Confirman la detención del líder del PIL en la presunta trama de corrupción de Lanzarote

  • Las Palmas de Gran Canaria, 25 may (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirmó esta tarde que Dimas Martín es uno de los detenidos por la trama de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Arrecife, así como los concejales de la corporación Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez, ambos también del PIL.

Confirman la detención del líder del PIL en la presunta trama de corrupción de Lanzarote

Confirman la detención del líder del PIL en la presunta trama de corrupción de Lanzarote

Las Palmas de Gran Canaria, 25 may (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirmó esta tarde que Dimas Martín es uno de los detenidos por la trama de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Arrecife, así como los concejales de la corporación Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez, ambos también del PIL.

Mediante un comunicado, el TSJC informó de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Arrecife, que instruye la denominada "Operación Unión", ha corroborado, además, que entre los arrestados figuran igualmente María Elena Martín, hija de Dimas Martín y jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento, y el jefe de la Oficina Técnica Municipal, Juan Rafael Arrocha.

Segundo Rodríguez, ex alcalde de Tinajo y ex consejero del Cabildo, es otro de los nueve detenidos que hasta ahora se han producido en esta operación, sobre tres de los cuales no se ha confirmado la identidad oficialmente, se añade en la nota del Tribunal Superior.

En ella se recuerda que Dimas Martín, que se encuentra en prisión cumpliendo una condena por irregularidades en la gestión pública, es ex presidente del Cabildo de Lanzarote y que Ubaldo Becerra es teniente de alcalde y concejal del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Arrecife, del que José Miguel Rodríguez es concejal de Hacienda y Urbanismo.

La trama de corrupción municipal y urbanística desmantelada hoy en el Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, dirigida por varios políticos del PIL (Partido de Independientes de Lanzarote), se dedicaba a cobrar comisiones ilegales a empresarios, según la Guardia Civil.

La operación policial, bautizada con el nombre de Unión y que se ha extendido a Gran Canaria, se inició a raíz del cobro de una de estas comisiones, de 100.000 euros, que fue interceptada por la Guardia Civil a uno de los intermediarios de la red en el momento de su entrega.

Aunque el Tribunal Superior de Justicia informó esta mañana de la detención de diez personas implicadas en esta trama, ahora ha confirmado que realmente son nueve, si bien se ha precisado que no se descartan más arrestos.

Sobre los tres detenidos cuya identidad no ha confirmado el TSJC, fuentes próximas a la investigación han asegurado que se trata de un empresario de Gran Canaria y dos intermediarios.

A los detenidos se les imputan delitos contra la Administración Pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, exacciones ilegales y contra la ordenación del territorio.

En esta operación, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han registrado las dependencias del Ayuntamiento de Arrecife y de su Oficina Técnica, un despacho y varios estudios de arquitectura, así como los domicilios de algunos de los detenidos y la celda que ocupa Dimas Martín en la prisión de Tahiche.

Según la Guardia Civil, la investigación ha permitido desarticular "una importante trama organizada" dedicada al cobro de comisiones presuntamente ilegales a empresarios cuyos intereses económicos "dependen en buena medida de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización".

La Guardia Civil, que también investiga una supuesta manipulación de la adjudicación del avance del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife, ha informado de que la operación se encuentra bajo secreto de sumario y continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.