Barreras tecnológicas para luchar contra el maltrato


- Igualdad retrasa hasta septiembre las pulseras, que localizarán por GPS a las víctimas - Vídeo: Las coordenadas del machismo | Mapa: Violencia de género

“Hola Juan. Que te has olvidado de coger el STaR. Vale, gracias”. La que habla por teléfono es Mónica, coordinadora del centro de control a maltratadores de la Comunidad de Madrid. Juan es uno de los 155 hombres con orden de alejamiento de su pareja o ex pareja en vigor y que están bajo la vigilancia del Gobierno regional.

Juan y los otros 154 agresores controlados actualmente por orden de un juez y con el consentimiento de sus víctimas deben llevar en su muñeca o tobillo un aparato con forma de pulsera siempre “pegado a la piel” y otro equipo de localización GPS del que no puede separarse más de siete metros. De ahí el aviso de Mónica.

La Comunidad de Madrid invertirá en 2009 casi dos millones de euros para ampliar y mejorar el uso de estos dispositivos, en cuyo desarrollo fue “pionera a nivel mundial”. Eso supone doblar el presupuesto destinado al sistema de vigilancia en 2008. El Gobierno regional cuenta actualmente con equipos para atender a 225 mujeres. Las pulseras antimaltrato permiten realizar un seguimiento de 24 horas los 365 días del año del agresor o presunto agresor y dar atención telefónica constante a la víctima.

Garantías

Cualquier tentativa de manipulación de la pulsera es captada por el sistema. Un intento de cortar, sin intención maliciosa, el plástico que pudiera sobresalir al ajustar el aparato al cuerpo, genera una alerta en el centro de control. La pulsera comunica a través de radiofrecuencia a otro aparato en posesión de la mujer cualquier acercamiento –ya sea buscado o por casualidad- del hombre a menos de 400 metros.

La víctima recibe cuando esto ocurre un aviso acústico, o bien en el dispositivo con forma de teléfono –a través del cual se pondría en contacto con el centro de control pulsando un botón-, o bien en el busca que lleva consigo cuando sale de casa –cuya batería dura unas 24 horas y que también puede configurar para que vibre.

El dispositivo GPS que se había olvidado Juan –llamado STaR- cuenta con una batería que dura “aproximadamente unas doce horas de media”, lo que quiere decir que Juan debe también acordarse de ponerlo a cargar -el procedimiento es similar al de un teléfono móvil: basta con enchufarlo a la red eléctrica-. En ocasiones, puede llegar a durar hasta un día entero. “Depende del uso”, explican en el centro, precisando que ellos disponen de media hora para avisar al agresor desde que reciben el aviso del sistema. La pulsera no necesita cargarse; si bien debe reponerse cada tres meses.

Zona de exclusión

En el centro de control, los responsables –dos o tres personas por turno- captan la posición del agresor mediante GPS, pero no la de la víctima. Sí tienen vigiladas las áreas dónde más tiempo pasa la mujer, como son su domicilio o su lugar de trabajo. A partir de esta posición, establecen una zona de exclusión –en función de la orden de alejamiento que haya dictado el juez-, así como también una zona de pre-exclusión.

En el techo del centro, los responsables cuentan con dos focos de color azul situados en techo que se encienden y emiten un pitido cada vez que el sistema registra una alerta. Este mecanismo funciona sólo de noche. “Durante el día, tenemos desactivada esa señal, porque estaría sonando permanentemente [un despiste como el de Juan es considerado como una alerta por el sistema] y estamos atentos al ordenador”.

La comunicación entre los encargados de la vigilancia y los usuarios es permanente. “En caso de que perdamos la posición GPS del infractor, lo que hacemos es intentar ponernos en contacto con él. Puede pasar, por ejemplo, que se haya metido en el metro y que se haya perdido la señal”, indican. Cuando el infractor penetra en la zona de exclusión o se acerca a la víctima más de lo permitido y no responde a los avisos de los responsables, estos alertan a las UPAP (Unidades de Prevención, Asistencia y Protección contra los malos tratos a la mujer) de la Policía Nacional.

Filtro

“El recurso en Madrid funciona criminalmente mal”, asegura la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, que considera que “debería estar gestionado directamente por la policía”. Con ello, cree que se ganaría capacidad de reacción. La Consejería de Justicia explica que “la empresa privada actúa como un filtro”. “Se trata de evitar falsas alarmas”, indican las fuentes, que aseguran que la situación sería “caótica” si los agentes tuvieran que estar pendientes de cada aviso del sistema.

Consuelo Abril, presidenta de la Comisión para la investigación de malos tratos, considera las pulseras un “mecanismo muy útil” pero que “aún debe perfeccionarse”. Aunque asegura que “cualquier medida de estas características es eficaz”, defiende la importancia de las unidades de valoración de riesgo que ya existen en algunos Juzgados de Violencia sobre la Mujer. “Hay mucha desigualdad [en la aplicación de estas unidades]; debería haber una equidad territorial”, explica.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis –que presta asistencia jurídica gratuita a víctimas-, Altamira Gonzalo, coincide en la necesidad “fundamental” de que “en los juzgados cuenten con” estas unidades de valoración. “No se dan con el grado de generalización que debieran”, explica. Gonzalo ve en las pulseras “un complemento, un medio de protección más que por sí sólo no es seguro”.