La oficina del Defensor del Pueblo prefiere no inmiscuirse en el caso del sargento de la Guardia Civil destinado en el cuartel de Bande (Orense) José Manuel Grande. En respuesta a un requerimiento realizado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), de la cual es afiliado el suboficial, la institución "no considera posible intervenir en el asunto", porque –según argumenta– "alude a cuestiones que afectan a terceras personas".
Hace referencia el departamento dirigido por Soledad Becerril cuando habla de terceras personas al propio sargento afectado, ya que la solicitud de amparo fue realizada por AUGC, que –a pesar de la crítica de la institución– ha actuado en todo momento con el beneplácito del suboficial.La contestación de la oficina del Defensor del Pueblo no ha satisfecho a la asociación que representa los intereses del sargento, por lo que seguirá recurriendo a todas las instancias necesarias, según han confirmado fuentes de AUGC, que consideran lo que está ocurriendo como un claro abuso de la autoridad política.
Tras multar a la diputada del PP Ana Belén Vázquez el pasado noviembre, la Dirección General propuso el cese del sargento y su traslado a otro destino. El departamento dirigido por Arsenio Fernández de Mesa argumentó el rechazo que había provocado en parte de la población la actitud de Grande, además de la incapacidad de este último para mantener las relaciones con las autoridades políticas del municipio, entre las que se encontraba la citada parlamentaria y su marido, el alcalde, José Antonio Armada.
El escrito en el que se propone el cese del sargento arguye que éste ha provocado un rechazo social contra la Guardia Civil. Sin embargo, no basa su argumentación en regularidad alguna cometida por el suboficial. De hecho, una información interna elaborada por la Comandancia de Orense destaca que el funcionario no ha cometido ninguna ilegalidad ni ha sido condenado ni se le han puesto sanciones. El informe reservado simplemente se limita a describir el "exceso de celo" del sargento al realizar su trabajo como única crítica contra el mismo.
La mala relación entre la diputada y el sargento venía de tiempo atrás, pero la multa del pasado noviembre pudo ser la gota que colmó el vaso. Según la citada información reservada de la Comandancia, publicada por Europa Press el pasado 15 de abril, aquel día se produjo un duro enfrentamiento entre ambos, después de que la parlamentaria estacionara presuntamente de forma irregular su vehículo. El suboficial le pidió la documentación y, siempre según la citada investigación interna, ella se negó a dársela y le contestó con un "no me da la gana", como reveló el propio sargento, quien también añadió que el coche no había pasado la ITV. Al negarse la mujer a retirar el coche, el guardia civil le sancionó.
El sargento aún está a la espera de que se resuelva el expediente abierto por la Dirección General para conocer cuál será finalmente su destino. La mayoría de asociaciones profesionales se ha posicionado a favor del funcionario, aunque la defensa jurídica corresponde a AUGC, organización a la que él está afiliado.
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