La muerte de Blesa escenifica el final de los manejos políticos en la banca

  • Caja Madrid, Bancaja, Caixa Catalunya, CCM... son algunas de las entidades donde la gestión por cuestiones más políticas que financieras las colocó al borde del abismo.

    La crisis sacó a la luz el tumor de estas entidades -los inadecuados sistemas de gobierno-, con una factura que excede los 60.000 millones de euros en ayudas.

La muerte de Blesa escenifica el final de los manejos políticos en la banca
La muerte de Blesa escenifica el final de los manejos políticos en la banca

El fallecimiento de Miguel Blesa simboliza el adiós a una manera de gestionar entidades financieras bajo el influjo y las prioridades de la política. Una etapa donde políticos o simpatizantes metidos a banqueros tocaron las mieles del éxito a lomos de entidades en expansión desaforada hasta que la brutal crisis saca a la luz su temeraria e inconveniente gestión. Los balances quebraron y la justicia cercó las irregulares decisiones.

Antes del fatal desenlace, al otrora respetado banquero Blesa le inquietaba precisamente el horizonte carcelario y el desprestigio sufrido al investigarse la legalidad de decisiones en perjuicio de la entidad, como el irregular crédito a Marsans o las tarjetas ‘black’.

Su calvario es el de más de 200 exgestores de cajas a raíz de denuncias judiciales bajo un denominador común: haber sucumbido a la tentación de dirigirlas como si fueran propias, al abrigo de la falta de escrutinio porque carecían de accionistas y de que su “controlador” primero era el Gobierno regional, normalmente el promotor de sus nombramientos. Para el Banco de España se reservaba casi solo la vigilancia de solvencia, algo que solo falla con total crudeza cuando el 'crash' inmobiliario las hace tambalear.Amigos de la política

En demasiados casos la presidencia de estas entidades se buscaba facilitar a políticos o simpatizantes como un premio a sus desvelos en la esfera pública o para influir en la gestión. No pocas partidas del presupuesto regional, sobre todo en el ámbito, social, de sanidad o cultural aspiraban a beber de la Obra Social y otros proyectos a una fácil financiación. Todas las cajas, pero sobre todo las grandes, eran además las propietarias de participaciones significativas en empresas locales e, incluso, de bandera española, para apetito del gobernante de turno. De ahí el interés en influir y la dificultad de los gestores, una vez aupados al timón de la entidad, para desligarse de sus sugerencias e imponer decisiones ortodoxas en favor de los clientes y el negocio.

En la asignación de puestos solo había que conjurar fuerzas y atraer voluntades aprovechando que los asientos en los órganos de gobierno de las cajas -consejo de administración y asamblea- se repartían entre grupos políticos, sindicatos, asociaciones de empresarios y otros grupos sociales.

El caso de Blesa es ilustrativo de este proceder. Cuando en 1996, el PP maniobra para tomar las riendas de Caja Madrid y sella un pacto con IU y una facción de CCOO, Jaime Tercero -próximo a los socialistas- dimite. Blesa, abogado de carrera y amigo personal de José María Aznar, deja su exitoso bufete para convertirse a banquero.

Son diez años de esplendor que modernizan, especializan la caja y multiplican su tamaño, hasta que los desencuentros constantes con Esperanza Aguirre por desatender sus intereses socavan en 2009 su renovación, cuando a la caja ya comenzaban a estallarle los problemas de una exposición indigerible en el ladrillo. Se exponía a una condena por favorecer a 86 antiguos directivos con las tarjetas 'black' -él incluído-, el cobro de comisiones indebidas en la venta del banco de Florida en 2008 y la financiación al grupo Marsans sin someterlo a los controles de riesgo exigibles.

Otro ejemplo de ‘outsider’ metido a banquero es Narcís Serra, vicepresidente del Gobierno de Felipe González y economista que en 2005 asumió las riendas de la Caixa Catalunya. Su arriesgada gestión y la fusión impulsada en 2010 con Manresa y Tarragona, indebida por la fragilidad de sus balances y forjada bajo la motivación política de construir un grupo catalán y salvaguardarlas de una fusión con entidades de otras regiones, firma la defunción de la entidad. Pero el escándalo social y por el que se expone a cuatro años de prisión junto a 41 de sus exdirectivos -incluído el exdirector Adolf Todó- es por administración desleal: se subieron los sueldos a pesar de encontrarse la entidad intervenida por el Frob y en plena crisis.

Hay más casos casi gemelos. Varios exdirectivos de Novacaixagalicia encaran posibles penas de prisión por asignarse indemnizaciones y jubilaciones generosas cuando no se veía futuro a la entidad. Su fin lo aceleró la injerencia política y la obsesión por una caja gallega para evitar, como en Cataluña, perder las riendas en una integración interregional, porque sus máximos ejecutivos -Julio Fernández Gayoso y José Luis Méndez eran financieros o banqueros de carrera-. En la CAM, ocho directivos con el exdirector general Roberto López Abad en cabeza se enfrentan a penas de prisión también por maquillar las cuentas para ocultar pérdidas y garantizarse con un beneficio ficticio golosas retribuciones.

Quien fuera responsable del Gobierno socialista en Castilla La Mancha y diputado y portavoz del mismo Grupo político en el Congreso, Juan Pedro Hernández Moltó, dirigió entre 1999 y hasta su intervención en 2009 la extinta CCM. Su condena judicial, de dos años de prisión, fue por manipular las cuentas para esconder los errores de gestión.

Con una trayectoria similar, de responsable en el Ejecutivo del PP en la Comunidad Valenciana, llega José Luis Olivas a la presidencia de Bancaja y el Banco de Valencia en 2003. La primera acaba integrada, junto a Caja Madrid y en otra fusión política, en el posteriormente nacionalizado grupo Bankia, y su banco, intervenido y adjudicado a Caixabank. Los tribunales sacaron, de nuevo, operaciones crediticias otorgadas sin los preceptivos controles y a empresarios conocidos, en perjuicio de la entidad.

Los ejemplos de esta deriva -financiación a raudales al ladrillo, operaciones dudosas e interesadas, en demasiados casos asimismo maniobras fuera de los consejos para amarrar jubilaciones de oro cuando la caja ya caía- son, por desgracia, elevados, sembrando incluso una mácula injusta sobre otros presidentes de cajas con gestiones ortodoxas y acertadas. Pero la crisis sacó a la luz el tumor de estas entidades -los inadecuados sistemas de gobierno-, con una factura que excede los 60.000 millones de euros en ayudas para evitar que el colapso de las entidades de ahorros sacudiese a toda la banca y perjudicase al conjunto de la economía.

Y, con su remedio, se impuso una reconversión absoluta. No solo se han reducido de más de 50 a apenas una decena las entidades que aún subsisten de aquella época, sino que todas se han tenido que convertir en bancos -salvo las minúsculas Pollença y Ontinyent- y la Troika impuso esquemas de gobierno asimilables a los bancos.

El desaparición de Blesa, quien llegó a integrar el grupo de los grandes banqueros españoles por la dimensión de Caja Madrid y su capacidad de influencia, escenifica la extinción del modelo: el de gestión, enterrado por imposición de Europa; el de prestigio de los 'antiguos cajeros', cuyas cuestionadas y arriesgadas aspiraciones de crecimiento acabaron arruinando los balances; y cercena la ambición de los Ejecutivos a usarlas como un potente vehículo a su servicio. 

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