencias ambientales".

El responsable del INAGA explicó que la administración aragonesa ha encargado un estudio de medición de la calidad del aire y de la presencia de ozono que servirá para comparar las evoluciones que se puedan producir una vez que la central entre en funcionamiento, hecho que se debe producir antes de que acabe 2011, cuando se cumplirán tres años de la concesión de los permisos ambientales para el proyecto presentado.

Los representantes de la Generalitat y del Gobierno de Aragón recordaron que la empresa promotora de la instalación, Carbonífera Energía, tiene que instalar dos estaciones de control atmosférico, una en territorio aragonés y otra en Catalunya, en puntos que cada administración determinará, para controlar la afectación en la calidad de aire que pueda tener la térmica.

En el supuesto de que los índices registrados superaran los límites permitidos, el Gobierno de Aragón decretaría la suspensión de la actividad de la central hasta que fueran corregidos, mientras que si la anomalía fuera detectada en terreno catalán sería la Generalitat quien pediría a la administración aragonesa que efectuara el cierre, según explicó Pueyo.