El Parlament ha aprobado los miembros de la Comisión de Control del 9N, el equivalente a una Junta Electoral, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) suspendió cautelarmente la Ley de Consultas, y PSC, PP y C's se han negado a votar alegando que se desoye la resolución del tribunal.
Antes de votar a los miembros de la Comisión, el pleno ha votado precisamente si eso era legal después de la suspensión del TC, lo que ha causado un intenso debate sobre si se debía mantener en el orden del día: los grupos soberanistas entienden que se podía mantener porque la propuesta del Parlament es "provisional" y no es ejecutiva hasta que el presidente de la Generalitat nombre a los miembros por decreto.
En cambio, PSC, PP y C's han votado en contra de que se debatiese la norma al entender que supone saltarse la suspensión cautelar de la Ley de Consultas, por lo que han rechazado participar en la votación sobre la designación de los miembros y han alertado de las consecuencias legales que podría acarrear.
Maurici Lucena, portavoz del PSC, ha cuestionado la legalidad del acuerdo. Mientras, Enric Millo (PP) ha advertido que los diputados podrían estar incurriendo en un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, mientras que Albert Rivera (Ciutadans), ha considerado que los parlamentarios que apoyasen el acuerdo estarían prevaricando.
Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PP de Cataluña, anunció al acabar la votación que su partido denunciará el acuerdo ante la fiscalía, lo recurrirá en la jurisdicción contencioso-administrativa y lo pondrá en conocimiento del Tribunal Constitucional.El Govern pide levantar la suspensión al TC
El Govern ha presentado este miércoles dos recursos ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Gobierno central de impugnar la Ley de Consultas y la convocatoria de consulta del 9N.
Ha pedido al Alto Tribunal el "levantamiento inmediato" de la suspensión cautelar de la Ley de Consultas y del decreto de convocatoria.
El Govern --que ha hecho públicos sus recursos este miércoles horas después de presentarlos al TC-- alega que el tribunal puede acordar el levantamiento inmediato "atendiendo a la presunción de legitimidad de las leyes y a la ponderación de los intereses perjudicados por las suspensión".
El Ejecutivo también alega que la Constitución y el Estatut "llaman al legislador a promover y facilitar las libertades ideológicas y de expresión, así como la participación política de los ciudadanos".
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