Los beneficiarios de rentas mínimas de inserción -prestaciones de las comunidades autónomas para personas sin ingresos y en riesgo de exclusión social- aumentaron un 28% en el ejercicio 2015, hasta 789.672 perceptores, mientras que el gasto medio anual por beneficiario creció un 1,48%, hasta 1.514,2 euros.
Son datos recogidos por el Consejo Económico y Social (CES) en su última memoria anual, en la que pone de manifiesto la necesidad de una mayor coordinación entre las administraciones para reforzar unas ayudas que no constituyen un verdadero sistema de protección social, sino una red de prestaciones que varían de una región a otra.
El País Vasco es la comunidad que más gasto dedicó al abono de la renta mínima de inserción (RMI), con 3.236 euros por cada beneficiario en 2015 frente a los 514 euros de Castilla-La Mancha, en tanto que el gasto total en el conjunto del país fue de 1.359 millones, el 16,5% más que un año antes.
La cuantía mínima promedio por titular y mes creció en 2015 hasta los 435,80 euros, casi un 4 % más, después de dos años de descenso que rompieron con la dinámica creciente registrada desde 2002, mientras que la cuantía máxima promedio por unidad familiar y mes también creció, un 1%, hasta 671,54 euros.
La cuantía de la renta también cambia por regiones, desde los 648,60 euros por titular y mes de Navarra hasta los 300 euros de Ceuta y Murcia. La memoria del CES explica que los años de crisis han dejado "profundas secuelas", a pesar de la mejora de la economía y el empleo, y destaca que dado que las políticas sociales están descentralizadas es importante "aunar esfuerzos" para robustecerla cohesión social "en el trayecto de la recuperación".
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