El alcalde de Vigo, del PSOE, se resiste a la retirada de una cruz franquista

El alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), se resiste a acatar una sentencia que ordena la retirada de una cruz homenaje a los caídos del bando nacional a cuya inauguración acudió el propio Francisco Franco en 1961, y que ya ha avanzado que recurrirá hasta las últimas instancias judiciales.

El argumento principal del regidor socialista, que ocupa la vicepresidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), es que el Pleno de Vigo acordó en 1981 por unanimidad de todos los grupos, entre los que había representación nacionalista y comunista, despojar a la cruz de toda connotación franquista.

Entonces fueron retirados de la cruz sendos lemas en los que se podía leer: "Caídos por Dios y por España" y "Presentes", dos escudos preconstitucionales y el emblema de la falange.

En su sentencia, el juez considera acreditada la vinculación entre los orígenes del monumento, su finalidad, los responsables de su construcción y su utilización durante veinte años, con una exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura.

Sobre el emplazamiento de la cruz, de 12 metros de altura, en la cabecera del parque que corona la ciudad, frente al actual edificio del ayuntamiento, el juez afirma que la convierten en "un testimonio presente del triunfo de los vencedores en la Guerra Civil y memoria de la humillación para los vencidos, sus víctimas y descendientes".

"Acatamos la sentencia, pero seguiremos el procedimiento jurídico como hacemos con todos los casos", ha proclamado Caballero, que ha advertido de que "el 95%" de los recursos presentados por la corporación "los ganamos".

El alcalde de Vigo ha subrayado que en la ciudad "no hay un solo símbolo fascista vigente", y que bajo su mandato se retiraron "por docenas" y también se rebautizaron calles con nombres de represaliados y asesinados.

También ha señalado que existe "un acuerdo total" en el gobierno local con respecto a la presentación del recurso, a pesar de que algunos de sus miembros, entre ellos la teniente de alcalde, Carmela Silva, firmó en su día a favor de la demolición de la cruz de O Castro.

El abogado de la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36, impulsora de la demanda, cree que la sentencia es "muy difícil", si no "imposible de tumbar".

Guillermo Presa ha recalcado que es "sólida" y está "perfectamente armada, muy bien razonada", por lo que ve pocas opciones de que pueda prosperar el recurso del PSOE, que gobierna en minoría en Vigo.

Sobre el principal argumento al que se aferra Caballero, el acuerdo plenario de 1981, ha indicado que el juez se limita a aplicar la Ley de Memoria Histórica de 2007, por lo que "poco hay que discutir".

Precisamente porque aquella ley la aprobó un gobierno socialista resulta "completamente fuera de lo razonable" la actitud del alcalde, según Telmo Comesaña, presidente de la asociación demandante.

Comesaña ha instado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al líder del partido en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, y "a las bases" a que "tomen consciencia de lo que está pasando", y ha invitado a los grupos de la oposición en Vigo, PP y BNG, a que impidan la presentación del recurso anunciado por Caballero.

Ha subrayado que en la asociación no son "talibanes" ni pretenden ir contra la simbología religiosa, sino que lo que tratan es "que haya justicia" y se elimine "una espada clavada en el corazón de Vigo".

En la misma línea, Margarita Caballero, de 90 años, ha dicho que en su condición de católica comprende que la retirada de esta cruz pueda "sentar mal" a determinados sectores sociales, pero se ha preguntado "¿qué pueden pensar?" los familiares de víctimas y represaliados del franquismo cuando pasan por delante de ella.

El PP de Vigo acata la sentencia que condena al Ayuntamiento a retirar la cruz de O Castro por considerarla un símbolo franquista, aunque matiza que este elemento escultórico no le "molesta" y que en estos momentos hay "otros asuntos de mucha mayor importancia" para la ciudad.

El líder de los populares vigueses, José Manuel Figueroa, ha aplazado cualquier "pronunciamiento político" hasta que los juristas municipales emitan un informe jurídico sobre la situación de la cruz de O Castro, pues ha señalado que existen "sentencias contradictorias" al respecto.

Se ha remitido a un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia del verano de 2003 en el que desestimaba una apelación de la Asociación pola Memoria Histórica sobre un fallo previo en el que no se entraba a valorar la idoneidad o no del posible derribo.

Mientras, la portavoz local del BNG, Iolanda Veloso, indicó antes de conocer el anuncio de Caballero que "no entendería" la presentación de un recurso, porque alargaría en el tiempo "una decisión de sentido común".

Veloso urgió "el derribo urgente" de la cruz "por una cuestión de justicia histórica, social" y ahora también por el pronunciamiento de los tribunales.