El TSJM admite una denuncia contra la orden de la Comunidad que regula la Ley de Dependencia, según PSOE

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite una denuncia de una asociación de dependientes de Alcorcón contra la orden de la Comunidad que regula la Ley de Dependencia, según aseguró hoy la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez.

Tras esta decisión del Juzgado, los socialistas pidieron al Gobierno de Esperanza Aguirre que "reconsidere muy seriamente la viabilidad legal de su boicot a la Ley de Dependencia y que elabore una nueva normativa, esta vez consensuada con los agentes sociales y políticos afectados", y apuntaron que "en la actualidad hay 45.000 dependientes aún sin evaluar y 18.000 que continúan sin recibir las prestaciones a las que tienen derecho" en la región.

El recurso contencioso-administrativo, presentado por la 'Plataforma por la Dependencia de Alcorcón' solicita que se declaren nulos varios artículos de la Orden regional que regula los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y para la elaboración del programa individual de atención, ya que "es contraria a la Ley de Dependencia aprobada por las Cortes Generales".

En este sentido, la portavoz socialista indicó, además, que la normativa que aprobó en diciembre la Comunidad de Madrid reduce la propia cartera establecida por el Estado "por ejemplo en el servicio de ayuda a domicilio".

"Una de las causas por las que se ha denunciado esta Orden es su forma de elaboración por no ajustarse a las exigencias legales para la elaboración de Reglamentos, las normas que desarrollan las leyes estatales en las comunidades autónomas, señalaron los socialistas. "Este aspecto, de ser considerado así por el TSJM, tendría efectos muy serios en la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid, ya que declararía ilegal esta Orden de Esperanza Aguirre",advirtió la portavoz socialista en la Cámara en materia de Asuntos sociales, Pilar Sánchez Acera.

La denuncia también dice que el Ejecutivo autonómico "desdobla el procedimiento y autoriza el incumplimiento de los plazos previstos en la ley, de forma que los retrasos de la Comunidad en la tramitación de la solicitud tendría como efecto que el dependiente perdiera el derecho que la ley le reconoce".

"La Orden tiene efectos desestimatorios al silencio de la Administración y trata de dar cobertura legal a unos retrasos escandalosamente injustificados. Es decir, el silencio administrativo en este caso es contrario al interés del ciudadano, ya que no percibe nada hasta que la administración haya realizado todos los trámites, y la Orden legaliza que estos trámites puedan alargarse durante meses sin que el dependiente pueda ejercer su derecho", indicó la diputada.

"La Comunidad de Madrid no ha creado ni una sola plaza nueva con el dinero transferido por el Gobierno de España a Madrid en el año 2008, ya que las plazas existentes son prácticamente las mismas", apuntó la diputada, que añadió que el Gobierno de Aguirre "sigue sin financiar a los ayuntamientos, que son los que están asumiendo las prestaciones de teleasistencia y de ayudas a domicilio a personas en situación de dependencia".