La discrepancias por la ausencia de bolardos inauguran el carnaval de los reproches

  • Superado el preceptivo tiempo de duelo, tras el atentado de Barcelona y Cambrils, llega la hora, como era de temer, de los lamentos y recriminaciones. 

    La Generalitat descartó aplicar esta protección, y según Jordi Turull, conseller de Presidencia, "se optó por colocar refuerzos policiales en puntos estratégicos".

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José Luis Roig

Superado el preceptivo tiempo de duelo, tras el atentado de Barcelona y Cambrils, llega la hora, como era de temer, de los lamentos y recriminaciones. El más inmediato hace referencia a la cuestión de por qué no se colocaron en puntos estratégicos unos bolardos o grandes maceteros que impidieran posibles crímenes

con vehículos motorizados. 

Todo el mundo sabía que las Ramblas de Barcelona eran un objetivo prioritario para los terroristas, y que unos simples maceteros hubieran evitado que una furgoneta se colora por el medio del paseo y realizara un atropello múltiple. No hace falta ser miembro de ninguna agencia de inteligencia para llegar a la sospecha fundada de que el atentado de las Ramblas se pudo evitar en buena medida.

Esta grave circunstancia cobra más realce al recordar el dato de que el Ministerio de Interior y la dirección general de la Policía recomendaron a finales del año pasado, tras el atropello masivo en una feria navideña de Berlín y en Niza en julio del 2016, instalar medidas de protección física para prevenir ataques similares.

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La Generalitat descartó aplicar esta protección, y según Jordi Turull, conseller de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, “se optó por colocar refuerzos policiales en puntos estratégicos, y esta decisión se respetó por parte de todos”. Turull se refiere a que ni el Ayuntamiento ni los mandos policiales se

opusieron a esta medida. 

Es la versión y la respuesta de la Generalitat a la grave acusación lanzada horas antes desde el Consistorio presidido por Ada Colau, que culpa al Gobierno catalán de la falta de protección en la Rambla. El teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, insistió en que “las medidas antiterroristas las determinan los responsables de Interior”, y que el Ayuntamiento únicamente “colabora y aplica las instrucciones”. Y añadió que jamás desde la alcaldía se han negado a poner bolardos, sino todo lo contrario, siempre que se les ha solicitado ponerlos lo han hecho.

La última vez que se instalaron protecciones físicas fue en el entorno de Fira de Barcelona durante la celebración del Mobile World Congress. Por su parte, el portavoz del Gobierno catalán, en declaraciones a la emisora de radio Rac-1, ha realizado un comentario que deja ver claramente el gran malestar que han provocado estas acusaciones: “Entrar en esta cuestión de los bolardos es de muy mala fe”.

La imagen de unidad que ofrecieron todas las administraciones, tanto estatales como autonómicas y locales, en la manifestación de la plaza Catalunya puede tener sus horas contadas. Llega la hora de analizar los hechos, no para ensanchar las heridas, sino para aprender de lo sucedido y ampliar la eficacia en la lucha contra el terrorismo, pero no todos los cargos públicos y políticos lo ven de este modo positivo, algunos pretenden rentabilizar la tragedia.

Será difícil evitar que los oportunistas, por calificarlos suavemente, se resistan a la tentación de sacar a pasear el dedo acusador y no aprovechen el dolor de los atentados para arrimar el ascua a sus intereses. De momento, ya se han evidenciado roces y discrepancias entre dos instituciones catalanas por los

bolardos, y un enfrentamiento dialéctico entre el ministerio del Interior y la Generalitat por si está o no desactivada la célula terrorista.

El carnaval de los reproches ya ha comenzado.

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