El Tribunal Supremo admite a trámite una querella criminal contra Garzón


La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella criminal del sindicato Manos Limpias contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en la que se le acusa de un delito de prevaricación durante el ejercicio de sus funciones en la causa sobre las supuestas detenciones ilegales practicadas durante la Guerra Civil y el franquismo.

El sindicato Manos Limpias -sin representación en ningún centro de trabajo y que está dirigido por el ex responsable de la formación ultraderechista Fuerza Nueva Miguel Bernard- presentó el pasado 26 de enero una querella en la que acusaba a Garzón de prevaricación por declararse competente para investigar “supuestos delitos de detención ilegal ocurridos durante los años de la Guerra Civil (1936-1939) y en la posguerra.

La Sala Segunda, sin valorar ni prejuzgar lo sucedido, entiende que no se dan las condiciones para rechazar la admisión a trámite de esta querella”, ya que “lo afirmado en la querella no es algo que, ab initio, pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación, al menos como hipótesis que no se advierte sea ni absurda ni irracional”, afirma el Alto Tribunal en el auto de admisión.

Ahora bien, “la admisión a trámite de una querella no exige la constancia acreditada de lo que afirma, sino la posible relevancia penal de los hechos que contiene. [...] Será luego en el ámbito del proceso correspondiente donde ha de decidirse en su caso el sobreseimiento, si procede”, indica el Tribunal.

La Sala de lo Penal del TS explica que tiene competencia para la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra magistrados de la Audiencia Nacional” y para “dar inicial curso procesal a la querella”. El auto de admisión de la denuncia, acordado por unanimidad, establece como instructor del proceso al magistrado Luciano Varela.

La Fiscalía había pedido al Supremo que archivara la querella, al estimar que “no se aprecia que las resoluciones dictadas por el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional reúnan los requisitos expuestos, dado que no se evidencia que el magistrado querellado haya actuado suplantando la ‘ratio’ y el fin de la norma por sus propias y particulares convicciones”.

Manos Limpias presentó la querella contra Garzón el pasado 26 de enero, después de el Supremo hubiera archivado en octubre pasado por cuestiones formales una denuncia del sindicato por los mismos hechos, ya que la ley establece que los procedimientos penales contra magistrados deben iniciarse a partir de una querella y no de una denuncia.

La querella se interpuso finalmente después de que el juez Garzón acordara en noviembre de 2008 remitir la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas que mandó abrir cuando se declaró competente para investigar este asunto.

El magistrado de la Audiencia Nacional acordó también en ese momento extinguir la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco y de otros 44 altos cargos de la dictadura en esta causa, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos.

Según afirma el auto del TS, la querella sostiene que “toda la actuación” de Garzón durante la causa de las desapariciones “se ha realizado con consciente postergación del Derecho y de la Ley y premeditada vulneración del Estado de Derecho, al mantener un procedimiento a conciencia de no ser competente, e incoarlo sabiendo la preexistencia de lo mismo que luego fundamentó su decisión de inhibirse”.

Garzón, tras ordenar la apertura de varias fosas comunes, entre ellas en la que se encuentra el poeta granadino Federico García Lorca, se inhibió finalmente de esta causa el 18 de noviembre de 2008 en favor de los juzgados territoriales de los lugares en los que se encuentran enterrados los cuerpos.

“La ley es igual para todos”, ha dicho Garzón tras conocer por los medios de comunicación que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella. El juez ha afirmado estar “tranquilo” y ha indicado que “ya se defenderá en su momento” de la acusación formulada en la querella del sindicato Manos Limpias.

No obstante, el magistrado ha manifestado que no tiene conciencia de haber cometido delito alguno al pedir los certificados de defunción de responsables de la dictadura franquista en la resolución en la que decidió abrir una causa para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.

El 16 de oxtubre de 2008, el juez Garzón se declaró competente para investigar las desapariciones producidas durante la Guerra Civil y el franquismo al estimar que constituían un delito de detención ilegal sin dar razón de paradero, lo que consideraba que encajaba en el contexto de crímenes contra la humanidad.