La Junta de Andalucía no controlaba a las empresas a las que les concedían las ayudas de los cursos de formación. Al menos a la mayoría de las concesionarias que hasta el momento ha investigado la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía, que son las ubicadas en Málaga que recibieron ayudas durante 2010, según fuentes de la investigación. Los agentes rastrean esta provincia dentro de una operación más amplia quedesde hace más de un año trata de detectar irregularidades en torno a las subvenciones que el Servicio Andaluz de Empleo ha otorgado entre 2009 y 2012 a determinados negocios para fomentar supuestamente la contratación laboral.
Según las fuentes policiales consultadas, el organismo regional no envió inspectores ni ningún otro tipo de control administrativo a las 17 empresas de Málaga que están siendo investigadas, función que debía realizar la Junta de Andalucía con el fin de comprobar que se estaban cumpliendo los requisitos legalmente establecidos. No en vano, esta era una condición necesaria que debía darse para que el Gobierno regional desembolsase la segunda parte de la ayuda pública. En concreto, el 75% del montante lo recibía la adjudicataria al inicio del seminario, que duraba seis meses, y el resto (25%) lo ingresaba al final, una vez que quedaba acreditado que se había desarrollado conforme a la ley.
En muchas ocasiones, esta última parte no se entregaba a los destinatarios de la concesión. De hecho, una de las cuestiones que la Policía investiga es dónde ha ido a parar ese montante correspondiente al citado 25%.Según las mismas fuentes, en los casos en los que ese 25% no llegaba a su destino no había tampoco constancia de que la empresa concesionaria hubiera realizado requerimiento alguno a la Junta con el fin de solicitar esa parte que aún quedaba por abonar.
La investigación, por el momento, se está centrando en el año 2010 y únicamente en Málaga, donde la Policía ha interrogado a 243 supuestos alumnos, personas que presuntamente asistieron a los seminarios. Está, por lo tanto, aún en una fase incipiente, ya que todavía queda por analizar una cantidad incalculable de documentanción correspondiente a otros ejercicios y a otras provincias andaluzas, donde la UDEF pretende extender sus pesquisas.
Por ahora, el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, es quien dirige las diligencias a la espera de que se decida sobre qué juzgado recae la denominada operación Edu, cuya magnitud, según las estimaciones realizadas por la Policía, podría superar el fraude localizado en torno a los ERE de Andalucía, cifrado en 1.350 millones de euros.
El dinero destinado al fomento del empleo que se investiga era concedido en concepto de ayuda por el Servicio Andaluz de Empleo –que depende de la Consejería de Educación desde el 31 de diciembre de 2013–, responsable a nivel regional de repartir el montante proveniente del Fondo Social Europeo con el fin de favorecer la contratación laboral. De hecho, tras conocer la noticia, Bruselas ha pedido explicaciones a la Junta de Andalucía por boca de la portavoz de Empleo de la Comisión Europea, Emer Traynor.
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