La ONU condena a España por no avisar a los familiares de un preso del Dueso que murió de sida de su grave estado

SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha condenado a España a reparar el daño causado a la familia de un preso que falleció en 1994 de sida en el penal de El Dueso de Santoña, por no haberla avisado de la gravedad de su estado, ni haber accedido a su petición de que quedara en libertad condicional debido a su enfermedad.

En el dictamen, fechado el 20 de marzo de 2009, y al que ha tenido acceso Europa Press, el Comité considera que la "actitud pasiva" que mantuvo el centro penitenciario privó a la familia del preso, D.M.T., natural de Murcia, de una información que tuvo para ellos "un impacto significativo" y supone una "violación" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por ello, considera que el Estado español "tiene la obligación" de proporcionar a la familia una "reparación apropiada", incluida una indemnización "adecuada", así como evitar que se cometan hechos similares en el futuro.

Le insta además a remitir, en el plazo de 180 días, información sobre las medidas que se hayan adoptado para aplicar el dictamen del comité, así como que publique el mismo.

Según relata la resolución, el preso, que contaba con 36 años en el momento de su fallecimiento y que estaba condenado a 28 años de prisión por varios delitos contra la propiedad, ingresó en el penal del Dueso, proveniente de otros centros penitenciarios, el 7 de diciembre de 1991, dos años después de ser diagnosticado de sida.

En abril de 1993 se le puso en tratamiento por sida, tuberculosis pulmonar, probable neumonía e infección intestinal, y el médico del penal solicitó al director que se le aplicaran los beneficios penitenciarios por enfermedad grave e incurable.

Tras varias hospitalizaciones, el 11 de mayo de ese año la Junta de Tratamiento del centro penitenciario solicitó a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias su libertad condicional debido a su estado de salud, pero al no obtener respuesta reiteró su solicitud en octubre, aduciendo riesgo de muerte.

Instituciones Penitenciarias la denegó, aunque precisando que si se producía un agravamiento significativo del estado del enfermo, el centro debía formular una nueva solicitud con prontitud. La situación del interno se fue deteriorando en los meses siguientes hasta su ultima hospitalización, el 13 de diciembre de 1993, sin que el penal no lo comunicó a esa Dirección General, ni tampoco a su familia.

En un primer momento, la familia del fallecido solicitó una indemnización al Ministerio de Justicia e Interior, que la rechazó, por el deficiente funcionamiento de las instituciones penitenciarias, denunciando en concreto la negación del traslado del preso a la prisión de Murcia, falta de tratamiento médico adecuado, denegación de la libertad condicional por enfermedad y no comunicación del agravamiento de su estado de salud.

Después, interpusieron recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia nacional, que lo desestimó en 1999; después ante el Tribunal Supremo, que hizo lo propio en el 2004; y seguidamente ante el Tribunal Constitucional, que lo inadmitió en el 2006.