El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela (Alicante) ha informado este miércoles de que la operación policial desarrollada este martes en instituciones públicas de Alicante y Orihuela se enmarca en unas diligencias previas que, desde marzo de 2007, se hallan bajo secreto sumarial.
La operación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela y la fiscalía anticorrupción, se ha saldado, por el momento, con 11 detenidos, entre ellos el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, quien, tras comparecer ante la Comisaría Provincial, quedó en libertad.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) han explicado, a través de un comunicado, que la instrucción de la diligencias ha sido asumida desde marzo de 2007 por varios jueces, tanto titulares como sustitutos, de forma permanente u ocasional.
El actual magistrado asumió la causa, tras su incorporación al Juzgado de Orihuela, a finales del pasado mes de febrero, por lo que la causa contaba ya con casi tres años de investigación bajo secreto decretado por otros instructores.
Las mismas fuentes han advertido a los medios de comunicación de que el Magistrado titular del Juzgado que instruye la causa "no hará ninguna alusión siquiera sucinta de los hechos, delitos ni personas físicas o jurídicas a los que se refiera la investigación".
Por ello, el Juzgado de Orihuela ha subrayado que no ha dado orden alguna de autorización a la Oficina Judicial, al Ministerio Fiscal o a la Policía Judicial, para proporcionar información sobre estas actuaciones ante el "evidente riesgo" de desvirtuar el secreto del sumario.
Además, según han remarcado, "por el respeto que debe observarse a los derechos y garantías constitucionales y legalmente establecidas, que se reconocen a los afectados por tales actuaciones".
Por lo que respecta a posibles cargos, fuentes del TSJCV han manifestado que "no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aun tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna", ya que los arrestos de ayer forman parte de una actuación policial previa a la que pueda derivarse posteriormente en el juzgado.
Del mismo modo, "no se ha acordado la citación judicial ni la imputación judicial respecto de ninguna de las personas", salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial.
Aunque estas fuentes no han precisado qué tipo de actuación se llevó a cabo en esa fecha, a raíz de las diligencias abiertas dos meses antes, el Ministerio del Interior, a través de un comunicado, ha expuesto que las detenciones de ayer se enmarcan en la operación "Brugal", cuya investigación comenzó en 2007 por supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de recogida de basuras en Orihuela
Sin embargo, fuentes policiales indicaron que se mantienen los cargos contra todos los arrestados, entre ellos Ripoll a pesar de que la Diputación ha enviado un comunicado asegurando que está en libertad "sin cargos, sin que el juez haya tomado medidas cautelares".
Ripoll ha acudido este miércoles a su lugar de trabajo, después de que en la tarde del martes fuera puesto en libertad tras ser detenido y declarar en la Comisaría Provincial, según han informado fuentes próximas a la institución provincial.
Ripoll, que abandonó la Comisaría alrededor de las ocho de la tarde tras declarar durante "diez minutos", según expuso uno de sus letrados, ha llegado a las 09:30 horas de este miércoles a la Diputación.
El trabajo diario de la institución provincial ha vuelto esta mañana a la normalidad, después de que este martes numeros efectivos policiales registraran algunas de sus dependencias en el marco de una operación dirigida por la fiscalía anticorrupción y el juzgado número tres de Orihuela.
El presidente de la Diputación de Alicante declarará mañana ante el citado juzgado, así como los diez detenidos restantes en esta misma operación, entre ellos tres concejales de Orihuela y varios empresarios.
Los otros detenidos
De hecho, también se mantienen los cargos contra los tres concejales de Orihuela detenidos este martes y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, que deberán comparecer en los próximos días ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, encargado del caso.
A los arrestados, se les imputan, según los casos, los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento y la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
Durante el operativo, que se ha centrado en la localidad alicantina de Orihuela, así como en Alicante y en Valencia, se han practicado 19 registros en domicilios particulares, empresas y organismos oficiales, como el Ayuntamiento de Orihuela y la Diputación Provincial de Alicante, en los que se ha intervenido numerosa documentación de interés para la investigación, dinero en efectivo y soportes informáticos.
El operativo ha sido realizado por agentes de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) Central, de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante. Han contado con el apoyo de las Unidades de Intervención Policial y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), según ha informado la Policía en un comunicado.
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