El reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ampara el derecho al olvido de Mario Costeja contra Google no solo ha puesto patas arriba al gigante tecnológico, que ya trabaja en una herramienta para aplicar el mandato judicial, sino que también ha revolucionado a la sociedad. Tras la resolución, que venía a responder cuestiones planteadas por la Audiencia Nacional, se ha producido una explosión de consultas ante los distintos organismos que algo tienen que ver con el tema.
El propio bufete que ha provocado el dictamen, Abanlex, confiesa que el teléfono no ha dejado de sonar. "Hemos recibido más de una veintena de consultas sobre la materia, que es muchísimo más de lo que veníamos recibiendo hasta ahora, ya que nosotros nos centramos más en empresas que en particulares", explica Joaquín Muñoz, abogado que ha llevado el proceso, quien admite que aceptaron el caso porque suponía un reto.
Otro despacho especializado en tecnologías de la información, Écija, también ha sido bombardeado por ciudadanos que quieren saber si sus problemas encajan en el camino marcado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. "Hemos notado un incremento importante de peticiones para defender el derecho al olvido esta última semana", admite Alejandro Touriño, uno de los letrados especializados en estos temas, quien vaticina que sin duda "las solicitudes aumentarán aún más en la medida en la que se vayan estableciendo unos mecanismos más sencillos por parte de los proveedores (buscadores) que se ajusten a esta nueva jurisprudencia".
De hecho, uno de los puntos que muestra la revolución que significa el fallo del alto tribunal comunitario es todo el trabajo que queda por hacer en los juzgados. Por el momento, 200 casos esperan ser abordados en la Audiencia Nacional a la luz del nuevo criterio establecido por Europa, entre los que se encontraba la denuncia de Mario Costeja. En este sentido, Joaquín Muñoz recuerda que "la sentencia dice que cada caso debe estudiarse individualmente" y que poco a poco habrá que ir definiendo los aspectos más concretos, como "cuánto tiempo tiene que pasar para que una información deje de estar vigente"."No se trata de que cualquier persona por capricho solicite que el buscador no le indexe; tendrán que cumplirse ciertos requisitos", añade Muñoz.
El desconcierto generalizado está provocando que los ciudadanos se lancen a preguntar a quien primero se les ocurre. La abogada de la Asociación de Internautas, Ofelia Tejerina, reconoce que "hay mucha confusión". A la propia Asociación, admite, han llamado muchas personas tras publicarse la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. "Se han incrementado mucho las consultas, pero se trata de preguntas que hace la gente respecto a la noticia, porque la mayoría no sabe si su caso está dentro de lo recurrible", asegura. "Los ciudadanos solicitan orientación y tienen muchas dudas", agrega.
Es la misma sensación que tienen en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), donde también hablan de un notable incremento del interés de las personas por el tema, aunque aún no se atreven a dar una cifra concreta, ya que existen unos plazos establecidos en este tipo de reclamaciones y "todavía es pronto" para sacar conclusiones sobre la repercusión social que ha tenido el fallo judicial. Si alguien quiere demandar, explican desde la AEPD, primero tiene que ir al buscador. Luego, continúan, "hay un plazo de diez días para que Google atienda el derecho". Si éste no lo hace, entonces es cuando el ciudadano puede acudir a la agencia.
Protección de Datos recibió por primera vez reclamaciones relativas al derecho al olvido en 2007, cuando tres personas solicitaron poder controlar su propia información personal. Un año después, 18 ciudadanos pidieron amparo en la agencia. En 2009, la cifra aumentó hasta los 57 individuos. En 2010, 89. En 2011, 156. Y en 2012, último año del que se tiene registro publicado, hubo 199 reclamaciones. Desde la AEPD explican que el dato relativo a 2013 se sitúa en torno al del año anterior.
Será en 2014, a raíz de la sentencia, cuando se produzca previsiblemente un mayor incremento, dadas las numerosas consultas que se están presentando ante los distintos organismos que algo tienen que ver con la materia.
El pasado 13 de mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Google debía dejar de indexar información lesiva relativa a Mario Costeja, que había denunciado que siempre que se ponía su nombre en el buscador éste enlazaba con una noticia antigua sobre una deuda que en su momento adquirió el ciudadano y que ya estaba saldada.
Costeja ha peleado en los tribunales durante seis años por lo que se ha venido a denominar derecho al olvido. Otros 200 casos similares al suyo esperan la resolución de la Audiencia Nacional, que tiene ahora fundamentos jurídicos –gracias a la sentencia comunitaria– para resolver individualmente.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios