La Xunta apoyará "cualquier iniciativa" para mantener la planta de Pascual y su plantilla pero precisa "un proyecto concreto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

El conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, trasladó hoy a los representantes del comité de empresa de la planta de Leche Pascual en Outeiro de Rei (Lugo) la "predisposición" de la Xunta a "favorecer cualquier iniciativa" dirigida a mantener la actividad de la factoría y sus 155 puestos de trabajo.

No obstante, reconoció que, para especificar esos "apoyos", el Gobierno gallego precisa "un proyecto concreto", en el que se determinen las necesidades y "de qué manera se pueden articular". "Serán apoyos de todo tipo, incluidos los económicos que quepan dentro del marco que tenemos", reiteró, tras advertir de que, esta cuestión ha de "concretarse cuando exista algún proyecto".

Juárez admitió, además, que, hasta la fecha, no ha contactado con su departamento ninguna industria láctea. "Tuvimos alguna conversación con algunas cooperativas, pero ninguna oferta concreta", añadió. Así, explicó que las cooperativas pretenden "explorar la posibilidad de liderar un proyecto" y señaló que, respecto a la planta de Pascual en Outeiro de Rei, estaban interesadas en "conocer la disposición de la Xunta en ese sentido".

Así lo manifestó después de reunirse con los integrantes del comité de empresa, que acudieron acompañados por el abogado que los representa, Alberte Xullo Rodríguez Feixoo, y que calificó el encuentro de "muy amistoso" y agradeció la "preocupación" expresada por Juárez.

Precisamente, en relación a los 155 trabajadores, el titular de la Administración agraria gallega defendió su "disposición a tener todo el celo necesario para que los derechos de los trabajadores se respeten dentro de este proceso", de forma que no sean "las víctimas de esta situación".

Así, incidió en que el "interés" de la Xunta no se limita a evitar "perjuicios" para "todos los trabajadores" sino para el conjunto de los ganaderos, de los que aseguró que ya padecen "la reducción de la actividad de esta empresa en la fábrica de Outeiro de Rei".

ACTIVO DE 150 MILLONES

El abogado del comité de empresa de Pascual en Outeiro de Rei defendió que la factoría "puede interesar a cualquier productor de leche" dados sus avances en innovación tecnológica y su capacidad de producción --que la convierte en la primera de Galicia, según afirmó--.

"Hubo mucho dinero para que tuviera la innovación tecnológica que tiene y que la hace ser la primera de Europa", aseveró en referencia a las subvenciones del Gobierno central y autonómico desde su inauguración en 1992.

Rodríguez Feixoo señaló que la planta supera los 150 millones de euros y manifestó que la compañía la concibe como un activo que ve como un "aval crediticio". Así recordó que el pasado viernes, en la reunión celebrada entre la directiva del grupo lácteo y los comités de empresa de Outeiro de Rei y de Aranda de Duero en Benavente (Zamora), Pascual comunicó su intención de "vender, alquilar o ceder" la planta lucense.

A su juicio, la compañía percibe la factoría como un activo enmarcado en una "operación mercantil" y consideró que para los trabajadores es "primordial" que Pascual "incluya" a las 155 personas de su plantilla en Outeiro de Rei en esa venta. Así, propuso a la empresa que descuente la cuantía que iba a "gastar" en las indemnizaciones al precio de la planta y que la "venda por un precio neto pero con los trabajadores incluidos".

El representante legal apuntó que el periodo mínimo de consultas establecido en la tramitación de un expediente de regulación de empleo (ERE) es de 30 días, de forma que ese plazo terminaría entre el 8 y 9 de junio --Pascual registró el ERE en el Ministerio de Trabajo el 9 de mayo--.

Si la empresa mantiene la tramitación del expediente sin el acuerdo de los trabajadores --que elaborarán un informe para que sea rechazado--, será el Ministerio el que resuelva finalmente si aprueba o no la medida. "La opción uno es que se retire el ERE de Pascual y la 2 es que se presente y se siga con él adelante para ser rechazado por la autoridad laboral", resumió, al reiterar que el ER "no tiene ningún fundamento jurídico" como para que se apoye la extinción de 155 contratos.