90 personas dependientes mueren al día en España sin recibir ningún tipo de ayuda

La crisis se cebó con los más débiles. Así lo muestran multitud de informes elaborados tras calmarse las aguas de la debacle que comenzó hace una década y volver la economía española a crecer. Sin embargo, los estragos continúan afectando a los grupos de población con menos armas para defenderse.

Así lo demuestra el XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, que elabora anualmente la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Afirma que desde 2012 han fallecido 150.000 personas dependientes con derecho reconocido a recibir una prestación, pero que jamás fueron atendidas. Esto supone que 90 personas fallecieron al día mientras esperaban que el Estado cumpliese con su labor.

El Observatorio no denuncia que muriesen por esa causa, sino que fallecieron "con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones".

En España 1.213.873 personas tienen reconocida su situación de dependencia, lo que supone que el 2,6% de la población necesita apoyos, de mayor o menor intensidad, para desarrollar las actividades básicas de su día a día.

Aun así, 348.309 están en lista de espera, el 29% del total, siendo un 35% de ellas, unas 122.000, diagnosticadas como dependientes de grado II o grado III, de modo que tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado. Otras 865.564 están siendo atendidas por el Sistema.Recorte por valor de 3.672,2 millones de euros

Una situación que indudablemente está relacionada con la menor cantidad de ayudas que perciben las comunidades autónomas por parte del Estado. Desde 2012 se ha producido un "recorte acumulado" de 3.672,2 millones de euros.

En concreto, afirma que la financiación se ha reducido en dos apartados. Por una parte, desde julio de 2012 a hasta diciembre de 2016 las comunidades recibieron 2.236 millones de euros menos. Mientras que en la faceta de cuantías de las prestaciones por cuidados familiares el Estado ha dejado de invertido "casi mil millones de euros".

Lo cierto es que el Estado debería aportar el 50% para sufragar los gastos del sistema de dependencia, pero la realidad es que solo cede el 17% y las comunidades ponen el 83% restante.

Los responsables del informe destacan la "sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos por cotizaciones e impuestos directos", a pesar del descenso de la inversión. En 2016, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 39,5%. "Si se atendiera ya a las 350.000 personas en espera se generarían más de 90.000 empleos directos", asegura el Observatorio. Además, afirman que se ha generado una "pérdida acumulada de 900 millones de euros en recaudación directa por cuotas a la Seguridad Social, IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades" debido a los puestos no generados.Se tardarían cinco años en cumplir con la lista de espera

Desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales se destaca que "2016 confirma una recuperación del Sistema de Atención a la Dependencia que se inició en 2015, al calor de la sensibilidad de los nuevos Gobiernos Autonómicos", aunque el sistema continúa teniendo enormes taras. 

Una de ellas es la imposibilidad de cumplir con la lista de espera si no se incrementan los esfuerzos para atender a los dependientes. El informe calcula que se tardarían 5 años solo para atender a la actual lista de espera. La petición de los autores del estudio es "recuperar lo recortado plasmándolo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017".Castilla y León, la comunidad con menor lista de espera

No obstante, la lista de espera muestra notables diferencias dependiendo de la comunidad. Mientras en Castilla y León sólo el 0,61% de los dependientes reconocidos están esperando, en Canarias la cifra se sitúa en el 45,22%. Las dos caras de una moneda que desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales definen como "gravísimas desigualdades".

Otras seis comunidades están por encima de la media nacional: Cataluña, donde el 41,72% de los dependientes aún no tienen la ayuda reconocida; Aragón, con el 37,36% esperando; Castilla-La Mancha, donde la lista llega al 35,96%; Andalucía con un 35,82%; Navarra, donde es del 30,75%; y Extremadura, con el 30,45%.

Las comunidades que van a la zaga de Castilla y León son Ceuta y Melilla, con un 4,11; Madrid, con un 14,42%; Asturias, donde la tasa está en el 15,6%; y Murcia, con un 16,48%. Cerca de la media nacional se encuentran Baleares (21,36%), País Vasco (22,48%), Cantabria (23,28%), Comunidad Valenciana (24,36%), Galicia (26,16%) y La Rioja (27,255).Cantabria, la que más invierte

Como ya se ha dicho, es sobre los hombros de las comunidades sobre los que recae la responsabilidad de financiar el sistema de atención a la dependencia. Así, en 2016, la comunidad autónoma donde más dinero se invertía por habitante potencialmente dependiente era Cantabria, con 906,51 euros, seguida del País Vasco, con 898,09 euros.

Por encima de la media nacional, situada en los 554,97 euros, se puede ver a La Rioja, que destinó 767,59 euros; Castilla-La Mancha, con 758,03 euros; Madrid, donde son 675,24; Murcia, 651,44 euros; Cataluña, 628,25 euros; Andalucía, 613,48; y Extremadura, con 610,80 euros.

De nuevo, el reservo oscuro del sistema es Canarias, que con 300,10 euros, es la comunidad autónoma que menos invirtió por dependiente. Es seguida de Valencia, con 366, 73; Baleares, con 409,6 euros; Galicia, donde son 409,69; Aragón, que llega a 424,97 euros; Asturias, con 443,35; y Ceuta y Melilla, que están en 484,68 euros por cabeza. Navarra se encuentra al borde de la media nacional con 529,33 euros por dependiente.Las notas por comunidad: solo dos sacan notable

Gracias a estos indicadores el Observatorio asigna puntuaciones a las distintas comunidades autónomas por su gestión del sistema de dependencia. Ocho suspenden y sólo dos superan el notable, mientras el resto se quedan entre un 'suficiente' y un 'bien'. La nota media para toda España no llega al cinco: 4,96 sobre 10.

En concreto, Castilla y León saca un 8,93 y La Rioja consigue un 7,86, las dos notas más altas de la tabla. Después van Andalucía, con un 6,79; Castilla La Mancha, con 6,79; Madrid, Galicia y Murcia que obtienen 6,07 puntos; País Vasco saca un 5,36; y Extremadura un 5. Suspenden Asturias, con un 4,64; Ceuta y Melilla con un 4,29; Cataluña, que tiene un 3,93; Baleares y Cantabria, con 3,57: Comunidad Valenciana con un 3,21; Navarra con 2,86; Aragón con un 2,5; Canarias 1,79.