La Policía es un cuerpo especial dentro de la Administración General del Estado. Miles de jefes ocupan un nivel muy superior al que les correspondería por sus estudios académicos. En concreto, según datos a los que ha tenido acceso Seguridad y Tribunales, hay 71 comisarios principales, casi la mitad de los 150 que componen la máxima categoría profesional de la corporación, que no tienen titulación universitaria (grado, licenciatura o diplomatura). En la esfera inmediatamente inferior, la de comisario, el porcentaje es superior, ya que casi dos centenares de funcionarios carecen de estudios superiores, de los 350 que conforman el cuerpo.
En la escala de inspectores e inspectores jefes, a partir de la cual se consideran funcionarios del grupo A1 de la Administración (para el que se exige tener una licenciatura o equivalente –ahora grado– en el resto de ramas funcionariales), apenas 2.000 cumplirían el requisito de la titulación universitaria, de los 5.500 miembros que aproximadamente componen esta categoría profesional. La mayoría, por lo tanto, unos 3.500, no dispondría de carrera.
Más de la mitad de los jefes de la Policía (de inspector a comisario principal) estaría ocupando, por consiguiente, un puesto sin cumplir la condición exigida por ley a todos los funcionarios de la Administración General del Estado, algo que permite excepcionalmente la normativa interna de la Policía (Disposición Adicional Primera de la Ley 26/1994).
Para más inri, el número de jefes superiores y miembros de la Junta de Gobierno –que agrupa a los máximos responsables de subdirecciones y comisarías generales, donde todos los jefes ostenta un nivel 30 de la Administración– que no tienen titulación es de una decena, casi un tercio de los 34 que ocupan estos altos cargos, según datos proporcionados por la División de Personal de la Policía a fecha de febrero de 2013. Entre ellos, el subdirector general de Logística, Pedro Polo, considerado el número 3 de la Policía; el subdirector general de la Inspección de Personal y Servicios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José María Rodríguez Calderón; o el jefe superior de Madrid, Alfonso Fernández Diez.
La situación tiene preocupada a la Dirección General de la Policía, máxime tras el susto que recibió hace un año, cuando un recurso contra el nombramiento del jefe superior del País Vasco, Fernando Amo García, por no tener "la titulación necesaria para el puesto" fue rechazado por el tribunal únicamente bajo el argumento de que el recurrente carecía de "legitimidad" para impugnar el nombramiento.Altos cargos recurridos
La sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso número 9 de la Audiencia Nacional –de 19 de febrero de 2013– recordaba las "numerosas resoluciones" del Tribunal Constitucional que indican que "es preciso que la resolución impugnada repercuta de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien" recurre. No consideraba válido el tribunal "el mero interés por la legalidad" que tenía el demandante, un funcionario que ocupaba el cargo de inspector y que, por lo tanto, no podía aspirar a ser jefe superior del País Vasco.
El argumento deslegitimaba al demandante y no entraba a juzgar el motivo del recurso, con lo que dejaba en el aire la cuestión de fondo que se había planteado. Esto produjo en la Secretaría de Estado una sensación de inseguridad jurídica, sobre todo entre algunos altos cargos, respecto al problema de las titulaciones, ya que no estaba claro qué podía ocurrir en el caso de que en el futuro fuera un comisario, que sí podía aspirar a jefaturas superiores y subdirecciones, quien planteara el recurso y no el inspector que carecía de legitimación.
De hecho, hubo un compromiso interno dentro de la Dirección General de no volver a nombrar a más miembros de la Junta de Gobierno o de las jefaturas superiores que no contaran con el requisito académico necesario. Sin embargo, poco duró aquel compromiso, ya que tan solo seis meses después de la sentencia el departamento dirigido por Ignacio Cosidó nombró –en octubre de 2013– a dos altos cargos sin titulación universitaria, los citados Pedro Polo y José María Rodríguez Calderón.
El mismo funcionario que había recurrido ante la Audiencia Nacional la designación de Amo apeló contra el nombramiento de Polo y Rodríguez Calderón tanto ante la Secretaría de Estado como ante el Ministerio del Interior, que respondieron con el mismo argumento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 9, que el demandante no tenía legitimidad.
A raíz del conflicto surgido con el nombramiento de Amo, la Dirección General pone en marcha la maquinaria interna para que una universidad homologara los cursos internos que realizan regularmente los funcionarios y éstos últimos pudieran obtener una titulación universitaria. El acuerdo se formalizó con la Universidad Juan Carlos I de Madrid y los primeros alumnos comenzaron en octubre del año pasado. Cien comisarios y 30 inspectores jefes, entre los que se encuentran algunos de los diez miembros de la Junta de Gobierno y de las jefaturas superiores mencionados que no cuentan con estudios superiores, están por lo tanto a punto de concluir el curso, para el que han tenido que abonar una matrícula de unos 3.000 euros, el próximo mes de junio.
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