Así es la sala F, donde declara doña Cristina

Que la sala de un juzgado esté presidida por el retrato del Rey no es nada fuera de lo común. Aunque mañana cobrará un especial significado. Doña Cristina comparecerá desde la 10 horas ante el juez Castro en la sala F de los juzgados de Palma, y lo hará, ante la fotografía de su padre, que preside la sala. Un espacio de setenta metros cuadrados y aire vetusto, con seis ventanas, en la que también declaró su marido en su primera comparecencia, hace dos años.

El juez Castro se sentará en una silla de madera labrada. A su derecha, tendrá a la juez de apoyo, a la izquierda, a la secretaria judicial.

En el centro, una mesa también de madera. A los lados, las banderas de España y Baleares. A la derecha de doña Cristina se situarán las acusaciones: los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán; la abogada del Estado que ejerce la acusación particular en nombre de la Agencia Tributaria, Dolores Ripoll; un abogado de la comunidad autónoma de Baleares, y los representantes de la acusación popular en la que están personados el sindicato Manos Limpias y el Frente Cívico-Somos Mayoría.

A la izquierda, se colocarán los cuatro abogados que ejercen la defensa, y con Miquel Roca y Jesús María Silva al frente. Frente al juez, un pupitre con micrófono, en el que tendrá que declarar doña Cristina

El resto de la sala está ocupada por dos filas de bancos, en las que se sentarán los abogados personados en la causa, que representan a la treintena de imputados, y que deseen asistir a la declaración.

La Infanta dispondrá además de una pequeña salita anexa donde podrá tomarse un descanso durante los recesos de su comparecencia.

Doña Cristina comenzará a responder a las preguntas a las diez de la mañana. Deberá contestar al juez, el fiscal Anticorrupción y a su defensa. No está obligada a hacerlo con el resto de partes personadas.

La declaración sólo será grabada en audio, por petición de la defensa aceptada por el magistrado. El juez ha prohibido además a los abogados que entren con sus teléfonos móviles, tabletas o dispositivos electrónicos que permitan grabaciones. La duración es una incógnita. Podría estar fuera a la hora de comer, aunque en las comparecencias del juez Castro es difícil hacer pronósticos.Qué pasará fuera de los juzgados

Un escudo policial formado por 200 agentes, de Palma y llegados de la Península, protegerá la declaración de la Infanta. Desde las azoteas de los edificios cercanos, al entorno de los juzgados, desde el subsuelo en busca de posibles explosivos, al aire, a través de un helicóptero de la Policía que sobrevolará la zona.

El dispositivo de seguridad será estricto e incluye, entre otras órdenes, medidas como la revisión y el sellado de alcantarillas, algo habitual en actos en los que participa la Familia Real. La Guardia Civil se encargará de enviar agentes para controlar los traslados al aeropuerto de doña Cristina, que en principio no pernoctará en la isla y llegará mañana en vuelo regular.

Los vecinos también sufrirán los molestos cortes de tráfico. En este caso, el perímetro de calles cortadas será superior a otras ocasiones, y prácticamente toda la Vía Alemania, la avenida más cercana a los juzgados, estará cortada.

Las fuerzas de seguridad están advertidas de posibles manifestaciones. De momento, sólo se ha registrado una petición. La de la asociación Unidad Cívica de la República, que espera convocar a 300 personas. Aunque en Interior se sabe que las concentraciones serán más, sobre todo convocadas a través de las redes sociales. Los manifestantes estarán, esta vez, más alejados que en otras ocasiones, a más de cien metros de la calle que da acceso a la rampa de entrada al juzgado.

Las restricciones afectarán también al trabajo de los cámaras y fotógrafos. Unos 170 reporteros de los más de 300 acreditados se colocarán en una pequeña zona habilitada, esquinada, en la que no se podrán captar imágenes directas y encuadradas de esta rampa. Sólo podrán acceder, por turnos al patio de los juzgados, el lugar en el que siempre han trabajado los periodistas. La Policía lo justifica en razones de seguridad e incluso pretendió limitar toda presencia mediática en ese patio. El juez decano de Palma no lo permitió.