El BNG pide al Gobierno "diálogo" con la Xunta para resolver el problema de los núcleos afectados por la Ley de Costas

Davila interpelará a Espinosa para que reconsidere el recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Vivienda de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 (EUROPA PRESS)

La diputada nacionalista en el Congreso Olaia Fernández Davila reclamó al Gobierno central que "dialogue" con los ayuntamientos y la Xunta para resolver el problema de los núcleos que se encuentran a menos de cien metros del límite del litoral y que se ven afectados por la Ley de Costas.

Davila se refirió en concreto a poblaciones como Loira, Aguete, Teoira, Casás o Mogor, ubicadas en el ayuntamiento de Marín. También existen núcleos en la costa coruñesa afectados total o parcialmente afectados por el deslinde marítimo-terrestre de Costas. La próxima semana, interpelará en el pleno del Congreso a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, para preguntarle por esta cuestión e instarle a que reconsidere la decisión de interponer un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Vivienda de Galicia.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Vivienda de Galicia, que contó con el acuerdo de las tres formaciones políticas con representación en el Parlamento gallego, y por la que se legalizaban núcleos de población situados en la franja litoral afectados por el deslinde de la Ley de Costas estatal --que estipula una zona de servidumbre de 100 metros--.

Ante esta situación, Davila emplaza al Gobierno, en la misma proposición no de ley, a retirar esta decisión, así como a modificar la Ley de Costas para solucionar "los conflictos derivados de esa ley en núcleos singulares e históricos situados en el dominio público marítimo terrestre".

ASENTAMIENTOS TRADICIONALES

Davila explicó en la iniciativa que el Ayuntamiento de Marín, al igual que otros muchos en Galicia, "cuenta con asentamientos poblacionales tradicionales situados en la costa desde el siglo XIX y ligados a actividades pesqueras".

Muchos de los asentamientos afectados fueron edificados con posterioridad a 1988, pero lo que buscaba la enmienda a la Ley de Vivienda pactada por los tres grupos políticos era intentar legalizar los que sí está certificado que eran preexistentes.

La diputada nacionalista puso de manifiesto que la disposición segunda de la normativa gallega "establece una salida legal para los núcleos preexistentes de carácter tradicional afectados por un error de clasificación urbanística cometido por la Administración municipal".

En este sentido, agregó que la Xunta, "en uso de sus competencias de ordenación del territorio, reconoce la preexistencia de estos núcleos a través de la mencionada Disposición Adicional Segunda".

Por ello, la parlamentaria del Bloque lamentó la "decisión del Gobierno central que elimina la posibilidad de alcanzar una solución definitiva a este problema". "En el ámbito político (la elimina), al no reconocer la legitimidad competencial de Galicia, y en lo social, al obstaculizar, una vez más, el arreglo de la situación de inseguridad de jurídica de muchos vecinos afectados, sentenció.