En 2013 se registraron 354 agresiones a profesionales sanitarios

00.25 horas del 11 de marzo de 2009. Pedro Navarro, un taxista jubilado de 74 años, se persona en el servicio de Urgencias del centro de salud de Moratalla, en Murcia. Ese día, la doctora María Eugenia Moreno, de 35 años, cubre la guardia. Sin mediar palabra, el hombre dispara tres tiros contra ella. Una cuarta bala, contra Juan Manuel Moya, un conductor de ambulancia que intenta frenarlo. La doctora queda gravemente herida, y fallece a las tres de la tarde.

Ese terrible suceso resuena todavía en los centros de salud y hospitales de nuestro país. Tanto, que sirvió de punto de partida para que el colectivo comenzase a tomar consciencia de la gravedad de las agresiones, verbales o físicas, que tantas veces se silenciaban en las consultas. La Organización Médica Colegial creó entonces el Observatorio de Violencia, para registrar los casos de agresiones sufridas por facultativos y resto de personal y elaborar un informe del estado de la violencia en el ámbito sanitario. También, para elevar la petición de más medidas de seguridad, como el botón antipánico o la dotación de más personal de vigilancia.

En 2009, un juzgado de Badajoz condenó a una mujer como autora de una falta contra el orden público y vejaciones por insultar a una doctora en el Hospital de Llerena. La agresión fue sancionada con apenas 185 euros de multa pero fue la primera sentencia en la que se reconoció la condición de "autoridad pública" a un facultativo, una reclamación histórica de los colectivos. De faltas, apenas sancionadas con 100 euros de multa, las agresiones se elevaron a delito. En otra sentencia pionera, en 2011, un juzgado de Sevilla condenó a un paciente a un año de prisión por amenazar a un médico en un centro hospitalario.

El Código Penal establece que las agresiones a médicos serán consideradas atentados contra la autoridad y, por tanto, delito. Aunque, en la práctica, los colectivos siguen denunciando que la aplicación sigue siendo desigual según la comunidad autónoma que se trate, algunas más estrictas que otras, y también según el criterio del juez. La ley, además, se limita únicamente a los médicos. El resto de profesionales, como los enfermeros, reclaman tener la misma consideración. Más de 9.000 denunciaron, entre 2008 y 2012, haber sufrido una agresión física o verbal. La ley sigue reaccionando tarde. El Observatorio ha analizado 109 sentencias en 4 años. De ellas, 39 fueron consideradas delitos contra la autoridad pública y 91 terminaron en faltas.

Insultos, amenazas, empujones... y auténticas batallas campales, como la que se desató hace unos meses, en noviembre, en el servicio de Urgencias del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. Dos facultativas fueron agredidas brutalmente a manos de un grupo numeroso de personas, familiares de un paciente que había sido tratado anteriormente en el centro y que llegaron a esgrimir armas blancas para intimidarlas. Una de ellas terminó herida. El pánico llegó a los enfermos.Bajan las agresiones, pero siguen preocupando

El informe presentado hoy por el Observatorio Nacional de Agresiones, de la Organización Médica Colegial, registra 354 casos de agresiones en 2013, un 15 por ciento menos en relación al año pasado. En el 18 por ciento de ellos se registraron lesiones. En los últimos cuatro años, el Observatorio ha contabilizado 1.714. "Una de las cuestiones más importantes es que no se rompa la relación médico-paciente", afirma el doctor José Alberto Becerra, coordinador del Observatorio de Agresiones y secretario general del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, "El dato es positivo, pero ante las agresiones tenemos que tener tolerancia cero"

"Creo que hay un infrarregistro", opina Salvador Tranche, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, convencido de que muchas agresiones, de tipo verbal sobre todo, no se denuncian."Violencia silenciada"

Según este informe, se denuncian el 68 por ciento de los casos. Queda un largo camino para convencer a los profesionales de su importancia, porque es la única vía para que la violencia cobre visibilidad, afirman los expertos.

"No denunciamos en muchas ocasiones", dice el doctor Becerra, "porque no se siente el apoyo de la empresa en la que trabajamos, el sistema no nos protege y tenemos la sensación de que no podemos enfrentarnos con el agresor".

"Hay una tendencia natural a disculpar las agresiones", añade María José García, secretaria general técnica del sindicato de enfermería SATSE "sobre todo las agresiones verbales, las amenazas. Es muy raro que un profesional denuncie". El doctor Salvador Tranche además, añade, "haces de tripas corazón, sobre todo en casos de los médicos de pueblos pequeños. Denunciar puede ser un problema porque todo el mundo te conoce".

9 de cada diez agresiones se producen en hospitales públicos. Apenas un 10 por ciento ocurren en privados. Y la legislación distingue también la violencia en uno y otro contexto. "Tenemos que proteger a todos nuestros facultativos por igual", dice el doctor Becerra. "Aquí se da una paradoja. Si los agreden por la mañana en un centro público, automáticamente se cataloga como atentado contra la autoridad. Si por la tarde, lo golpea en la otra mejilla, en lo privado, falta leve"

Los colegios de médicos solicitan un cambio legislativo para que se ampare por igual a unos y otros. Es una de sus grandes reivindicaciones. La comunidad de Aragón, una de las más avanzadas en la protección a su personal sanitario, otorga la consideración de autoridad pública a todos los profesionales y declara además que todos ellos gozarán de "presunción de veracidad", lo que les otorga un crédito especial a la hora de enfrentarse a un juicio.Familiares agresores

En el 25 por ciento de los casos, la agresión procede de los familiares. También son más frecuentes en las primeras consultas de los centros sanitarios y en urgencias. Más de la mitad, el 56 por ciento, ocurren en Atención Primaria, y el 27 por ciento en hospitales. "Cuando tienes a un paciente ingresado es más difícil que se produzca agresión", afirma la enfermera María José García, "porque se establece una relación de confianza entre el paciente y el personal. Por ello, donde las agresiones son más frecuentes es en puertas de urgencia, donde las esperas también son más grandes, y se produce una sobretensión añadida".Desacuerdos y esperas, las causas

Ha aumentado considerablemente el porcentaje de casos por emitir informes médicos no acordes con sus exigencias, que ha pasado del 6% al 11%, igual porcentaje por causa de no recetar el medicamento propuesto por el paciente. El resto, el 30% se producen por discrepancias en la atención médica; el 12 % por el tiempo en ser atendido; el 9% por discrepancias personales; el 7% en relación a la incapacidad laboral y el 4% por malestar en el funcionamiento del centro.

" Lo que hay es un reflejo de la crispación de la sociedad", dice el doctor Tranche, "Hay una reducción de la tolerancia. Algunas son por retraso en la atención, y eso es inevitable. En Asturias, por ejemplo, tenemos entre seis y ocho minutos, pero si el paciente está dentro te puedes demorar a treinta minutos... A veces eso no se entiende".No existe un perfil de agresor

"Cualquiera puede serlo", dice el doctor Becerra, señalando un dato interesante. En el 70 por ciento de los casos, los agresores no tenían patologías psiquiátricas ni habían consumido drogas u otros excitantes. "Es muy variado, hay desde pacientes con enfermedades mentales hasta personas intolerantes", dice el doctor Tranche, "pero no me atrevería a decir que hay un perfil. Solo tengo la impresión de que le puede pasar más a las médicas que a los médicos, porque suelen tener mayor vulnerabilidad".La crisis influye

Para Becerra, los recortes en el sistema sanitario influyen, pero no tanto. En su opinión, el personal sanitario se ha convertido en un amortiguador para evitar que la reducción de medios y personal llegue a notarse en la atención recibida. "Entendemos que estamos ante una situación complicada" afirma "Evidentemente, los recortes están ahí, pero nuestro personal hace todo lo posible para compensarlo. El sindicato SATSE, en cambio, lo valora con más firmeza. "Tenemos enfermos 24 horas en sillas de ruedas esperando una cama, El sistema no lo puede permitir, y eso se nota"
Soluciones

Que el profesional denuncie, que la sociedad lo vea como un aliado, que la administración establezca protocolos. "Que se intenten establecer la mayor cantidad de medidas que puedan contribuir a la seguridad", dicen los enfermeros. "Los profesionales de asistencia domiciliaria, por ejemplo, tienen que saber a dónde van. Y si tiene que ser con policía, con policía". "No queremos ser vengativos", dice el doctor Becerra, "sólo queremos sanciones ejemplarizantes". "La Administración no es diligente", dice Tranche, "la impresión es que no ayuda y nos sentimos desprotegidos"