El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha señalado este martes que la rebaja en un 6,3 por ciento de los presupuestos de Justicia para este año "no es excusa para dejar de aplicar la transformación" prevista por su departamento, al considerar la Justicia como importante "factor de competitividad" y de atracción de inversiones.
Así lo ha manifestado el titular de Justicia durante la rueda de prensa que ha presentado conjuntamente con el secretario de Estado Fernando Román y con el subsecretario Juan Bravo, donde ha subrayado que las cuentas de Justicia se enmarcan en el escenario actual de reducción del déficit nacional en un total de 17.000 millones de Euros.
En este contexto, la mayoría del gasto (1.302 millones de euros) se destina a gastos de personal, que decrecen en un 1,6 por ciento respecto al ejercicio anterior al haber presupuestado de forma ajustada las vacantes.
En lo referido a este capítulo el ministro ha puntualizado, sin embargo, que no se convocarán oposiciones para nuevas plazas de jueces y fiscales hasta enero de 2013, cuando se ofertarán un total de 35 plazas de jueces y 20 de fiscales. Aquellos que salgan este año de la Escuela Judicial irán destinados a ocupar plazas actualmente cubiertas por interinos.
Por otra parte, el Gobierno dedica una asignación de 90,31 millones de euros al programa de inversión, de los cuales 53,57 millones estarán dirigidos a la modernización tecnológica, y 36,74 millones al Plan de Infraestructuras y Equipamientos.Solo los proyectos comprometidos
No obstante, la partida de los programas de inversión sufrirá una caída con respecto a los Presupuestos del ejercicio anterior, cuando alcanzaron los 158 millones de euros, hasta los 94 millones, 34 para nuevas sedes judiciales o reformas de las ya existentes y 60 para los programas de modernización asociados a los sistemas de gestión procesal.
Es decir, no se desarrollarán nuevos proyectos, aunque el Gobierno asume los proyectos ya en marcha, cuya inversión su departamento se ha encontrado ya "comprometida".
Además, el presupuesto en políticas de Justicia se reduce en 5,6 por ciento para el Gobierno del Poder Judicial; en un 10,9 el gasto de la Dirección y Servicios Generales de Justicia; y en un 0,9 por ciento la partida destinada a la selección y formación de jueces.
El Ministerio reduce en un 5,1 por ciento la asignación en materia de documentación y publicaciones judiciales; en un 2,8 por ciento la dedicada a la formación del personal de la Administración; en un 5,7 el gasto en tribunales de justicia y Ministerio Fiscal; y en un 15,6 por ciento en el programa de registros vinculados a la fe pública.
Sin embargo, aumenta en un 25,9 por ciento la formación de la Carrera Fiscal, a la que dedicará 6,21 millones de euros). Además, el ajuste presupuestario dejará intacto el gasto en los servicios de violencia de género (45 millones), las fiscalías especializadas y las unidades forenses.Diálogo con las autonomías
El gasto destinado al sistema de Justicia Gratuita pasa de 31 millones a 34,71 millones de euros, una dotación que permitirá, según Ruiz-Gallardón, que los ciudadanos que acrediten insuficiencia de medios económicos puedan proveerse de los profesionales necesarios de sus derechos e intereses legítimos.
En este contexto, el ministro ha señalado que en breve se iniciará un diálogo con las comunidades autónomas con el objetivo de acordar la participación conjunta en la recaudación y lograr una gestión unificada y coordinada de la justicia gratuita. Además, ha garantizado que "no se bajará el nivel de renta" de quienes pueden acceder a este servicio, si bien se regularán los mecanismos de control para evitar fraudes.
La justicia gratuita se verá reforzada con la financiación que le proporcionará la recaudación de las tasas judiciales revisadas en la nueva ley ya aprobada por el Consejo de Ministros, y cuya aplicación prevé Ruiz-Gallardón para el 1 de enero de 2013. 300 millones de tasas
El Gobierno prevé igualmente una recaudación anual de unos 300 millones de euros mediante la aplicación de tasas en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, y ha excluido la primera instancia de este último ámbito, de modo que sólo se cobrará a aquellas personas jurídicas que soliciten una segunda opinión tras no resultar satisfechas de su primera consulta a los órganos jurisdiccionales.
Ruiz-Gallardón ha asegurado que su política de tasas está avalada por la reciente sentencia 20/2012 de 16 de febrero del Tribunal Constitucional y su objetivo es el de evitar un abuso del derecho con el fin de dilatar artificialmente los procedimientos. Además "todas aquellas personas a las que se reconoce justicia gratuita estarán exentas de las tasas".
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