El derecho de huelga, en el punto de mira

Aunque ahora parezca lejano en el tiempo, cada huelga general o sectorial que afecta a un servicio esencial para los ciudadanos reabre el debate sobre la conveniencia o no de regular este derecho de los trabajadores. Nuestro derecho a la huelga es anterior a la Constitución, viene refrendado por esta y ha sido objeto de la doctrina del Tribunal Constitucional, no obstante muchos de los expertos consultados consideran que una legislación sobre la huelga aportaría seguridad jurídica, sobre todo cuando afectan a sectores que ofrecen servicios esenciales para la ciudadanía y hay divergencias en cuanto a la fijación y el cumplimiento de los servicios mínimos.

"Hay aspectos que pueden ser mejorados o clarificados, como el hecho de que la administración sea juez y parte a la hora de establecer los servicios mínimos y que los juzgados tarden, a veces demasiado, en valorar si estos son ajustados. Tampoco están claras las sanciones en caso de incumplimiento de estos servicios mínimos, de ahí que una ley pueda aportar más luz al fenómeno", explica el catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz Villalón.

En el mismo sentido se expresa la profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de la Universidad de Castilla La Mancha, Rosario Gallardo, aunque puntualiza que "con el actual Gobierno, en vez de regular el derecho a huelga corremos el peligro de perderlo".

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad San Pablo CEU, Javier Morillas, está de acuerdo en que el derecho a la huelga debe ser regulado, pero en su caso incide más en la necesidad de proteger a las personas que no quieren ejercer ese derecho y por tanto desean asistir con normalidad a su trabajo. "No tiene sentido que cada vez que hay un paro se paralice el transporte y se cierren comercios y oficinas bancarias que muchas veces no tienen nada que ver con el sector que está en huelga. Hay que respetar y proteger al ciudadano que no quiere hacer huelga", asegura.

Por su parte el doctor en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, Pablo López Calle, que imparte la asignatura de Sociología del Trabajo y ha realizado numerosos estudios sobre los sindicatos añade un nuevo elemento al debate y se pregunta si la huelga, que se genera en un contexto de gran fábrica como el principal instrumento de los trabajadores para negociar sus condiciones de trabajo, tiene aún hoy ese poder de persuasión. "Hoy en día ese elemento de presión ya no se corresponde con la realidad productiva y en muchos casos – por ejemplo en el sector servicios – perjudica más al usuario que al 'patrón'. Los trabajadores no deben perder su capacidad de negociación pero la huelga, tal y como aún la entendemos, es cada vez un elemento más débil para lograr sus objetivos. Sólo tiene sentido en la gran empresa", afirma.

El director del Instituto Juan de Mariana, el doctor en Economía Juan Ramón Rallo va aún más lejos y asegura que el derecho de huelga debería quedar limitado al pacto individualizado entre el trabajador y el empresario. "Creo que debería ser un acuerdo entre partes como el salario o las vacaciones. Si no se pacta esa cláusula, no habría por qué guardarle el puesto de trabajo al trabajador que incumple su contrato", asegura.