¿Dónde guarda mis datos el Estado?


Existen una gran variedad de bases de datos sobre seguridad nacional que conforman una sopa de siglas de difícil digestión. Éstas van desde las específicas sobre delitos concretos, como el registro referente a delitos de violencia de género, hasta las transversales, en las que se recogen datos de otros archivos.

Algunas de estas bases de datos, que dependen en muchos casos de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, han ido dándose de alta públicamente para adecuarse a la Ley de Protección de Datos (consulta el Boletín Oficial del Estado en PDF o su alta en la Agencia de Protección de Datos):

BDSN (Base de Datos de Señalamientos Nacionales). En este archivo se incluyen todas las reclamaciones judiciales pendientes que afectan a nuestro país. Es un gran archivo nacional en el que participan o tienen acceso tanto los cuerpos de seguridad nacionales como las policías autonómicas.

INTPOL. Archivo en el que se registran los datos de todas aquellas personas incluidas en un procedimiento judicial, desde su identidad o su voz hasta sus huellas dactilares, posesiones, formación, antecedentes, actividades…

SRI (Sistema de Registro de Investigaciones). En este archivo se centralizan las investigaciones sobre el crimen organizado en coordinación de los cuerpos policiales con Vigilancia Aduanera. Según datos del Ministerio del Interior, hasta el pasado 30 de septiembre se tenían 213 investigaciones referentes al tráfico de drogas y 107 por blanqueo de capitales. Está vinculado con el SENDA (Sistema de Análisis, Evaluación y Explotación de Datos sobre Drogas), en el que se analizan y siguen los casos de las operaciones hasta la publicación de las sentencias correspondientes.

INT-SAIP, siglas que corresponden a un fichero que contiene datos de perfiles genéticos con valor identificativo, es decir, el controvertido registro de ADN que entró en vigor tras su publicación en el BOE en 2007 (PDF). En el archivo, que funciona con un softwate denominado Codis, proporcionado de forma gratuita por el FBI estadounidense, sólo se registran datos cuando un sospechoso accede voluntariamente o, en caso contrario, mediante autorización judicial. Su acción entra en relación con otros ficheros, como el FÉNIX, desde el que se pueden vincular muestras de ADN con personas desaparecidas o cadáveres sin identificar, o el ADNIC, para identificación de muestras de origen conocido.

GCVOX / LOCUPOL, ficheros en el que se contienen y analizan grabaciones de audio de individuos investigados por delitos, así como su correspondiente identificación personal. Pertenecían respectivamente a Guardia Civil y Policía Nacional (publicación del BOE en PDF) antes de su integración bajo un mando único. Su captación puede venir de cámaras de vigilancia o de SITEL, el sistema utilizado desde 2003 por el Ministerio del Interior para interceptar y grabar conversaciones telefónicas previa autorización judicial.

Además de éstas, hay otras bases de datos que no aparecen en la orden ministerial citada anteriormente, pero que sí aparecen reflejadas en diversos documentos:

SAID (Sistema Automático de Identificación Dactilar). Puesto en marcha en 2005, es uno de los ficheros utilizados por la Policía Científica, en el que se recogen las huellas dactilares de las personas que han sido detenidas para facilitar su identificación en caso de reincidencia. Las huellas de los ciudadanos (contenidas en el DNIe) no se incluyen en este fichero.

SICOA (Sistema de Información Común Antiterrorista). Es un fichero único en el que se recogen las operaciones antiterroristas desarrolladas por los distintos organismos de seguridad nacional, incluyendo al CNI, cuya puesta en marcha se impulsó, como el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, tras los atentados del 11 de marzo de 2004.

FDVG (Ficheros de Datos de Violencia Doméstica y de Género). Publicado en el BOE en enero de 2008 (PDF), en este archivo se contienen datos sobre la comisión de infracciones penales vinculadas a la violencia doméstica y de género: datos de los acusados, situación penitenciaria, medidas judiciales de protección para las víctimas… Los datos se archivan cuando se archiva la causa contra los acusados o cuando finaliza la vigencia de la medida judicial de protección sobre la víctima.

SIA (Sistema de Identificación Automatizado). Utilizado por Instituciones Penitenciarias desde 2007 (PDF), contiene todos los datos relativos a los presos del país: entradas y salidas de la cárcel, permisos, traslados…

El último registro en ser puesto en marcha fue el conocido como “registro de pederastas”, cuya creación fue aprobada por el Congreso de los Diputados durante el verano pasado y que entró en vigor el pasado mes de febrero con el visto bueno de la Agencia de Protección de Datos siempre que su acceso no fuera público.

Pero las citadas no son las únicas bases de datos, hay decenas: jugadores prohibidos en casinos, registro de apátridas, ficheros con quién ha visitado ministerios… Incluso hay empresas privadas que desarrollan software para almacenamiento de datos tan dispares como el SREN (Sistema de Rastreo de Explotación de Niños), que funciona en todo el mundo gracias a un software cedido por Microsoft, o el SICAR 5, que permite la identificación de huellas de calzado (PDF) en investigaciones policiales.