Las reformas legislativas planteadas desde el Ministerio del Interior esta legislatura han venido todas con polémica. Desde la impopular Ley de Seguridad Ciudadana –finalmente rectificada hasta tener poco que ver con la propuesta inicial– hasta la Ley de Seguridad Privada –señalada por pretender privatizar parte del sector–, pasando por la Ley de Personal de la Guardia Civil, que ha generado un enorme malestar en la práctica totalidad de los mandos de promoción interna, que son dos tercios del total de oficiales del cuerpo.
En este contexto, no podía pasar desapercibida, por lo tanto, la reforma de la Ley de Personal de la Policía. Interior se había propuesto que fuera aprobada por el Consejo de Ministros el pasado julio, cosa que no ocurrió debido a la oposición de la mitad de los sindicatos. En otro contexto, este revés no hubiera frenado al Gobierno, que habría sacado adelante el texto de todas formas. Sin embargo, el panorama tiene ahora algunas peculiaridades.
Interior no quiere que ocurra lo mismo que durante la tramitación de la Ley de Personal de la Guardia Civil –aprobada en julio por el Congreso–, que generó un profundo malestar en los mandos de promoción interna del instituto armado –la mayoría de los jefes de la corporación– que derivó en que el grupo parlamentario popular y el socialista rompieran el consenso que casi habían alcanzado.
Por el momento, y antes de que la Ley de la Policía llegue a la cámara baja, la mitad de los sindicatos del cuerpo se ha opuesto al texto planteado desde el Ministerio. En concreto, el mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP) –que ha comenzado una campaña de recogida de firmas contra la iniciativa legislativa– y la agrupación de jefes, el Sindicato Profesional de la Policía (SPP), que cuenta con el 90% de comisarios e inspectores jefes de la corporación.Jefes de Policía y Guardia Civil, en contra
La oposición de este último, por lo tanto, no es asumible actualmente por Interior, que podría encontrarse con el panorama de estar sacando adelante dos preceptos (las leyes de personal de Guardia Civil y Policía) con el rechazo expreso de los mandos de ambos cuerpos.
De hecho, el director de la Policía, Ignacio Cosidó, tiene la intención de reunirse con todos los sindicatos a la vuelta de las vacaciones estivales para tratar de acercar posturas e intentar asumir las demandas del SPP. Desde el sindicato de mandos de la Policía, aseguran que hay una serie de puntos innegociables y que no apoyarán el precepto a menos que éste los incluya.
Entre ellos, la creación de un Centro Universitario de la Policía, algo a lo que además ya se ha comprometido públicamente Cosidó, pero que no se introduce en el texto legal; la inclusión de un compromiso de regular la jornada laboral de los policías; la eliminación de la nueva categoría profesional denominada comisario general; o la retirada del punto que permite a los Mossos o la Ertzaintza acceder a la Policía con el equivalente rango al que tenían en sus cuerpos de origen.
Se trata este último de uno de los puntos más polémicos del texto que pretende aprobar el Gobierno, ya que obedece a criterios puramente políticos, según entienden desde el Sindicato Profesional de Policía, que en una circular del pasado mes de junio planteaba esta cuestión como una línea roja. "Sabemos que es una cuestión política, motivo suficiente para oponerse a que figure en una ley que no debe tener tintes de ese tipo, pero es que además en modo alguno beneficia ni al cuerpo ni a sus componentes", señaló entonces el SPP.
El borrador de la Ley de Personal de la Policía ha sido negociado ya entre los sindicatos y diferentes gobiernos durante los últimos años siempre con resultado negativo. No en vano, una de las primeras críticas realizadas por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso fue solicitar al Gobierno esta norma, que el propio PSOE no había logrado sacar adelante en la pasada legislatura.
El Gobierno anunció poco después de ganar las elecciones que se pondría a trabajar para aprobar esta norma, pero desde entonces solo ha habido retrasos. Los oficiales del instituto armado siguen 'dando guerra'
A pesar de los puntos en común, las leyes de la Policía y de la Guardia Civil tienen problemáticas distintas, se encuentran en momentos diferentes y cuentan con actores con poder de presión dispar.
La Ley de Personal de la Guardia Civil, por su parte, que ha superado ya el primer trámite parlamentario en la cámara baja, tiene que pasar ahora al Senado, donde puede volver a sufrir modificaciones y servir para que se produzca un acercamiento entre el PSOE y el PP que además satisfaga a los oficiales.
Por el momento, la asociación que agrupa a los mandos ha anunciado ya que organizará actos públicos de protesta dentro del marco legal establecido, que impide a los guardias civiles llevar a cabo manifestaciones reivindicativas. Los oficiales barajan, entre otras cosas, la realización de una peregrinación a la Basílica del Pilar, patrona de la corporación, con el fin de pedirle a la Virgen que ilumine a los políticos.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios