La Audiencia de Madrid reconoce que varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil se enfrentaron entre sí en plena calle por la custodia de un paquete que podía haber contenido algún tipo de sustancia peligrosa, pero no ve delito en ese pelea que pudo poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos, como denunciaron los sindicatos de Policía.
El polémico episodio sucedió el pasado 12 de febrero en pleno centro de Madrid. En concreto, en las puertas del consulado francés, situado muy cerca de las dependencias de la Audiencia Nacional y de la sede del PP en la calle Génova.
Aquella mañana, un funcionario de la sede diplomática gala recibió un paquete sospechoso y avisó inmediatamente a la Policía por entender que podía tratarse de ántrax o cualquier otro elemento destructivo. No en vano estaban muy vivos en ese momento los conflictos internacionales en los que Francia estaba inmersa y que afectaban a países afectados por el terrorismo.
A los pocos minutos, seis agentes de la Brigada de Información (antiterrorismo) de la Policía se personaron en el lugar. Exactamente a las 16.10 horas de ese mismo día, según relata la propia resolución del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, ratificada el pasado septiembre por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.
Sin embargo, nada más bajar de sus vehículos, dos funcionarios de la Guardia Civil les dieron el alto y les comunicaron que no podían llevarse el paquete porque tenían órdenes de custodiarlo hasta que los técnicos en desactivación de explosivos (Tedax) del instituto armado, que venían de camino, se hicieran cargo del artefacto y lo trasladaran a su laboratorio para analizarlo.Orden de Cristina Cifuentes
En ese momento, comenzó la disputa. Como si de una película americana se tratara, en la que el FBI y la Policía de Nueva York se pelean por la investigación de un caso, los policías españoles les indicaron a los guardias que ellos habían recibido la llamada del consulado y que además el asunto era competencia de su corporación por haberse producido en su jurisdicción geográfica. Sin embargo, acto seguido aparecieron dos tenientes de la benemérita, que insistieron en su postura: había que esperar a que llegaran los Tedax de la Guardia Civil para que se hicieran cargo del paquete.
En ese momento, continúa el relato judicial, los policías llamaron a sus superiores y a los pocos minutos la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, ordenó que fuera este cuerpo el que tomase el control de la situación, como de hecho había sucedido siete años atrás, cuando un paquete similar fue recibido en la sede de la Embajada de EEUU en Madrid y la Policía se hizo cargo sin que la Guardia Civil siquiera apareciera en la zona.
Sin embargo, la orden de la delegada del Gobierno no fue la última que se dio ese día, ya que, una vez que los policías se hicieron con el paquete y lo introdujeron en su vehículo para trasladarlo a sus laboratorios, llegó una nueva contraorden política. Alguien –que la resolución judicial no nombra, pero que la fuentes consultadas indican que se trata del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez– desautorizó a Cifuentes y mandó que fuera la Guardia Civil la que se encargara del elemento sospechoso.
El paquete, finalmente, tal cual sucedió en el caso de la embajada americana, no contenía ninguna sustancia peligrosa. Sin embargo, según señalaron varios sindicatos policiales después de que se hiciera público el episodio, de haberla contenido habría puesto en riesgo la seguridad de los viandantes.Denuncia del Sindicato Profesional de Policía
Al raíz del suceso, el Sindicato Profesional de Policía interpuso la querella que ha derivado en el citado auto de la Audiencia Provincial, que –como se indica al principio– no ve delito en los hechos que acontecieron aquel 12 de febrero y ratifica la sentencia del juzgado de instrucción 28 de Madrid, que se pronunciaba en el mismo sentido.
El juez de instrucción decretó que los hechos narrados "no eran constitutivos de delito", y por eso –argumentó– no fue necesario llamar a declarar al jefe de seguridad del consulado para que acreditase que "solo autorizó a actuar en su recinto a la Policía", como pedía el denunciante. Ni tampoco resultó procedente, según el juez, ver el vídeo en el que se ve a varios agentes de la Guardia Civil "rodeando la furgoneta de la Policía impidiéndole la salida hasta apoderarse del paquete", como solicitaba la querella.
Según el auto de la Audiencia Provincial, dado que no se consideraba delito lo que pasó aquel día, tampoco resultaba oportuno que la delegada del Gobierno acudiera a declarar "para comprobar la claridad y exactitud de la orden emitida a favor de la actuación de los agentes de la Policía y comprobar el incumplimiento de la orden por parte de los guardias civiles".
La Audiencia Provincial no entra, por lo tanto, a valorar el conflicto de competencias que se produjo entre ambos cuerpos y evita pronunciarse sobre quién será el competente si en el futuro se produce un caso similar en una sede diplomática. Días después del polémico espectáculo, los superiores de los agentes de la Guardia Civil que participaron en el mismo felicitaron a sus subordinados por la actuación que protagonizaron. Asimismo, el director general, Arsenio Fernández de Mesa, recriminó a las asociaciones del instituto armado durante una sesión del Consejo de la Guardia Civil que éstas no hubieran salido a defender a los agentes como sí hicieron los sindicatos de la Policía.
La Dirección General de la Policía, por su parte, no realizó ningún movimiento hacia los agentes del cuerpo que intervinieron aquel día ni planteó protesta alguna ante el Ministerio del Interior.
Tras el polémico enfrentamiento callejero entre cuerpos, la Secretaría de Estado de Seguridad ordenó a ambas direcciones generales comunicar inmediatamente cualquier conflicto de competencias que tuviera lugar entre policías y guardias civiles.
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