Diputación de Salamanca reduce a 50 puntos de capacidad funcional el baremo para optar a las plazas de sus residencias

SALAMANCA, 30 (EUROPA PRESS)

La corporación de la Diputación de Salamanca aprobó hoy en el pleno ordinario la reducción de las puntuaciones de capacidad funcional para aquellas personas que estén interesadas en optar a las plazas que vayan quedando vacantes en sus centros residenciales.

Este acuerdo, que contó con el voto positivo de los dos grupos, Popular y Socialista, permitirá que los dependientes puedan cumplir la normativa si alcanzan los 50 puntos en la capacidad funcional frente a los 65 que se solicitaban anteriormente.

Según explicó el delegado del área de Bienestar Social, Alfredo Martín, esta decisión pretende igualmente equiparar sus criterios a los ya aprobados por la Junta de Castilla y León para sus instalaciones.

Durante el debate del pleno, el portavoz socialista mostró su conformidad con esta propuesta, pero solicitó al responsable de la materia en el equipo de Gobierno que les facilite un estudio en el que se muestre cómo afecta esta variación a las personas que ya se encontraban en situación de lista de espera para acceder a las residencias provinciales, una petición que será correspondida, apuntó Alfredo Martín.

Además, en el pleno de la Administración provincial también se aprobaron el acta de la última sesión y un crédito por valor de 92.527 euros del Organismo Autónomo de Empleo y Desarrollo Rural, y se dieron a conocer las resoluciones adoptadas por la Presidencia desde el 23 de marzo al 18 de abril.

Por otra parte, se aprobó con el voto a favor del Grupo Popular y en contra del Grupo Socialista el Expediente de modificación de créditos con un importe de 259.851 euros para pagar una serie de facturas entregadas en el pasado ejercicio.

Según el diputado de Economía, Avelino Pérez, se trata de un trámite necesario para pagar unas facturas que llegaron a final de año cuando ya estaban vistas las cuentas. En cambio, el portavoz socialista aseguró que se trata también de pagos del primer trimestre de 2008 que todavía no han sido abonados a las empresas por "falta de capacidad" del Gobierno provincial.