La falta de transparencia de los lobbies en España impulsa la corrupción

La sinergia entre los lobbies y la administración pública levanta numerosas suspicacias. El término lobbista va inevitablemente acompañado de calificativos como desconfianza, intercambio de favores o corrupción. Términos antagónicos de transparencia, una aspiración que para alcanzarla los gobiernos deben implementar una fuerte regulación y un minucioso control. Medidas de las que adolecen la mayoría de los países de la UE, según la organización Transparencia Internacional.

Un informe recientemente publicado por Transparencia Internacional alerta de que Europa debe acometer urgentemente una reforma que regule la actividad de los lobbies. Según el informe, titulado El lobby en Europa: influencia encubierta y acceso privilegiado, de los 19 países europeos analizados, tan sólo siete tienen algún tipo de ley o regulación concreta sobre el lobby. Esta laguna legislativa produce, según TI, una influencia prácticamente sin restricciones de los intereses comerciales en la vida cotidiana de los ciudadanos.

La organización destaca el mal desempeño de Italia, Portugal y España. Avisa que en estos países "las prácticas de lobby y los vínculos estrechos entre el sector público y el financiero se consideran más riesgosas". De hecho, el informe afirma que las iniciativas de reforma del sector financiero "a nivel nacional y en el ámbito de la UE se han visto frustradas y debilitadas, en gran parte debido al intenso lobby impulsado por el sector financiero en Europa".

Es destacable que tres de los países europeos más afectados por la crisis son también los más retrasados en materia de transparencia. "Hay una tendencia entre la calidad del derecho a la información en la ley y en la práctica y países que tienen problemas económicos. Evidentemente no hay una causa directa, hay muchos factores, pero aquellos países más golpeados por la crisis son aquellos que carecen de sistemas de transparencia y de medidas anticorrupción que no están funcionando", señala Victoria Anderica, lobbista y coordinadora de campañas y de proyectos de Access Info Europe.

Transparencia Internacional en una primera evaluación sobre el lobby en España presentada en 2014 define a los lobbistas como "verdaderos actores del sistema político" pero debido a la falta de transparencia se tiende a suponer la existencia de intereses no declarados o corrupción.

La industria del lobby en España es la primera interesada en que haya luz y taquígrafos sobre sus actividades para despojarse de esa demonización generalizada, causa directa de la falta de transparencia. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) reclama ese control convencida de que los conflictos de intereses no tienen por qué tener efectos nocivos si se manejan con transparencia. "Que grupos de intereses se quieran reunir con políticos para expresar una opinión y saber cómo se está regulando un tema y poder participar, no hay problema. El problema es cuando esa relación intenta influir en una política sin que haya una transparencia", incide Anderica.

El TI reconoce en el informe que el lobby es un aspecto integral de toda democracia dinámica, pero la falta de regulación beneficia a las grandes corporaciones, ya que con mayores recursos y contactos es posible dominar las decisiones, generalmente en beneficio de un interés particular.

Un sondeo a nivel europeo revela que el 82% de los españoles considera que el lobby corporativo puede dar lugar a políticas que no defienden el interés general. "El problema no es el lobby, el problema es que los que hacen lobby son siempre los mismos y tienen relaciones de intereses particulares y privados que están sobrepasando los intereses públicos", denuncia la coordinadora de Access Info, organización que persigue conseguir que la información pública sea más accesible.

Para la viceprsidenta de TI, Elena Panfilova, "las prácticas de lobby desleales y poco transparentes son uno de los riesgos de corrupción fundamentales que enfrenta actualmente Europa".

La conjunción perfecta para que un país sea ejemplo de transparencia sería que lobbistas y administración pública tuvieran la misma voluntad de nitidez. El problema en España, dicen los lobbistas, es que los Gobiernos no tienen voluntad política para que esa aspiración democrática deje de ser una quimera.

"La transparencia del lobby depende de las instituciones públicas. Está bien que haya un registro de lobbies y de las actividades que realizan, pero la responsabilidad última de que haya transparencia de la toma de decisión debe recaer sobre las instituciones públicas", subraya Anderica.

De poco sirve que los españoles conozcan las empresas que hacen lobby para influenciar en la redacción de una ley, si no se le permite conocer la trazabilidad de esa ley, es decir, las reuniones que los diputados han mantenido con los lobbies.

Hasta ahora las únicas iniciativas políticas al respecto han quedado aparcadas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció en su primer debate sobre el estado de la nación como presidente en 2012 su intención de regular estos grupos de presión. Sin embargo, España sigue estando a la cola de países transparentes.

De hecho, la cacareada Ley de Transparencia pone trabas para una transparencia total. En España las agendas de los políticos no se pueden conocer, como sí ocurre en países como EEUU o Reino Unido. "La Ley de Transparencia genera un marco donde cabe rechazar solicitudes sobre la toma de decisiones", apunta Anderica.Puertas giratoriasPor otro lado TI, denunciaque ninguna institución ni ningún país de la UE controla "adecuadamente el fenómeno de las puertas giratorias", es decir, el traspaso de figuras públicas a sectores privados sobre los que se ha regulado. En este sentido, destaca que los legisladores están en general exentos de restricciones y de "periodos de cuarentena".Según el informe,en Portugalel 54% de todos los cargos ministeriales han sido ocupados por profesionales del sector bancario desde que se instauró la democracia en el país en 1974.Además, destaca que en Franciase permite a los parlamentarios dedicarse a realizar lobby y consultoría mientras desempeñan una función pública, yen Portugal y España"se observa una situación similar". En el caso de España, los políticos necesitan el visto bueno de la Cámara para compatibilizar el escaño con alguna actividad privada.
Formaciones como Podemos y UPyD han hecho una intensa campaña para la desaparición de las 'puertas giratorias'. La formación de Pablo Iglesias, por ejemplo, defiendeque los representantes públicos no puedan ocupar "cargos ejecutivos" en empresas privadas durante los diez años posteriores a su actividad política."Es muy complicado impedir que en un momento determinado un presidente del Gobierno o un político se dedique a otra cosa, lo que sí puedes es hacer todo lo posible para que haya una transparencia que permita dejar claro quién está tomando las decisiones", apunta Anderica, y para ello propone "una ley que suponga la transparencia de todas las tomas de decisiones, no sólouna regulación del lobby para saber quién está trabajando como lobbista en la empresa que pretende presionar, sino también un registro mercantil abierto y de acceso gratuitopara conocer los dueños últimos de las empresas".En definitiva, que la gente tenga acceso a la huella que ha dejado una toma de decisión concreta.Propuestas de soluciónPara impedir que el lobby se convierta en un catalizador de la corrupción, Transparencia Internacional propone a los países de la UE y a las instituciones una serie de medidas: - Una regulación "sólida" de "alcance amplio y exhaustivo" que abarque tanto a los lobbistas como a sus destinatarios.- Crear registrosobligatorios de 'lobbistas', con información detallada sobre las organizaciones o los clientes a quienes representan, las decisiones y los responsables públicos a quienes pretenden influir y los recursos que destinan para ello.- Crear una "huella legislativa" que permita identificar el camino recorrido por una propuesta, incluyendo las aportaciones externas y los contactos entre grupos de presión y legisladores o funcionarios.- Para hacer frente a las "puertas giratorias", propone establecer "períodos de cuarentena" mínimos que deban transcurrir antes de que funcionarios públicos y cargos electos puedan desempeñar funciones de lobby.- Por último, pide que todas las personas, organizaciones y empresas que pretendan influir en políticas públicas publiquen de manera proactiva información sobre sus actividades, así como los gastos correspondientes, incluida la documentación enviada a responsables públicos, sus contribuciones y vinculación política.